Prohibición de las drogas financia el terrorismo

Por Ted Galen Carpenter

Bajo presión de Washington, el presidente afgano Hamid Karzai está exigiendo que su gente luche contra las drogas tan ferozmente como lucharon en los años 80 contra la ocupación soviética. Esa pelea está debilitando la campaña contra al Qaeda y los Talibán. El gobierno afgano puede ganarle la pelea a los terroristas o a los cultivadores de opio, pero no a ambos.

Afganistán ha sido uno de los principales suplidores de heroína desde los años 70. Ese país produce más de 75% del opio y entre 10% y 20% de las ganancias del narcotráfico van a manos de al Qaeda y de los Talibán.

Lo mismo pasa con las guerrillas colombianas y, especialmente, las FARC son financiadas con dinero del narcotráfico. Estimados conservadores indican que las FARC reciben entre 515 y 600 millones de dólares anuales. El embajador de Estados Unidos en Colombia, en 2002, sostenía que se trataba de varios miles de millones de dólares.

La dura realidad es que los grupos terroristas alrededor del mundo se han enriquecido por las políticas de prohibición de las drogas, las cuales han disparado los precios, lo cual significa inmensas ganancias para los grupos que aceptan el riesgo y proceden con el negocio.

Proceder contra los narcotraficantes en Afganistán crea una serie de graves problemas. La mayoría de los líderes regionales que le dieron la espalda a los Talibán respaldan al actual gobierno y que apoyan la campaña antiterrorista están envueltos en el narcotráfico, en parte para financiar a las milicias que les dan su poder político. Una cruzada en su contra haría que esos líderes regionales le quitaran el apoyo al gobierno central.

Lamentablemente, Washington está aumentando su presión para que el gobierno de Karzai persiga a los cultivadores de opio, ofreciendo más de mil millones de dólares para financiar las campañas contra el narcotráfico. El secretario de Defensa Donald Rumsfeld anunció en agosto que la erradicación de los cultivos será una alta prioridad de las fuerzas armadas de EEUU en Afganistán, una misión a la cual se oponen los militares.

Los representantes del gobierno estadounidense debieran tener más claros sus objetivos y reconocer que la seguridad a menudo está por encima de otras consideraciones. Washington inteligentemente ignoró en los años 80 el narcotráfico de grupos anticomunistas en América Central, cuando la prioridad número 1 era mantener a esos países fuera de la órbita soviética. En los años 90, Washington actuó de manera similar en el Perú, cuando el gobierno de Alberto Fujimori determinó que era esencial obtener el apoyo de los cultivadores de coca para ganar la batalla a las guerrillas de Sendero Luminoso.

Los líderes del gobierno estadounidense no deben convertir a nuestras tropas en cruzados antidrogas e inclusive los políticos que apoyan la guerra contra las drogas deben reconocer que nuestras tropas en Asia tienen suficientes problemas combatiendo a los terroristas.

No hay duda que el terrorismo recibe financiamiento del narcotráfico. Lo que muchos no entienden es que la conexión entre el narcotráfico y el terrorismo es el resultado directo de que las drogas sean ilegales. La política prohibicionista de EEUU y otros países consumidores de drogas continúa garantizándoles inmensas ganancias a quienes comercian en ese mercado negro. El valor de las ventas de drogas en EEUU se estima entre 50 mil y 100 mil millones de dólares al año. No menos del 90% de esa cantidad es atribuible a la prohibición.

Si se eliminara la política prohibicionista se evaporaría ese inmenso margen de ganancia y las organizaciones terroristas tendrían que buscar otras fuentes de financiamiento. No hay duda que la prohibición de las drogas es el principal apoyo que tienen los terroristas actualmente y seguirá siendo así hasta que EEUU y sus aliados cambien sus políticas antidrogas.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
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