Politizando los negocios, desde Florida hasta California
David Boaz señala cómo los políticos de ambos lados del espectro político han logrado politizar cada vez más aspectos de la vida de los estadounidenses.
Por David Boaz
Los subsidios estatales y otras asistencias a las corporaciones privadas son ineficientes. Estos distorsionan el proceso de mercado y canalizan recursos valiosos a empresas elegidas por el gobierno, no por los consumidores. También están sujetas a la influencia política. Esta es una vieja historia, los tomadores de decisiones otorgando contratos, préstamos, y asistencia a empresas manejadas por sus parientes, amigos, donantes o aliados.
Durante la administración de Obama, un importante donante suyo y el ex-vicepresidente Al Gore, obtuvieron importantes ganancias derivadas de los subsidios a la “energía verde”. El Presidente Trump trató de realizar una cumbre del G7 en su propio hotel de Florida, permitiendo ganar millones de dólares del gobierno estadounidense y otros gobiernos extranjeros. Varias historias similares se pueden contar acerca de los gobiernos de los estados y las ciudades.
Pero ahora aparentemente hay una nueva variante: los gobiernos recompensando o castigando a las empresas como parte de una guerra cultural partidista. En varios casos recientes, parece que las empresas en cuestión no eran tanto donantes o amigos de quienes elaboran las políticas públicas, sino que eran simplemente percibidas como aquellas que están de “nuestro lado” o “del otro lado” en algún asunto político. Hace una década, algunos políticos demócratas declararon que Chick-fil-A no era bienvenido en sus ciudades debido a las opiniones políticas de algunos de sus propietarios. Ese esfuerzo colapsó relativamente rápido cuando prácticamente todos señalaron que cualquier política como esta violaría la Primera Enmienda.
Pero consideremos lo que sucede ahora. El gobernador Ron DeSantis y otros republicanos de Florida están intentando castigar a Walt Disney Company por expresar una opinión política que sucede que es más o menos la opinión contraria a la de los propietarios de Chick-fil-A. Ellos no fueron disuadidos por las advertencias acerca de la Primera Enmienda, pero la cuestión irá a las cortes, donde la Constitución muchas veces es tomada en serio. En Sarasota, Florida, los comisionados republicanos del condado le concedieron a Rumble, una plataforma de videos popular con los aliados de Trump, $825.000 para mudar su sede principal desde Toronto al Condado de Sarasota. La empresa lo hizo rápidamente. Tan rápidamente, de hecho, que es difícil imaginar que una asistencia de $825.000 fue el factor decisivo para una empresa que promete invertir $50 millones en la zona. Bajo presión la comisión del condado acabó con su programa de incentivos económicos, incluyendo la asistencia para Rumble. El activista conservador en la comisión que anteriormente había dicho que los críticos de la asistencia eran “las mismas personas que piensan que deberías estar quemando banderas”, cambió su opinión: “Con los incentivos económicos, estamos escogiendo ganadores y perdedores. Como parte del gobierno, realmente no me gusta eso para nada”. Seguro…
Mientras tanto, a 2.500 millas de distancia, el gobernador de California Gavin Newsom anunció un nuevo programa del estado de incentivos tributarios y asistencias a empresas que se muden a California de “estados que han establecido restricciones sobre los derechos reproductivos y legislación contraria a LGBTQ+”.
En medio de todo esto, el candidato republicano al Senado en representación de Ohio, Josh Mandel, twiteó: “Hobby lobby y Chick-fil-A son los buenos tipos. Disney y Twitter son los tipos malos”.
Creo que está bien si un gobernador le dice a las empresas que su estado ofrece impuestos más bajos y regulaciones menos onerosas o que no discrimine en contra de cualquier empleado de su empresa. Todas esas son buenas razones para preferir un estado antes que otro. Pero los gobiernos no deberían estar repartiendo subsidios y créditos tributarios a algunas empresas pero no a todas. Primero, porque es ineficiente y reducirá el crecimiento económico y la calidad de vida. Segundo, porque esto se presta para que se de el compadrazgo y la corrupción.
Pero tal vez más importante todavía, esta politización de todo, esto de arrastrar a las empresas hacia las guerras culturales entre la izquierda y la derecha, es corrosivo para la sociedad civil y la democracia. Usted debería poder llevar a sus hijos a una película o a comer un sanduche de pollo sin tener que expresar una opinión política. Las sociedades liberales florecen manteniendo gran parte de la sociedad fuera de la política. Los políticos deberían dejar de arrastrarnos a todos hacia sus peleas de rojos contra azules.
Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (EE.UU.) el 23 de mayo de 2022.