Paraguay: El presidente asume el rol de juez, utiliza a los militares y viola la propiedad
Víctor Pavón dice que "Desde el más alto poder se está incentivando y colaborando a cambiar mediante la violencia las reglas de juego institucionales establecidas en la Constitución".
Por Víctor Pavón
La orden presidencial por cual se ordena a los militares a realizar tareas de mensura y amojonamiento (señalar con mojones los linderos de una propiedad) en las tierras de Ñacunday, departamento de Alto Paraná, demuestra la existencia de un proyecto político de contramano a las instituciones que promueven la justicia, la paz pública y el orden legal. Este proyecto se está poniendo en ejecución mediante la participación de las Fuerzas Armadas en los temas relacionados a la posesión de la propiedad privada. La orden presidencial es contraria a lo establecido en la Constitución y también es ilegal en el ámbito del código civil que establece el procedimiento judicial pertinente para conocer las condiciones de dominio de un inmueble ubicado en cualquier lugar del país.
El presidente y su séquito de simpatizantes, de esta manera, acaban de dar un paso decisivo hacia la consolidación de un proyecto de violencia e inseguridad que forma parte de una propuesta fracasada pero cuya repetición en nuestro continente está representado por el socialismo del siglo XXl como un conjunto de ideas que tiene como propósito erosionar los cimientos de las sociedades libres y democráticas. Esos cimientos son, en este caso, la violación de la propiedad privada y la subordinación de las fuerzas armadas a aquel proyecto fuera del orden constitucional vigente.
Desde el mismo momento que los militares ingresan a la propiedad de los dueños de las tierras están cometiendo el grave delito de invasión convirtiéndose los mismos en cómplices e instigadores al igual que los carperos. Nuestro sistema legal establece de modo indubitable que la mensura y amojonamiento que hoy están haciendo los militares se viabilizan mediante un procedimiento que requiere de diversas etapas que se inician con la presentación del título de propiedad. Pero aquí el presidente Lugo hace lo contrario de lo que la Constitución y las leyes en la materia establecen.
El presidente al inmiscuirse en un tema netamente judicial asume el papel de juez en un ámbito reservado a los tribunales. Viola así lo que dice la Constitución en su artículo 3: “El gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del poder público”.
Pero como el proyecto que viene desde Caracas hace del gobierno paraguayo un títere al servicio de la idea de seguir exportando el modelo “social” bolivariano, entonces, se da un paso todavía más peligroso. El presidente Lugo y sus allegados doctrinarios en el afán de congraciarse con el proyecto bolivariano han enviado a las fuerzas de choque de los carperos para provocar un ambiente hostil en la zona. El amedrentamiento es todavía más cobarde hacia los propietarios que trabajan en esas tierras puesto que están acompañados de militares en la búsqueda de excedentes de tierras.
El ambiente de inseguridad que se vive en la zona de Ñacunday se inició con aquel decreto Nº 7525 por el cual el mismo presidente Lugo ya incurrió en mal ejercicio de sus funciones al otorgarle al Ministerio de Defensa atribuciones contrarias a la ley fundamental con el agravante de exigirles a los propietarios presentar sus títulos en un plazo no superior de 72 horas, cuando que la doctrina y la legislación nacional y comparada sostiene que es el demandante el que debe probar y no el demandado.
Pero al presidente Lugo y a sus fieles seguidores, el decreto les resultó insuficiente. Necesitaban crear con los carperos un ambiente todavía de mayor incertidumbre y violencia. De este modo el poder ejecutivo fue todavía más lejos abrogándose facultades del poder judicial. En lugar de hacer valer la mensura y el amojonamiento como un procedimiento que protege tanto al demandado como al demandante, el presidente Lugo asume el papel de juez ordenando a los militares y a los carperos el ingreso al predio de los dueños para así violar la propiedad privada. Desde el más alto poder se está incentivando y colaborando a cambiar mediante la violencia las reglas de juego institucionales establecidas en la Constitución. Este no es el camino para el bienestar, sino la vía más rápida para la destrucción de la misma democracia constitucional.
Este artículo fue publicado originalmente en ABC Color (Paraguay) el 6 de febrero 2012.