Paraguay: La próxima Corte Suprema de Justicia

Víctor Pavón explica que "Hayek defendía con razón que el uso de los poderes coercitivos del Estado debe estar regulado por normas preestablecidas, siguiendo la tradición expuesta por los filósofos de la talla de David Hume y Adam Ferguson en el siglo XVIII, quienes, a su vez, se remontan a Julius Paulus, jurista romano del siglo III d.C. que decía: 'Lo justo no deriva de la ley, sino que es la ley la que procede de lo que se considera justo'".

Por Víctor Pavón

Resulta oportuno mencionar a Friedrich Hayek en este tema de coyuntura. Este filósofo de la libertad y Nobel de Economía sostenía la necesidad de una "Teoría Jurídica del Orden Espontáneo" para salvaguardar a la sociedad libre.

Hayek defendía con razón que el uso de los poderes coercitivos del Estado debe estar regulado por normas preestablecidas, siguiendo la tradición expuesta por los filósofos de la talla de David Hume y Adam Ferguson en el siglo XVIII, quienes, a su vez, se remontan a Julius Paulus, jurista romano del siglo III d.C. que decía: "Lo justo no deriva de la ley, sino que es la ley la que procede de lo que se considera justo".

Estoy convencido que el olvido e ignorancia de aquella tradición es la causa de la decadencia que soportan los países en pleno siglo XXI. Ante el avance del Leviatán en estos últimos años, requerimos de normas fijas conocidas de antemano, de manera a que sea previsible la actuación estatal para así evitar la arbitrariedad de los gobernantes y, de este modo, incentivar los pacíficos y voluntarios acuerdos entre los individuos dados en el proceso de la economía de mercado.

Los jueces, por ende, deben conocer el orden social espontáneo del Nomos que implica que la sociedad libre se conforma por reglas de comportamiento abstractas, generales, establecidas para largos períodos de tiempo. Lo antedicho resulta importante como elemento referencial para elegir a los futuros miembros del máximo órgano jurisdiccional del país.

En efecto, en mi país en estos días se ha hecho conocer la decisión de los más grandes partidos políticos del país, Colorado y Radical Auténtico, de modificar la composición de los miembros de la Corte Suprema de Justicia por medio del juicio político, lo que constituye un hecho político de alta relevancia.

No obstante, resulta insuficiente este hecho político. Si los indicadores de elección siguen con el mismo derrotero del cual ya se conocen sus resultados, entonces, ni el gobierno ni los partidos políticos arriba citados, habrán de conseguir el bien más preciado: la justicia representada por la diosa Astrea que con los ojos vendados desciende su espada sin temor sobre quién deba caer el peso de la ley.

El procedimiento de elección y nombramiento está expresado en la Constitución. Sin embargo, ha prevalecido lo que se podría llamar la inflación de “titulitis”, por cuanto se cree que más títulos y diplomas hacen mejor al juez, y sobre todo, ha prevalecido un modelo de elección por el cual lo relevante consiste si el futuro magistrado forma parte o simpatiza con determinado sector político.

Esta lógica partidaria conllevará lamentablemente a continuar con lo mismo. La lógica partidaria no tiene aprecio alguno por las ideas filosóficas que se manifiestan posteriormente a través de las sentencias que luego van constituyéndose en jurisprudencia en los tribunales

Resulta esclarecedor, al respecto, el ejemplo en la elección de los miembros de la Suprema Corte en EE.UU. La metodología electiva se manifiesta desde el momento en que el propio Presidente de la República es el que designa a los jueces de esta instancia y luego el Congreso aprueba o no la decisión del Ejecutivo. Pero a diferencia de lo que podría suponer una suerte de batalla de fuerza entre el presidente y los congresistas, la misma no sucede de ese modo.

La explicación puede sorprender a más de uno. Lo que interesan son las tendencias filosóficas del candidato y de las diversas sentencias que firmó en su cargo de juez de menor rango. Este es un modelo de apreciación no solo más objetivo sino también más eficiente.

En este sistema, no se toma en cuenta si de cuál partido político proviene el futuro miembro de la Corte Suprema, sino qué tendencias enmarcadas en sus ideas y pensamientos expresados en libros y conferencias tendrán sus fallos en los casos arrimados a su despacho. Estas tendencias, a su vez, son claves para mantener el delicado equilibrio que la administración de justicia exige.

Si la Corte Suprema tiene una tendencia mayoritariamente conservadora, inmediatamente el sistema político representado por el Presidente y el Congreso, buscarán que la balanza no se incline en demasía hacia un lado, por lo que también el máximo cuerpo colegiado se conformará con jueces dispuestos a hacer lugar a las peticiones más liberales.

Ciertamente nuestra disposición constitucional es diferente, por cuanto aquí el Congreso es el que elige de la terna remitida por el Consejo de la Magistratura, órgano éste último inficionado de aquella política partidaria mencionada más arriba.

Y si bien tenemos un procedimiento establecido en nuestra ley fundamental para designar a los jueces de la Corte Suprema, sin embargo, ello no significa que no pueda darse lugar al sistema electivo basado en las ideas de filosofía del derecho que todo juez debe tener, conocer exhaustivamente y defender como en un examen de universa, además de pasar el riguroso procedimiento de tacha y reclamo de honorabilidad.

Por supuesto, a más del conocimiento de la ciencia expresada en los rigores de la filosofía subyacente en la comprensión de la ley, los jueces no solo deben parecer honorables —lo que implica atributos de honestidad y carácter al momento de defender principios— sino también haberse comportado como tales a lo largo de sus vidas.