Perú: Congreso y ejecutivo aprovechan abundancia de recursos para gastar y no ahorrar

por Instituto Peruano de Economía

Por Instituto Peruano de Economía

La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó por unanimidad el proyecto de ley que autoriza un crédito suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Ejercicio Fiscal 2007 por un monto de más de S/.1.206 millones. El dictamen, sustentado por la Comisión de Presupuesto, prevé el uso de recursos no devengados al 31 de diciembre del 2006 en diversos programas, como el Fondo de Igualdad y el programa Juntos.

Lo sucedido con el crédito suplementario reveló el regreso de algunas prácticas que creímos olvidadas. No sólo por la renuncia del Ejecutivo a asumir el liderazgo de las reformas que le competen, sino además por el hambre del Congreso y del Ejecutivo para aprovechar el pánico y negociar el contrabando de medidas que, de otro modo, no hubieran pasado.

El proyecto del Ejecutivo excluía del Sistema Integrado de Administración de Fincas (SIAF) al 60% de gobiernos locales (más de S/.1.500 millones al año). Pero el Congreso fue más allá y agregó 21 disposiciones complementarias, pretendiendo pasar de contrabando, entre otras joyas: la excepción de Petroperú a los límites de la ley de endeudamiento, la aprobación para que Agrobanco pueda utilizar el 15% de su patrimonio en créditos directos y la autorización para que el Ministero de Economía y Finanzas (MEF) subsidie por S/.12 millones los pasajes aéreos con origen/destino Iquitos. Afortunadamente, éstas no pasaron y se rescató el tema del SIAF (ojalá se le incorporara a todos los empleados públicos, más de 1 millón, según el jefe del gabinete de asesores del MEF). Pero sí pasaron: la escala remunerativa para los trabajadores del tren macho fijada en función de recursos ordinarios (y no sólo de recursos directamente recaudados, como era la propuesta original); el aumento de 130 trabajadores en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicoso (SUNARP); la excepción de las normas de austeridad en el gasto para Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Consucode) y la Defensoría del Pueblo; el pago de la hora extra a los maestros (lo que va en contra del ordenamiento de la carrera magisterial); la prórroga de 90 días al plazo para que el Congreso registre sus ingresos y gastos; y la compra por S/.50 del día de franco a los policías que lo trabajen.

Ahora el problema es serio: hay un alto nivel de discrecionalidad en el gasto público, reflejado en que, sólo 45 días luego de comenzado el año fiscal, ya se pasan créditos suplementarios, como consecuencia de la considerable subestimación de ingresos que hace el MEF (práctica usual para evitar la mayor demanda de recursos por parte del Congreso y otros pliegos), que esta vez fue excesiva. Pero también hay una clara intención de no ahorrar, evitando que los recursos no utilizados vayan al Fondo de Estabilización Fiscal (FEF). Si no, ¿por qué destinar más recursos al Fondo para la Igualdad, que aún no tiene un comité que lo opere? Eso explica el apuro que, bien aprovechado por los congresistas, se convirtió en el río revuelto en el que todos pescaron; todos los que estuvieron allí sentados, porque el contribuyente perdió una vez más.

Apenas a mes y medio de comenzado el año, el presupuesto aumenta ya en 2%. Los estimados de déficit estructural del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) arrojan un 2,2% de resultado negativo para este año, lo cual explica el afán de gasto de nuestro gobierno, cuando otras economías más responsables hacen lo posible (y lo imposible también) por ahorrar los ingresos extraordinarios.