Puedes garantizar la cobertura, pero no la atención

Un reciente New York Times informe describe cómo el sistema sanitario nacional de Corea del Sur, sometido a una estricta regulación, se ve sometido a una gran presión debido a la escasez de médicos dispuestos a trabajar en las salas de urgencias y otras especialidades de alta intensidad. Las tarifas de reembolso fijadas por el Gobierno, unidas a las largas jornadas laborales y al alto nivel de estrés, han hecho que estos campos resulten relativamente poco atractivos, lo que ha llevado a muchos médicos a optar por especialidades menos exigentes y mejor remuneradas, como la dermatología y la cirugía plástica. Mientras tanto, como explica el economista de la OCDE Chris James, las salas de urgencias se ven aún más saturadas por pacientes con afecciones de "baja gravedad", "lo que provoca retrasos en el tratamiento de los pacientes de alto riesgo". Esto ilustra cómo un sistema que promete acceso universal puede seguir sin estar a la altura cuando carece de la plantilla allí donde los pacientes más la necesitan.

Informes recientes ponen de relieve las crudas y profundamente humanas consecuencias de esta escasez. Según se informa, las ambulancias transportan a pacientes en estado crítico de un hospital a otro, a veces durante horas, sin poder localizar una sala de urgencias dispuesta o capaz de aceptarlos. Los pacientes con afecciones graves —como episodios cardíacos o lesiones traumáticas— se enfrentan a peligrosos retrasos, ya que los centros los rechazan debido a la escasez de personal o a la falta de cobertura especializada. Las familias describen la angustia de ver cómo se deteriora el estado de sus seres queridos durante el traslado o en las salas de espera, mientras que la falta de personal cierra la ventana para recibir una atención que podría salvarles la vida.

La crisis de las salas de urgencias de Corea del Sur no es una anomalía. Refleja un problema más amplio de los sistemas sanitarios administrados de forma centralizada: cuando los responsables políticos fijan los precios de los servicios médicos, inevitablemente se equivocan en algunos de ellos. Si la remuneración de especialidades esenciales y de gran estrés, como la medicina de urgencias, se fija en un nivel demasiado bajo en relación con las exigencias del trabajo, los médicos responden en consecuencia: eligiendo otros campos.

Aunque las políticas de personal y las condiciones laborales también influyen, los precios administrados influyen en gran medida en cómo los médicos distribuyen su trabajo entre las especialidades. Y cuando esos precios no reflejan las exigencias de la atención de alta intensidad, se produce una escasez. El resultado es previsible: escasez justo donde los pacientes más necesitan atención.

Este problema no es exclusivo de Corea del Sur. En Canadá, los servicios de urgencias se enfrentan a un hacinamiento crónico y a la falta de personal, con algunos pacientes esperando 20 horas o más, y los hospitales se ven obligados periódicamente a cerrar los servicios de urgencias debido a la falta de personal. En el Reino Unido, el Servicio Nacional de Salud se enfrenta a presiones similares: las largas esperas, las vacantes de personal y los recursos limitados han dado lugar a lo que una revisión académica describe como retrasos de "nivel de crisis", con pruebas que relacionan las esperas prolongadas con peores resultados —lo que refleja, una vez más, las consecuencias de unos incentivos desajustados y una oferta limitada.

En Estados Unidos, los sistemas de pago del Estado crean distorsiones similares. Dado que las tarifas de reembolso de Medicaid suelen ser más bajas que las de Medicare o las aseguradoras privadas, los médicos son menos propensos a participar en el programa o a aceptar nuevos pacientes de Medicaid. Los estudios han revelado que los estados con pagos de Medicaid más generosos tienen tasas de participación de médicos más altas, y muchos médicos informan de que los bajos reembolsos les llevan a limitar o evitar por completo el tratamiento de pacientes de Medicaid.

El resultado es un acceso reducido —menos proveedores disponibles, tiempos de espera más largos y una atención concentrada en un pequeño subconjunto de médicos—, lo que ilustra una realidad económica básica: cuando son los planificadores centrales, en lugar de las fuerzas descentralizadas del mercado, quienes fijan los precios, carecen de la información y la flexibilidad necesarias para ajustar la oferta a la demanda. La fijación errónea de precios no es una aberración, sino una inevitabilidad, y la escasez surge de forma predecible cuando el reembolso no refleja los verdaderos costos y la demanda de la prestación de la atención.

Esta dinámica tampoco se limita a Medicaid. La fijación de precios administrada por Medicare moldea de manera similar el comportamiento de los proveedores: los pagos son significativamente más bajos que los de las aseguradoras privadas, las cuales, en 2020, pagaron una media de aproximadamente el 143% de las tarifas de Medicare por los servicios médicos, lo que crea fuertes incentivos para que los proveedores den preferencia a los pacientes que pagan mejor. En los planes del mercado de la Ley de Asistencia Asequible (ACA), las aseguradoras suelen controlar los costos mediante redes de proveedores más limitadas y tarifas negociadas más bajas, lo que puede limitar aún más el acceso a médicos y hospitales.

El problema se agrava por el lado de la demanda. Los terceros pagadores aíslan a los pacientes del costo de la atención, lo que los hace menos sensibles al precio y más propensos a consumir servicios de bajo valor. Esa desconexión distorsiona aún más la demanda, exacerba los desequilibrios y ejerce una presión adicional sobre unos recursos ya escasos.

Y cuando los contribuyentes financian a los terceros pagadores, son los responsables políticos —y no los mercados— quienes fijan las tarifas de reembolso, dando a menudo prioridad a las restricciones presupuestarias frente a las realidades clínicas y económicas, lo que aumenta la probabilidad de que los precios no alcancen el nivel necesario para mantener una plantilla adecuada.

Los sistemas pueden prometer una cobertura universal, pero no pueden derogar las leyes de la economía —ni la importancia de la autonomía tanto para los pacientes como para los médicos—. Cuando los responsables políticos ignoran las señales de los precios, limitan las opciones de los médicos sobre cómo y dónde ejercer, al tiempo que protegen a los pacientes de los costos de formas que debilitan su capacidad para tomar decisiones informadas. El resultado no son solo incentivos distorsionados, sino consecuencias humanas reales para los pacientes que se encuentran con que el acceso existe sobre el papel, pero no cuando más lo necesitan.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 13 de abril de 2026.