Políticas textiles peligrosas

Por Daniel J. Ikenson

La política agrícola de Estados Unidos ha sido objeto de fuertes críticas tras las fallidas negociaciones de Cancún. Miles de millones de dólares en subsidios federales dados a grandes agro-empresarios deprimieron los precios mundiales y minaron las exportaciones de agricultores que pasan apuros en los países en desarrollo. Es una política despreciable que debe ser modificada.

Pero no olvidemos otros pecados comerciales de Estados Unidos. Al lado de la política agrícola—en términos de fomentar rencores entre los países en desarrollo hacia Estados Unidos—está, discutiblemente, el fracaso estadounidense en honrar el Acuerdo sobre Textiles y Vestimentas (ATV) de la Organización Mundial del Comercio.

El ATV fue percibido ampliamente como el principal logro de los países en desarrollo en la Ronda de Uruguay (1986-1994) de negociaciones comerciales multilaterales. Bajo sus condiciones, las cuotas de los países ricos sobre las exportaciones de textiles y ropa de los países en desarrollo terminarán el 1° de enero del 2005.

Sin embargo, Estados Unidos ha jugado un papel obstruccionista desde el inicio de la ATV en 1995. La liberalización gradual que se suponía iba a ocurrir en cuatro etapas sobre el transcurso de 10 años ha sido ampliamente cosmética. La mayoría de los productos importantes para los exportadores de textiles y ropa todavía no han sido liberalizados conforme nos acercamos al último año del período de 10 años.

A través de este tiempo, Estados Unidos se las ingenió para llenar la lista de productos a ser liberados de las cuotas con artículos que nunca habían sido objeto de obstáculos. Al declarar "libres de cuotas" a productos como banderas, corbatas y tiendas de campaña, los cuales nunca fueron restringidos, Estados Unidos pudo cumplir con la letra del acuerdo que especificaba porcentajes, pero no productos, que debían ser liberados en cada etapa.

Los países en desarrollo confiaron en que Estados Unidos implementaría el acuerdo de buena fe, sin esperar ser engañados tan deliberadamente. Si Estados Unidos hubiera honrado los requerimientos mínimos del ATV, no más de un 51% del volumen de productos textiles y de ropa que en 1994 estaba sujeto a cuotas estaría bajo restricciones hoy en día. En cambio, ese número se encuentra actualmente en un 80%.

Además de esas cuotas onerosas, Estados Unidos mantiene unos de sus aranceles más altos sobre la ropa importada de los países en desarrollo. Esos dos golpes han privado a los países pobres de una oportunidad para desarrollarse. Mientras la administración Bush afirma reconocer los efectos potencialmente catastróficos del estancamiento económico y la desesperanza en los países pobres, la actual política textil de Estados Unidos perpetúa esas condiciones subyacentes.

También le ha resultado oneroso domésticamente a los estadounidenses. De acuerdo con la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, el proteccionismo sobre los textiles y la ropa representa una carga de $13.000 millones anuales sobre la economía norteamericana. Ese peso cae desproporcionadamente sobre los hombros de los estadounidenses más pobres, quienes gastan montos relativamente más altos de sus ingresos en vestimenta.

Sin embargo, el lobby de textiles se siente con derecho a su espacio en el pesebre de los intereses especiales. Varios cambios unilaterales a un programa estadounidense de importaciones, los cuales afectaban negativamente a los fabricantes de ropa del Caribe, fueron demandados por la Coalición Legislativa de Textiles del Congreso y garantizados por la administración Bush con el fin de asegurar los votos para la legislación de la Autoridad de Promoción Comercial.

Una propuesta para aumentar el acceso al mercado estadounidense para los exportadores de ropa paquistaníes, como una forma de compensación por las pérdidas sufridas producto de la guerra contra el terrorismo, fue abandonada debido a la presión del lobby de textiles. En julio del 2003, los fabricantes de textiles presentaron casos especiales de salvaguarda contra ciertos productos textiles y de ropa de China, y ya están indicando su intención de elevar otros casos bajo las leyes antidumping.

El lobby de textiles confía en el fantasma de legiones crecientes de trabajadores desplazados para avanzar sus demandas. Pero la realidad es que los trabajadores de textiles de Estados Unidos han tenido décadas para ajustar sus expectativas y buscar nuevas destrezas. Las comunidades de textiles han tenido amplias oportunidades para preparar a generaciones subsecuentes para la transición a empleos en nuevas industrias. De hecho, ésta fue precisamente la justificación para las cuotas en el primer lugar. Aún más, los trabajadores textiles desplazados tienen acceso a beneficios gubernamentales bajo el programa de Asistencia de Ajuste Comercial, el cual no está disponible para la mayoría de los 2.6 millones de trabajadores manufactureros de Estados Unidos que han perdido sus trabajos desde enero del 2001.

La historia de condescendencia de la administración Bush hacia las demandas de la industria de textiles está exacerbando las percepciones internacionales de un compromiso poco confiable por parte de Estados Unidos a sus acuerdos comerciales. También está minando el liderazgo global norteamericano y engendrando presentimientos alrededor del mundo. El hecho de que una campaña presidencial precederá a la implementación completa del ATV solo levanta mayores dudas de que la administración evitará capitular ante las nuevas demandas proteccionistas.

La administración Bush afirma reconocer el nexo entre el estancamiento económico y el potencial para que el extremismo eche raíces y florezca. Por lo tanto, debería buscar coordinar sus objetivos de política comercial y exterior. Negarle a los países en desarrollo las oportunidades de comerciar sus productos más importantes muestra una carencia de liderazgo vergonzosa y peligrosa.

Traducido por Juan Carlos Hidalgo para Cato Institute.