PIB y corrupción

Isaac Katz considera que para combatir la constitución se requiere de un arreglo institucional que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido debilitar.

Por Isaac Katz

El INEGI dio a conocer la estimación oportuna del PIB durante el cuarto trimestre del año pasado: una caída de 4,6% respecto del cuarto trimestre de 2019 con lo cual la economía se contrajo para todo el año en 8,5%. Esta es la mayor contracción desde la Gran Depresión de 1932 cuando la caída fue de 14,8% y también mayor que las disminuciones registradas con la crisis macroeconómica en 1995 (6,3%) y la Gran Recesión Mundial de 2009 (5,3%). Con ello, la economía mexicana hiló dos años consecutivos en recesión después de que en el 2019 el PIB se contrajo en 0,1% con lo cual el PIB por habitante es 11,2% inferior al alcanzado en 2018. 

Aunque la caída del PIB era inevitable ante el choque que experimentó la economía mundial debido a la pandemia de COVID-19, cabe preguntarse cuánto menos habría sido esta reducción si el gobierno hubiese instrumentado una política fiscal contracíclica. Pudiendo aprovechar las históricamente bajas tasas de interés en los mercados internacionales de deuda y la posibilidad de haber utilizado la Línea de Crédito Flexible que se tiene con el FMI, el gobierno podría haber apoyado a las empresas con una posposición en el pago de impuestos y de las contribuciones a la seguridad social. ¿Cuántas empresas no habrían quebrado, cuántos empleos no se hubiesen perdido, cuanta menos gente habría caída en pobreza si el presidente no hubiese neceado con su “austeridad republicana”? 

Más aún, ¿cuántas empresas, empleo, ingreso familiar y, notoriamente, cuántas vidas se podrían haber salvado de haber utilizado el gobierno los recursos que canalizó hacía obras sin sentido como Dos Bocas, Santa Lucía y el trenecito? 

Y todavía más. ¿Cuánto menos habría sido la caída del PIB si el presidente no hubiese emprendido, incluso desde antes de asumir el poder, una estrategia que desincentivó significativamente la inversión privada, nacional y extranjera? La pandemia agarró a la economía mal parada, ya en una recesión generada por el propio gobierno que decidió violentar el estado de derecho

Si bien nos va, el nivel del PIB observado en 2018 tardará, en el mejor de los casos, cuatro años y el del PIB por habitante no lo recuperará sino hasta 2027. Un sexenio perdido. 

Transparencia Internacional dio a conocer su informe 2020 de la percepción de la corrupción en el mundo, evaluando a 180 países. Los 10 países mejor evaluados, con un puntaje igual o superior a 80/100 fueron: Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur, Suecia, Suiza, Noruega, Países Bajos, Alemania y Luxemburgo. 

México fue situado en el lugar 124 con un puntaje de 31, lo cual es una mejoría únicamente marginal respecto al año pasado cuando se situó en el lugar 130 con una puntuación de 29. Es el país peor evaluado dentro de la OCDE y el segundo país peor evaluado dentro del G-20. 

Corrupción al menudeo (mordidas, pagos por acceder a servicios públicos como salud y educación públicas, pagos a los agentes encargados de la procuración y administración de justicia, etcétera), corrupción a la burocracia encargada de administrar la regulación para obtener una licencia o permiso, desvío de recursos públicos y corrupción en la adjudicación directa de contratos de adquisición gubernamental de bienes y servicios y de obras de infraestructura. Todos estos tipos de corrupción siguen prevaleciendo en México y se constituyen como un cáncer que carcome las instituciones, deriva en una asignación socialmente ineficiente de recursos y actúa como un impuesto al crecimiento económico

Para combatir efectivamente la corrupción se requiere de un arreglo institucional sólido pero el propio presidente ha decidido debilitar, si no es que boicotear, al Sistema Nacional Anticorrupción. Y su escoba claramente no funciona.

Este artículo fue publicado originalmente en Asuntos Capitales (México) el 2 de febrero de 2021.