Perú: Nadie muerde la mano que le da de comer

Alfredo Bullard considera que los juzgados contenciosos administrativos en asuntos tributarios y aduaneros del Perú no podrán defender efectivamente a los peruanos de abusos de las autoridades públicas siempre y cuando sigan siendo financiados por la misma entidad pública cuyos abusos pretenden controlar, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.

Por Alfredo Bullard

Hace poco más de un mes publiqué en esta misma columna un artículo (“Una facturita”, 5 de julio del 2014) en el que cuestionaba una publicidad de la Sunat que buscaba hacernos sentir mal por pedir factura por gastos personales. Mi crítica buscaba hacer notar que —dado que la justificación moral de un impuesto radica en cómo se gasta— la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) no tiene autoridad moral alguna para hacer sentir mal a nadie. Pero lo cierto es que la moralidad de los impuestos no solo tiene que hacer con el gasto sino también con los "artilugios" creados para cobrarnos.

Cayó hace unos días en mis manos la investigación de un estudiante de Derecho (Gabriel Fischman) sobre los nuevos juzgados contenciosos administrativos en asuntos tributarios y aduaneros. ¿Qué son? Pues son unos jueces designados para resolver los cuestionamientos que los contribuyentes (los ciudadanos y las empresas) tengamos contra decisiones de la Sunat y del Tribunal Fiscal. ¿Su función principal? Protegernos de las decisiones ilegales o arbitrarias de las autoridades tributarias al aplicarnos los impuestos.

Y tiene mucho sentido. La autoridad tributaria cuenta con un poder enorme para cobrarnos impuestos en base a leyes y reglas aprobadas por el propio Estado, el beneficiario de la recaudación. El Estado actúa como un banco al que se le ha dado el poder de inventar deudas a voluntad y cobrárnoslas directamente. Suele pasar entonces que nos cobre en exceso, sin límites claros y como le dé la gana. ¿Y quién podrá defendernos? Pues el Poder Judicial, que, como un poder independiente del Estado, tiene por función protegernos de las autoridades.

Por supuesto, para defendernos de manera efectiva, estos juzgados especiales tienen que ser autónomos e independientes. ¿Tendría usted alguna confianza en los jueces que tienen que defenderlo de la Sunat si estos fueran nombrados por la Sunat? Por supuesto que no. Por suerte eso no ha pasado. ¿Pero qué pasaría si los sueldos, locales, infraestructura, capacitación y todos los recursos de los jueces llamados a defenderlos fueran pagados por la Sunat? ¿Confiaría en esos jueces? Por supuesto que no. Nadie muerde la mano que le da de comer.

Como se indica en la investigación de Gabriel, estos juzgados especiales fueron creados en junio del 2013 por una resolución administrativa del Poder Judicial (No. 102-2013-CE-PJ). Todo sonaba muy bonito (qué bueno tener jueces especializados en temas tributarios, que conozcan la materia y puedan resolver mejor). Pero cuando uno llega al numeral tercero de la resolución, encuentra la sorpresa.

Muy suelta de huesos, la resolución dice que la creación de los juzgados ha sido financiada en el 2013 mediante la transferencia de S/.13’716.022 de otra entidad pública. ¿De cuál? Efectivamente. Usted adivinó. La plata viene de la mismísima Sunat.

Pero allí no acaba la cosa. En el 2014 los juzgados se están financiando nuevamente mediante la transferencia de la Sunat (esta vez de S/.15 millones). La verdad es que llama la atención el desparpajo con el que se publican normas aprobando transferencias de fondos del acreedor tributario a quien el juzgado va a revisarle las decisiones de cobro. Bueno sería entonces que los acreedores del Estado pudiéramos también financiar juzgados especiales para cobrar la deuda estatal.

Lo curioso es que estos juzgados y cortes especiales se crean en medio de discursos que dicen que su objetivo es “aumentar la recaudación tributaria”, como si la función de uno de los poderes del Estado fuese facilitar a otro poder esquilmar a los ciudadanos.

Un refrán anónimo reza “No robarás… porque el Estado odia que le hagan competencia”. Impuestos cobrados bajo esos términos son simplemente un asalto a mano armada. Es inmoral. Mucho más que pedir una facturita. Hay que preguntarle al Estado qué explicación tiene.

Y le haría una pregunta adicional al Estado: ¿cómo se han capacitado esos jueces? Porque si han sido capacitados por la Sunat, eso sería otra facturita.

Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 9 de agosto de 2014.