Reflexiones sobre la libertad económica

En Uruguay, a partir de un proyectado cambio en la política de ayuda a los niños pobres, se abrió una fructífera polémica sobre ese tema. Lo que la hace más interesante es que se centró en la confrontación de ideas sobre la libertad económica. Ergo, una discusión esencialmente filosófica y, por tanto, de alcance universal. En consecuencia, no existe una posición errada y otra acertada, sino que es una cuestión debatible.

El motor de la disputa es que el gobierno de Yamandú Orsi procura modificar el modo en que durante la administración del expresidente Luis Lacalle Pou, se paliaban las formas más graves de pobreza infantil. Lo que rige actualmente y se quiere modificar, es que para recibir las denominadas “asignaciones familiares”, debe haber constancia de que los padres están enviando a sus hijos a un centro educativo y se les están realizando controles de salud.

Lo que pretende el gobierno de Orsi es eliminar esas condicionalidades para el cobro de las transferencias por parte del Estado. Es decir, que las familias pobres reciban dinero público (por tanto, extraído compulsivamente a los contribuyentes) sin estar obligadas a nada a cambio de ello.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, defendió el nuevo sistema de transferencias sociales argumentando:

“Cuando me encuentro con alguien que me dice que no hay que ayudarlos, que no hay que darles plata porque se la van a gastar en whisky, es algo que a veces me parece contradictorio. Somos la apología de la libertad (económica) para todo el mundo. Todo el mundo puede hacer lo que quiere (con su dinero) y no hay que condicionarlo en nada. Salvo el pobre. Y a mí eso, la verdad, me solivianta”.

Esa declaración del ministro de Economía, inesperadamente, puso el foco de la discusión pública en el tema de la libertad económica individual. Por tanto, analizar esta cuestión con detenimiento, podría resultar provechoso.

Lo primero que habría que decir, es que resulta irónico que el ministro de Economía afirme que en Uruguay “Todo el mundo puede hacer lo que quiere (con su dinero) y no hay que condicionarlo en nada”, cuando claramente no es así. El Estado limita de mil modos diferentes la capacidad de los individuos y las familias para disponer del producto de su trabajo, creatividad y desvelos.

El fundamento de nuestra afirmación se basa en el índice de complejidad regulatoria de nuestro país. Ese dato aporta información sobre el volumen, la fricción y el peso de las normas y trámites del Estado sobre la economía. Funciona como un indicador del exceso de burocracia que frena la inversión, la productividad y el empleo, actuando de manera similar a un impuesto invisible. El Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) analizó las cifras aportadas por el Foro Económico Mundial sobre ese asunto. En una escala que va del -2,5 (máxima regulación perjudicial) al 2,5 (menor complejidad regulatoria), Uruguay obtiene un puntaje de 0,68 en los indicadores de calidad regulatoria. Este valor se encuentra por encima del promedio de América Latina, pero por debajo del de economías comparables y desarrolladas, que es de 1,37. Además, el informe de Ceres indica que es un guarismo relativamente estable en los últimos años.

Ceres, a partir de una encuesta que realizó, expresa que existe bastante consenso en que la regulación actual es, en términos generales, “inadecuada”, debido a normas superpuestas, contradictorias, desactualizadas, de difícil acceso o con requisitos desproporcionados. Ceres recalca que la carga administrativa aumenta los costos de los empresarios y emprendedores. Es decir, que disminuye la cantidad de dinero que esas personas podrían destinar a otras cosas. Lo cual significa que el “costo país” está restringiendo la libertad económica de los individuos para hacer uso, como mejor les plazca, de su propio dinero.

Agrega el informe de Ceres, que dichas ineficiencias existen por falta de voluntad política para cambiarlas y, muchas veces, porque ese entramado burocrático nutre cargos públicos y tributos que, con seguridad, de entrar en correcciones, no se sostendrían. Esto inhibe a los gobernantes de realizar cambios que beneficiarían a la población en general. En otras palabras, no están dispuestos a eliminar “condicionantes” en el uso del dinero personal, obligando a la gente a “gastarlo” en un aparato burocrático muchas veces innecesario.

A lo dicho hay que agregarle, que Uruguay es el mayor recaudador de impuestos per cápita en la región. Esto surge del informe de “Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2026”, elaborado conjuntamente por la OCDE, la CEPAL, el CIAT y el BID. Un dato que hay que destacar, es la evolución histórica del impuesto a la renta en Uruguay. En 1990, ese tributo representaba apenas el 0,9% del PIB, pero en 2024 llegó al 6,9%. Eso implica que se multiplicó casi por ocho en 34 años. La reforma tributaria de 2007, que introdujo el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, que en realidad es un impuesto directo al trabajo, fue el punto de inflexión más significativo de ese aumento colosal.

