Pérfido rentista
Carlos Rodríguez Braun dice que el hecho de que acabar con el negocio de alquileres pueda tener alguna consecuencia negativa, y que una larga experiencia pruebe que el ataque a la propiedad es siempre el ataque a la libertad del pueblo y a su bienestar, es algo que no cruza las mentes progresistas.
La explosión de demagogia de los socialistas de todos los partidos a cuenta del caso de Maricarmen ilustra cómo los males económicos provocados o agravados por el Estado activan el pensamiento único que culpa siempre a la libertad y nunca al intervencionismo.
El pasado mayo el llamado Sindicato de Inquilinas e Inquilinos ya convocó movilizaciones frente a los "ataques del rentismo" e incluso "la dictadura del rentismo". Es la vieja maniobra totalitaria que traslada la responsabilidad a las instituciones de la libertad, particularmente la propiedad privada. Dice este "sindicato", que recibe una amplia cobertura en los medios, cosas como: "Trabajamos la mayoría de los días para el casero", sustituto del capitalista explotador y extractor de plusvalía.
Identificado el culpable, la solución estaba clara ya entonces: "La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios. El 24 de mayo tomamos las calles". Es bonito eso de "bajemos los precios", como si fuera una decisión sencilla de una manifestación o una acampada en Sol. Los convocantes perciben que igual esto de la propiedad privada es un obstáculo, y por eso invitaron: "Se desobedecen las leyes injustas para conquistar derechos colectivos", sin que los derechos individuales cuenten para nada. El sindicato llamó a la desobediencia, interpretándola como "herramienta legítima", para no tolerar el "chantaje de ningún casero". Por si faltaba algo, definió el "modelo" presente –el que reconoce la propiedad privada, según la Constitución– como "racista, patriarcal y ecocida".
Se empieza con la keynesiana "eutanasia del rentista" y se termina con este pseudo sindicato que asegura: "Esta crisis ha sido provocada y sigue siendo sostenida por rentistas, inmobiliarias, fondos, bancos, empresas de alarmas y grandes conglomerados inmobiliarios, junto con gobiernos e instituciones que han favorecido este modelo con políticas que benefician la especulación", lo que exige acabar con la propiedad porque, evidentemente, "la vivienda no puede ser un negocio".
Que acabar con el negocio pueda tener alguna consecuencia nociva, y que una larga experiencia pruebe que el ataque a la propiedad es siempre el ataque a la libertad del pueblo y a su bienestar, es algo que no cruza las mentes progresistas. Mentes que, por cierto, eluden restricciones lógicas. Por un lado, culpan a la derecha de querer "enfrentarnos a inquilinos y propietarios", y tras este benéfico llamado a la convivencia, atacan a los caseros y aportan una pacífica consigna: "Expulsa un turista, recupera una vecina".
Este artículo fue publicado originalmente en La Razón (España) el 30 de septiembre de 2026.