Quo vadis Venezuela
Lorenzo Bernaldo de Quirós sostiene que la legitimidad de la intervención de Estados Unidos en Venezuela depende, en última instancia, de su capacidad para actuar como facilitador de la soberanía popular, no como árbitro que impone una continuidad de fachada.
Por Lorenzo Bernaldo de Quirós
La reciente captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses y el ascenso de Delcy Rodríguez a la presidencia, bajo la estricta vigilancia de Washington, marca un hito de consecuencias imprevisibles en la historia de Venezuela. Aunque la deposición de Maduro era una demanda clamorosa por razones de justicia moral y estabilidad hemisférica, la arquitectura de la transición que se está perfilando desde la Casa Blanca adolece de una falla estructural que podría condenarla al fracaso: la exclusión de la oposición democrática que, con María Corina Machado a la cabeza, obtuvo un triunfo incontestable en las urnas y, a diferencia de lo sostenido por Trump, goza de un respaldo y un respeto amplísimo en el país.
El intento de la administración Trump de estabilizar al país mediante un pacto con el chavismo residual representa un pragmatismo de corto alcance que confunde el control de los cuarteles con la legitimidad del Estado. Deslegitimar a la oposición ganadora de las elecciones no solo es un error político, sino un acto profundamente peligroso que socava la propia justificación de la intervención estadounidense. Si el objetivo declarado era liberar a Venezuela de una tiranía para restaurar la democracia, resulta una contradicción insalvable que los nuevos gestores del cambio sean precisamente aquellos que integraron el engranaje represivo y administrativo del régimen depuesto.
Este enfoque de "transición tutelada" por figuras chavistas resta autoridad moral a la acción internacional. Para gran parte del pueblo venezolano, que ha resistido años de privaciones y violencia institucional, ver a Delcy Rodríguez al mando –incluso bajo la égida de Washington– se percibe como una traición al mandato soberano del 28 de julio. La legitimidad de la intervención de Estados Unidos en Venezuela depende, en última instancia, de su capacidad para actuar como facilitador de la soberanía popular, no como árbitro que impone una continuidad de fachada. Al ignorar a los legítimos ganadores de las elecciones, Washington corre el riesgo de ser visto no como un libertador, sino como un nuevo tutor que intercambia principios democráticos por una estabilidad petrolera y migratoria rápida y superficial.
Es imperativo poner en duda la supuesta "necesidad" de contar con el chavismo para asegurar la gobernabilidad. Se ha argumentado que solo figuras como Rodríguez pueden garantizar que las Fuerzas Armadas y la burocracia estatal no se desintegren. Sin embargo, este argumento ignora que la tutela de una transición hacia la democracia plena habría sido perfectamente posible, y mucho más sólida, mediante la cobertura directa de Estados Unidos a un gobierno civil conformado íntegramente por la oposición. Con el respaldo militar, financiero y diplomático de la primera potencia del mundo, un gabinete liderado por María Corina Machado habría tenido la fuerza necesaria para forzar la subordinación del estamento militar y depurar las instituciones sin necesidad de pactar con los herederos del madurismo.
La verdadera "realpolitik" debería reconocer que la paz duradera en Venezuela no vendrá de un acuerdo de élites que deje fuera al 80% del país. La marginación de Machado y Edmundo González restará validez a cada contrato, ley o nombramiento que emane del Palacio de Miraflores bajo este esquema. Un gobierno de Rodríguez, por muy "domesticado" que parezca en sus comunicaciones con Washington, carece de la confianza de los mercados internacionales a largo plazo y de la movilización social necesaria para reconstruir el país.
La historia de las transiciones exitosas enseña que estas solo arraigan cuando el cambio de caras viene acompañado de un cambio de sistema; mantener la estructura chavista es, simplemente, prolongar la agonía de la nación bajo una nueva administración.
Finalmente, el riesgo de fractura social es inmenso. Al enviar el mensaje de que los votos no son la moneda de cambio definitiva para acceder al poder, se destruye la fe en el proceso democrático que la oposición logró reconstruir con tanto esfuerzo. El peligro de que el "realismo" de Trump termine validando una nueva forma de autoritarismo tutelado es una sombra que ya oscurece el optimismo inicial por la caída de Maduro. Una transición sin demócratas es una farsa que no solo deslegitima a sus protagonistas, sino que deja a Venezuela en un limbo donde la soberanía popular sigue siendo la gran ausente.
La única salida viable y coherente con los valores que Washington dice defender es el reconocimiento inmediato y pleno del gobierno elegido por los ciudadanos, proporcionándole la cobertura necesaria para desmantelar, de una vez por todas, el sistema que ha devastado a la nación.
Este artículo fue publicado originalmente en Vozpópuli (España) el 6 de enero de 2026.