A pesar de las promesas de Trump y la ley de amnistía de Rodríguez, cientos de disidentes venezolanos siguen tras las rejas

A las pocas horas de que fuerzas estadounidenses capturaran al dictador Nicolás Maduro y lo trasladaran en avión a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo, el presidente Donald Trump compareció ante las cámaras con un mensaje para el pueblo venezolano: “Van a tener paz, van a tener seguridad, van a tener justicia”.

El mecanismo para impartir esa justicia llegó en febrero, cuando la sucesora de Maduro, Delcy Rodríguez, firmó una ley de amnistía que suscitó la expectativa de liberar a casi mil presos políticos encarcelados en ese momento. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que la aprobación de esta ley era “muy positiva”, aunque advirtió que no era suficiente. Unos meses después, en realidad, poco ha cambiado para los venezolanos.

El mismo aparato judicial que encarceló a más de 2.000 personas por protestar la fraudulenta reelección de Maduro en 2024 es ahora quien decide quién puede ser liberado. Para obtener la amnistía, los detenidos deben presentar su solicitud ante los mismos tribunales que los procesaron y esperar una respuesta en un plazo de 15 días. El régimen afirma que desde febrero se han presentado más de 4.000 solicitudes de amnistía y que cientos de presos han recuperado la libertad.

Al menos 485 personas seguían detenidas por motivos políticos a comienzos de abril, algunas de ellas sin ciudadanía venezolana, según Foro Penal, una organización de derechos humanos. En las últimas semanas, las autoridades han rechazado al menos 111 amnistías, según Martha Tineo, directora de la organización Justicia, Encuentro y Perdón. La cifra real probablemente sea mayor, afirma, porque llevar un registro preciso de las negativas es “prácticamente imposible”, ya que muchas personas afectadas optan por no hacer pública esa información por temor a represalias.

Muchos disidentes afectados por la aplicación arbitraria de la ley de amnistía han quedado excluidos de su amparo. El texto excluye los actos vinculados al “terrorismo”, un término vago que los fiscales han utilizado de manera discrecional para criminalizar a la oposición política.

Pie de foto: Daniel Echenagucia junto a su esposa, Marien Padilla, y sus dos hijos.

Ese ha sido el caso de Daniel Echenagucia, un administrador del sector ganadero de 48 años, quien fue arrestado en 2024 mientras viajaba por el país con su esposa, Marien Padilla, y sus dos hijos adolescentes. Padilla afirma que los funcionarios nunca mostraron a la familia la orden de arresto que aseguraban tener. Ella y los niños también fueron detenidos, les confiscaron los teléfonos y luego los llevaron de vuelta a la vivienda familiar, donde los funcionarios registraron la casa y se llevaron pasaportes, teléfonos y aparatos electrónicos. Desde entonces, Padilla y los niños no han vuelto a ver a Echenagucia.

Echenagucia, quien tiene doble nacionalidad italiana y venezolana, ha sido acusado de terrorismo, conspiración, financiamiento del terrorismo y asociación para delinquir. Padilla dice que su esposo ha perdido alrededor de 30 kilos en prisión y que, aunque en enero se emitió una orden de excarcelación, sigue detenido. Las autoridades rechazaron recientemente su solicitud de amnistía con el argumento de que estaba implicado en delitos ocurridos en 2019. Padilla lo niega y sostiene que la familia vivió en Estados Unidos entre 2018 y 2022, por lo que no estuvo en Venezuela durante el periodo en el que es acusado. La madre de Echenagucia es ciudadana estadounidense y ha apelado directamente a Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, para lograr la liberación de su hijo.

Pie de foto: Orden judicial en la que un tribunal le informa a Marien Padilla que su esposo no será beneficiario de la amnistía.

El régimen de Rodríguez sostiene que las exclusiones son legítimas. Sin embargo, el patrón de negativas evidencia una aplicación arbitraria. A Nakary Mena Ramos, una periodista detenida por informar sobre el aumento de la criminalidad, se le negó la amnistía el 13 de marzo, pero pocos días después se desestimaron los cargos y se le concedió la libertad.

En marzo, un tribunal le comunicó a Gabriel González, periodista que trabajaba en la campaña presidencial de María Corina Machado, que se le había concedido la amnistía, prohibiéndole al mismo tiempo designar un abogado privado o acceder a su expediente. Semanas después, ese mismo tribunal rechazó formalmente su solicitud de amnistía.

Javier Tarazona, profesor universitario, pasó más de cuatro años en prisión por un caso relacionado con sus denuncias sobre la violencia en la frontera venezolana. Aunque fue liberado en febrero, se le negó la amnistía y la causa en su contra sigue abierta.

Trump ha invocado repetidamente a Venezuela como prueba de que su modelo intervencionista funciona, estableciendo una relación directa con su campaña militar actual contra Irán. Pero para los venezolanos cuyas solicitudes de amnistía siguen sin respuesta en tribunales que responden al mismo régimen que los encarceló, la transformación prometida por Trump no se ha materializado. El nombre del dictador ha cambiado, pero el aparato represivo sigue siendo el mismo.