A partir de la conjunción de estos dos datos (regulación de mala calidad y altísimos impuestos), sólo puede tomarse como una broma de mal gusto que el ministro de economía afirme, que los uruguayos pueden gastar su dinero como les plazca, sin darle esa misma oportunidad a las familias pobres. Lo más irónico es, como indica Ceres, que los requisitos complejos excluyen a algunas personas de programas o servicios que brinda el Estado, especialmente, a las más vulnerables.

En una columna de opinión Hernán Bonilla, Presidente fundador del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), expresa:

“La discusión sobre las modificaciones a las transferencias sociales que plantea la rendición de cuentas ha tenido un coletazo interesante. Quienes generalmente defienden el estatismo han argumentado en favor de transferencias sin condicionamientos, argumentando que cada persona sabe mejor que cualquier burócrata como utilizar esos recursos en beneficio de su familia. Curiosamente, es un argumento central en favor de la libertad económica”.

Agrega a continuación:

“Los argumentos que muchas personas han dado en las últimas dos semanas para defender que cada persona debe ser libre de gastar una transferencia social como le plazca porque es quien mejor conoce su condición más aún debe aplicarse para el funcionamiento de la economía en su conjunto. Esta discusión, inesperadamente, ha abierto la esperanza de que podamos comprender, con los mismos argumentos, que es mejor una sociedad con menos gasto público, menos impuestos, menor regulaciones y mayor apertura para que todos seamos más libres y podamos tomar nuestras propias decisiones con menor coerción de que sufrimos hoy en día. Lo que aplica para las transferencias sociales aplica también -y con más razón- para los recursos que genera cada persona con su propio esfuerzo”.

Compartimos la apreciación de Bonilla con respecto al segundo punto que señala, pero pensamos que no se debe medir con la misma vara la plata que una persona genera mediante su propio esfuerzo, que la que proviene de rentas generales. En este último caso, es “dinero ajeno”, cuya fuente es el trabajo de otra persona. Por eso, consideramos que es su derecho exigir que esté bien utilizada. Es decir, que se use en provecho exclusivo de esos niños carenciados, pero de modo tal, que no solo contribuya a paliar su situación actual, sino que los provea de herramientas para mejorar su condición futura que los saque de la pobreza. La experiencia histórica del continente está llena de ejemplos de esa supuesta “generosidad” política, que es tan solo un instrumento para fomentar el clientelismo. Pero los pobres siguen tan menesterosos como antes, una condición que pasa de generación en generación.

Por su parte Agustín Iturralde, director ejecutivo del CED, con respecto a la transferencia monetaria focalizada a los sectores de menores ingresos que estamos discutiendo, presenta la propuesta defendida por Milton Friedman: el impuesto negativo a la renta (INR). En esencia, este sistema consiste en darle dinero a una familia pobre en lugar de servicios diseñados por burócratas. De ese modo se respeta su libertad de decidir, y un dato no menor es, que exige una administración mínima y no crea aparatos estatales.

Iturralde apoya la opción que ahora se quiere imponer alegando que, dentro del entramado burocrático uruguayo, en la casi totalidad de las transferencias de dinero, la parte del león entre el presupuesto y el destinatario se la queda dicha estructura estatal. En cambio, con respecto a las “asignaciones familiares”, el 99% llega al beneficiario final: no hay licitaciones, convenios, ONG ni equipos técnicos en el medio. Recalca, que eso es rarísimo en el Estado uruguayo. Por tanto, se “debe dejar en paz al instrumento más barato, más transparente y eficaz que tenemos”.

Sin embargo, algo fundamental que Iturralde no menciona, es que la propuesta de Friedman supone sustituir los complejos sistemas vigentes de ayudas estatales con un solo programa simple, que minimice las distorsiones, basado en el INR. Y en Uruguay, las asignaciones familiares es tan solo uno más de los programas de ayuda estatal.

Eliminar todo ese aparato burocrático estatal contraproducente, es lo que realmente expandiría la libertad económica de todos, sin importar a qué sector económico pertenezca la persona o familia.

Sin embargo, la libertad implica responsabilidad. No es lo mismo el dinero que uno mismo genera, que el que proviene de las arcas públicas. En el primer caso, la responsabilidad se manifestó antes de decidir en qué lo vamos a gastar, o sea, mediante el trabajo que hemos realizado; en el segundo caso, a nuestro entender, los contribuyentes tienen derecho a exigir a los beneficiados responsabilidad en la forma de gastarlo. Eso significa que los contribuyentes, por lo menos, tengan el aliciente de que el dinero que el Estado les arrebató compulsivamente está siendo socialmente bien utilizado.