Paraguay: Una sencilla causa de inseguridad

Civilizaciones enteras se han derrumbado cuando sus economías han sufrido deterioros en la base misma de su conformación, esto es, el contrato político entre gobernantes y gobernados de manera a garantizar la seguridad en libertad. Cuando sobreviene la inseguridad es porque ha sido desprotegida la libertad y la propiedad privada. La inversión cae, sobreviene el desempleo y la marginalidad; demasiados viven el día a día y están dispuestos a todo.

La experiencia de siglos enseña mucho acerca de esto. La Grecia clásica, la Roma Republicana y la implosión sufrida por el imperio soviético, la ex Unión de Repúblicas Socialistas, hace apenas unos años atrás, muestran el resultado inexorable del menoscabo a la libertad y la propiedad. En tal sentido —dice Douglas North, Nobel de Economía— la economía no es más que una parte importante del orden social en cualquier país.

En realidad, la economía se vuelve pujante cuando deviene del cumplimiento de las reglas de juego institucionales, acompañadas de gobernantes celosos por el sistema republicano de gobierno. La inseguridad, por tanto, que hoy padecemos a diario no es más que el efecto de una causa superior, manifestada en el descuido e ignorancia de los valores de la libertad y la propiedad en toda sociedad, sea desarrollada o no.

Una de las más importantes razones por la que nuestro país sufre la calamidad de la inseguridad se debe, lamentablemente, a que buena parte de los políticos actúan en contra de las reglas institucionales aprobadas por ellos mismos. La ley de la función pública obliga al concurso de méritos y aptitudes para todo aquel que desea ingresar como funcionario. Pero ocurre que aun estando vigente esta ley, nuestros dirigentes insisten en derechos que no son tales, contrarios al esfuerzo, la responsabilidad y al talento, como efectivamente se puede comprobar con la contratación de cada vez más funcionarios en el sector estatal, sin la debida tarea y sin el debido concurso e incluso sin contrapartida presupuestaria, lo que incrementa el deterioro en las finanzas públicas.

El inventar derechos para acceder a puestos laborales sin el menor resguardo de tomar en cuenta a los que pagan los sueldos, constituye una categoría de la corrupción. Si cada vez más gente ingresa al Estado sin la exigencia comprobada de idoneidad tal como prescribe nuestra ley fundamental y lo hace únicamente por la influencia y la recomendación del padrino político, desde ese mismo momento en que se cede a la presión y desfallece la seguridad de la población.

Un funcionario así no tiene idea ni sabe de lo que es un servidor público. Es difícil exigirle calidad y productividad a esta clase de funcionario porque se debe a alguien, al que lo apadrinó, y como no se debe a sí mismo, tiene escasos incentivos por estudiar y capacitarse. Su permanencia en el cargo está pegada con el rótulo que lleva por título de “recomendado”, con la fidelidad hacia su protector.

El estado paraguayo no es más que un gigante con pies de barro, con un presupuesto multimillonario que dilapida los recursos retraídos de los contribuyentes. Esta inseguridad se puede notar en cuestiones simples, en las notorias deficiencias de los servicios prestados en cada una de las oficinas administrativas de los diferentes ministerios y mucho más en la inseguridad cuando de velar por la integridad de la vida y la propiedad se trata.

De la inseguridad la gente se queja con razón. Calles y hasta barrios enteros se han convertido en zonas liberadas, allí donde rige la ley del revólver, como en efecto tenemos en ciertas partes de nuestro país. La seguridad concebida como el orden bajo la ley de la libertad es una preciosa garantía para la convivencia social; y empieza también a desarrollarse en la dinámica más básica de la contratación de funcionarios como servidores públicos.