La regulación sin el estado

La bancarrota de Enron ha desatado la demanda de una regulación más estricta de los sistemas de control financiero de las compañías y de una harmonización de sus normas de contabilidad a escala internacional. Esto pone la llaga en la actividad de los analistas de inversión de las casas de valores y de los auditores cuyo comportamiento en los episodios previos que dieron lugar al colapso del ex gigante norteamericano de la energía resultó bastante deficiente. Sin embargo, el caso Enron no tiene ni debe traducirse en un aumento de la intervención estatal en los aspectos financiero-contables de las empresas. Existen otros medios más eficaces y menos costosos para mejorar la información sobre la situación real de las compañías y, por tanto, para reducir los riesgos de que se produzcan situaciones como la de Enron, amenaza que, conviene decirlo, no es eliminable al cien por cien.

De entrada se suele identificar la regulación con el Estado y/o con el gobierno, lo que constituye un craso error. Existen muchos instrumentos a través de los cuales es posible regular una parte sustancial del mercado sin la interferencia del gobierno. En unos casos, los poderes públicos pueden establecer un marco general dentro del cual las empresas introducen mecanismos de autorregulación dentro del sector en donde operan sin injerencia estatal. En otros, la industria es capaz de reglar sus propias actividades y  el gobierno reservarse el derecho de inspección que tampoco tiene porqué recaer sobre funcionarios del Estado. Por último hay casos en los que cabe la emergencia de un sistema de regulación externo a las compañías en respuesta a las exigencias de los productores y de los consumidores, gestionado por organismos independientes que proporcionan estándares y códigos de conducta (ver Blundell J. y Robinson C., Regulation Without The State, IEA, 1999).

La principal ventaja comparativa de mecanismos como los descritos es que evitan muchas de las dificultades a las que se enfrenta la regulación estatal (rigidez, costes excesivos para las compañías y para los consumidores, captura del regulador etc.) y permite una rápida adaptación a circunstancias cambiantes sin poner en peligro valores como la transparencia, la seguridad o la honestidad de las prácticas mercantiles. En la práctica se trata de reconocer la capacidad de los mercados de producir incentivos para que esos principios sean promocionados y garantizados por la iniciativa privada y/o social. En esta dirección, la moderna Teoría de Juegos muestra con rotundidad el interés de las diversas partes envueltas en el mercado de cooperar entre si en el establecimiento de estándares de probidad que aseguren su buena fama. En este escenario, los "free riders" se arriesgan a quedar fuera de los negocios. El éxito del Portman Group en el control del consumo de bebidas alcohólicas por los adolescentes en el Reino Unido o la mejora de la seguridad del transporte en Nueva Zelanda a través de la autorregulación son algunas muestras de la capacidad del sector privado de conseguir los resultados buscados por la regulación estatal y que ésta no logra alcanzar casi nunca. En definitiva se trata de privatizar una buena parte del aparato regulador del Estado.

¿Cómo enlaza todo esto con Enron? La respuesta es simple. El papel de los auditores ha sido el resultado de un singular conflicto de intereses. Por un lado, los ejecutivos de Enron buscaban el apoyo a su gestión por parte de una gran firma de auditoria internacional. Por otro, los honorarios de los auditores estaban muy ligados a captar clientes para su empresa. En este contexto es muy fácil que se produzcan complicidades auditores-ejecutivos si además los primeros tienen la posibilidad de ofrecer unos servicios adicionales en forma de consultoría, asesoría fiscal etc. a cambio de un informe "razonable". Cuando sucede esto, los intereses del equipo auditores-ejecutivos priman sobre los de los inversionistas y los accionistas, lo que permite ocultar el verdadero estado de la compañía como pasó con Enron. Sin duda, esta es una visión estilizada de los hechos pero da una idea bastante aproximada de la realidad.

Ante este panorama, la tentación de introducir estrictas regulaciones estatales en la actuación de las auditoras es muy fuerte. Sin embargo, esta iniciativa es innecesaria. Una vez más hay la oportunidad de crear un poderoso y efectivo organismo autorregulador que posea una autoridad disciplinaria creíble para reforzar las normas de contabilidad y los estándares. Esta opción, como ha señalado el profesor Burton Malkiel (The Wall Street Journal, 17 de enero de 2002), es mucho más eficiente que responder a las crisis con una interferencia mayor del Estado para resolverlas. Desde una óptica institucional, esta iniciativa debería verse acompañada por un endurecimiento de las sanciones penales y civiles derivadas de conductas irregulares. Aunque una quiebra fraudulenta de una empresa sea muy espectacular, es imprescindible no convertir la excepción en regla y negar al derecho común y a la autorregulación la posibilidad de combatir hechos de esa naturaleza.

En suma, la crisis de Enron no tiene porqué originar una reacción pro regulación estatal de las actividades empresariales. La garantía de una imagen rigurosa y real de la situación financiera de las empresas ha de realizarse a través de sistemas de autorregulación que creen los incentivos necesarios para disminuir el riesgo de que se produzca una perversión total de los estados financieros de las empresas en perjuicio de los accionistas. Esta es la tarea fundamental de los gobiernos: crear un marco de normas adecuado para evitar episodios tan desagradables.