Nuevo intento de censurar el Internet
por Solveig Singleton
Solveig Singleton es analista del Proyecto para la Privatización del Seguro Social del Cato Institute.
Recientemente la Corte Suprema de Estados Unidos declaró que la Primera Enmienda de la Constitución protege al Internet de la misma manera que protege la libertad de expresión en los periódicos, revistas y libros, determinando la inconstitucionalidad de la ley llamada "decencia en las comunicaciones" (Communications Decency Act). Esa decisión provocó la reacción de gobiernos en países donde hay censura, como Argentina, China, Alemania y Zambia, alarmados que Estados Unidos no aportara el precedente para bloquear el contenido "indeseable" del Internet.
Recientemente la Corte Suprema de Estados Unidos declaró que la Primera Enmienda de la Constitución protege al Internet de la misma manera que protege la libertad de expresión en los periódicos, revistas y libros, determinando la inconstitucionalidad de la ley llamada "decencia en las comunicaciones" (Communications Decency Act). Esa decisión provocó la reacción de gobiernos en países donde hay censura, como Argentina, China, Alemania y Zambia, alarmados que Estados Unidos no aportara el precedente para bloquear el contenido "indeseable" del Internet.
Sin embargo, la industria de la computación flirteará con tecnologías de "autocensura" en la cumbre de diciembre del Internet, bajo la guía de la administración Clinton. Esta cumbre, denominada "Enfocando a los Niños" presenta nuevas amenazas a la libre expresión en el Internet.
La Primera Enmienda rechaza toda injerencia del gobierno en el contenido de los medios de comunicación. Los ciudadanos privados están en total libertad de seguir su conciencia en la selección de material de lectura y en guiar a sus hijos para que eviten cierta información. No se viola la Primera Enmienda cuando el director de un periódico rechaza la publicación de algún artículo, cuando los padres le quitan ciertos libros a sus hijos o cuando introducen en sus computadoras programas como SurfWatch para protección de sus hijos. El sector privado puede editar, excluir o silenciar. Esa es parte de la libertad de expresión. Pero el sector público no lo puede hacer.
Los organizadores de la cumbre hacen un llamado para la asociación de la industria con el gobierno en impedir el acceso de los niños a material "no apropiado" en el Internet. Se espera la asistencia del presidente Clinton. La idea de la cumbre surgió de una reunión en julio del presidente Clinton, el vicepresidente Gore y algunos grupos que demandaron la inconstitucionalidad de la censura en el Internet.
Al hacer imprecisa la línea de demarcación entre lo público y lo privado, la cumbre se convierte en una acción gubernamental disfrazada de iniciativa de los padres. Programas filtros como SurfWatch son aceptables siempre y cuando sean iniciativas privadas, impulsadas por la demanda de los consumidores y su libertad de selección. Para eso no se necesita ninguna cumbre. Pero sin mejor oficio, los políticos quieren utilizar la ocasión para causar sensación sobre el contenido y los supuestos peligros del Internet. La presión gubernamental hará muy difícil que la industria de la computación se niegue a establecer filtros en el Internet mismo.
Es preocupante que el programa de la cumbre indica que el derecho a la libertad de expresión no tiene un lugar alto entre las prioridades de los patrocinantes. Y la verdadera interrogante es si le corresponde al gobierno discutir estos asuntos, determinando lo que es apropiado o no. La respuesta es un resonante "no".
La participación del gobierno promueve soluciones políticas y centralizadas a problemas de orden privado. La actual libertad de expresión en el Internet le da esperanzas a millones de personas en todo el mundo que viven bajo regímenes que reprimen el libre flujo de información. Pero la libertad del Internet depende de su tecnología y los políticos estadounidenses debieran estar avergonzados de iniciar en este país el precedente de presionar a la industria para que limite esa libertad. No necesitamos ninguna censura electrónica, como tampoco necesitamos censura en la prensa ni en las bibliotecas.
Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
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