¡Que comience el debate de las pensiones en EE.UU.!

El vicepresidente Al Gore, candidato demócrata a la presidencia, finalmente anunció está semana su plan para reformar el sistema público de pensiones de Estados Unidos. Gore se une así al gobernador de Texas y candidato republicano a la presidencia, George W. Bush, quien anunció su propio plan de reforma el mes pasado. Lamentablemente, el plan de Gore ni solventa los problemas de financiación del actual sistema de reparto, ni aumenta su bajísima tasa de rendimiento, ni le concede a los trabajadores derechos de propiedad sobre sus cotizaciones.  De hecho, el Plan Gore es poco más que un nuevo programa gubernamental de transferencia de rentas.

El objetivo principal del Plan Gore es incentivar el ahorro para la jubilación entre los trabajadores de bajos ingresos mediante un subsidio gubernamental equivalente a hasta un 300 por ciento de la cantidad ahorrada por los trabajadores. La cantidad del subsidio disminuye a medida que suben los ingresos. Por ejemplo, si un trabajador con ingresos de 15.000 dólares anuales abre una cuenta de capitalización individual, el gobierno depositaría hasta 3 dólares por cada dólar depositado por el trabajador. Para un trabajador con ingresos de 100.000 dólares anuales, el subsidio sería equivalente al 33 por ciento. Los trabajadores con ingresos superiores a los 100.000 dólares no recibirían subsidio alguno. Según la campaña de Gore, el costo para el contribuyente de este nuevo programa sería alrededor de 35 mil millones de dólares anuales una vez esté implementado por completo.

Por consiguiente, el Plan Gore no solamente no hace nada para solventar el problema de la financiación a largo plazo del sistema público de pensiones, sino que lo empeora al crear este nuevo programa. Según los propios cálculos del gobierno, el sistema actual pasará a tener un flujo de caja negativo en el 2015; es decir, el estado pagará más en beneficios de lo que recibe en contribuciones de los trabajadores activos.  En ese momento, o se suben las tasas de cotización (los impuestos), o se reducen los beneficios prometidos, o se hacen ambas cosas.  En aproximadamente 35 años, el fondo de garantía de la seguridad social estará totalmente vacío. Al crear un nuevo programa de transferencia de rentas, éste plan indudablemente pondría una mayor presión fiscal sobre los contribuyentes.

Tampoco es cierto, como asume Gore, que los trabajadores de bajos ingresos vayan a contribuir a sus cuentas individuales de manera masiva, incluso si reciben un subsidio gubernamental. Estudios muestran que aproximadamente 40 por ciento de los trabajadores de bajos ingresos que tienen la opción de participar en un plan de jubilación, con aportes de su empresa, participa en esos planes. La razón es sencilla: esos trabajadores no tienen ingresos suficientes para participar. El Plan Gore no hace nada para que aumente el salario discrecional del trabajador, así que no es probable que tenga el efecto deseado de incentivar el ahorro.

A pesar de estas críticas, existen dos aspectos positivos dentro del plan. En primer lugar, queda totalmente descartada la opción de que el gobierno mismo invierta en el mercado de valores para tratar de mejorar la tasa de rendimiento del Seguro Social. Hace año y medio, el presidente Bill Clinton propuso que el gobierno invirtiera 2,7 billones de dólares en los próximos 15 años para incrementar la tasa de rendimiento del sistema de pensiones.  Afortunadamente, esa idea de nacionalizar por la puerta de atrás el sector privado americano ha sido criticada por amplios sectores de la sociedad y ni siquiera los políticos con mayor fe en el estado se han atrevido a abrazarla.

Segundo, al sugerir que los trabajadores abran sus propias cuentas de capitalización individual, Gore está reconociendo -implícitamente- que invertir en la bolsa ni es demasiado arriesgado ni es demasiado costoso, a pesar de haber calificado la propuesta de privatización parcial de Bush de "arriesgada" y equivalente a "jugar a la ruleta."

Bush en efecto tiene una propuesta que da mayor control a los trabajadores al concederles derechos de propiedad claramente definidos sobre parte de sus contribuciones salariales al Seguro Social. Gore, por su parte, está reforzando el statu quo; es decir, el sistema público de pensiones de reparto, bajo el cual los trabajadores no tienen ningún derecho constitucional a recibir una pensión al alcanzar la edad de jubilación. ¡Qué empiece el debate de las pensiones en Estados Unidos!