Poses ambientalistas amenzan a la economía costarricense

Por Juan Carlos Hidalgo

El nuevo presidente de Costa Rica, Abel Pacheco, empezó su período de 4 años declarando una nueva "era de paz con el ambiente." Sin embargo, su primer acto de paz más parece una declaración de guerra contra la creación de empleos y la recuperación económica de un país que necesita desesperadamente ambas. Su fallo prohíbe los proyectos mineros y petroleros en el país, los cuales prometían nuevas posibilidades para cientos de desempleados costarricenses en áreas deprimidas del territorio.

El decreto de Pacheco fue emitido sin contar con el respaldo de estudios técnicos o de análisis científicos que lo apoyaran, y más se basó en política e ideología. Mantener alejadas a "las grandes compañías multinacionales" pareciera ser el principal deseo de los grupos que se opusieron a la exploración petrolera en Costa Rica, a juzgar por su desinterés en problemas ambientales mucho más serios como el altamente contaminado Golfo de Nicoya, el cual ha sido catalogado por la prensa del país como "un desastre ambiental", o el derrame de combustible en los ríos realizado por RECOPE, el monopolio estatal para la refinación de petróleo.

El Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales de Estados Unidos ha aplaudido la decisión del presidente Pacheco, señalando que Costa Rica es el país con mayor éxito económico en América Central. No obstante, un ingreso per cápita anual de menos de $4.000 difícilmente puede ser considerado exitoso para un país que, a diferencia de sus vecinos, ha estado libre de guerras civiles y desastres naturales de importancia. Y nuevas políticas promovidas por grupos ambientalistas radicales podrían entorpecer aún más el desarrollo de una ya de por sí estancada economía.

El sometimiento de Pacheco hacia los grupos ambientalistas puso fin a los planes de explorar petróleo a lo largo de las costas de Limón, la provincia más pobre del país, en donde se esperaba que el proyecto produjera miles de millones de barriles por año. Los grupos ambientalistas argumentaban que cualquier derrame del crudo habría causado daños irreparables a los sistemas coralinos y áreas marinas protegidas. Parecieran ignorar que tan solo a varios kilómetros de ahí, en el puerto de Moín, barcos cargando toneladas de combustible atracan todos los días, representando una amenaza aún mayor para el ambiente. De acuerdo con la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, las plataformas petroleras son responsables de tan sólo el 5% del crudo que es derramado en los océanos del planeta, mientras que los barcos y otras formas de transporte contabilizan por un 20%. A manera de contraste, escapes naturales de petróleo constituyen el 15% del crudo que llega a los mares, y como bien lo señala el geólogo costarricense Gregorio Escalante, hay fugas naturales de petróleo por toda Centroamérica, incluyendo una en la provincia de Limón.

Los opositores a la exploración petrolera también afirmaban que el permitir la instalación de plataformas hubiera arruinado el escenario natural de la región, espantando a los turistas y privando a la zona de su principal fuente de ingreso. Sin embargo, las plataformas petroleras hubieran estado localizadas a más de 11 kilómetros de la costa, siendo casi imposible de ver desde las playas.

Al final de cuentas, el rechazo a la exploración de petróleo por parte del presidente Pacheco constituye una más de las batallas políticas por el dominio de tierras estatales que se presentan alrededor del globo. Los Estados Unidos ha atestiguado su propia versión de la historia con el debate que se ha dado sobre los planes para extraer crudo en el Refugio de Vida Silvestre del Ártico, en Alaska.

Quizá esta industria no estaba llamada a jugar un papel importante en mejorar la economía costarricense, dado que todos los anteriores intentos por desarrollar los recursos petroleros del país habían fallado de manera similar. Aún así, el decreto presidencial sienta un precedente nefasto para las futuras iniciativas en la industria de los recursos naturales y envía señales negativas a todos aquellos individuos o compañías interesados en invertir su dinero en cualquier actividad que podría ser considerada en el futuro como sensible para el ambiente. Estas son quizás las consecuencias más peligrosas de la decisión de Pacheco.

En su discurso inaugural, Pacheco también propuso añadir un nuevo capítulo de "Garantías Ambientales" a la Constitución del país, sin especificar ninguno de sus alcances. Esto es algo que los costarricenses deberían temer. Una administración ansiosa de ser percibida como "ambientalmente correcta" muy probablemente escoja el callejón sin salida de imponer restricciones al desarrollo y a la propiedad privada, en lugar de perseguir una alternativa de mercado que mejore tanto a la economía como al medio ambiente. Más restricciones y regulaciones sólo conducirán a mayor pobreza y estancamiento económico, algo que los costarricenses no necesitan ni merecen.

Traducido por Juan Carlos Hidalgo para Cato Institute.