2 billones de dólares — y no hay excusa

El gobierno federal acaba de cerrar el año fiscal 2026 con un déficit de casi 2 billones de dólares, según las cifras que la Oficina de Presupuesto del Congreso dio a conocer a principios de octubre. Solo los dos años de la pandemia, 2020 y 2021, fueron peores. Hoy, sin embargo, no hay recesión ni emergencia. Estos enormes déficits presupuestarios son la nueva normalidad.

La respuesta habitual ante una advertencia de déficit es que el gobierno simplemente necesita más dinero. No es así. Gracias a la notable fortaleza del sector privado, los ingresos federales aumentaron un 3%, hasta superar los 5,4 billones de dólares, durante el año fiscal. Sin embargo, el gasto aumentó un 6%, alcanzando los 7,4 billones de dólares.

Algunos culparán a la Corte Suprema por anular la mayoría de los aranceles del presidente Donald Trump y obligar al gobierno a emitir reembolsos. Pero incluso si Washington se hubiera quedado con los 130 mil millones de dólares en gravámenes ilegales, eso cubriría menos de una décima parte del déficit. Los aranceles nunca fueron una fuente seria de ingresos ante nuestro nivel de gasto absurdamente alto.

Vean a dónde se fue el dinero. El gasto en los tres principales programas de prestaciones sociales —Seguridad Social, Medicare y Medicaid— creció un 7%. Eso es más rápido que el crecimiento del gasto total. El gasto en defensa creció un 5%. Los intereses de la deuda aumentaron un 11%, superando los 1,1 billones de dólares. Esa última cifra es la factura de todos los años anteriores de endeudamiento —años en los que Washington enviaba señales claras de que no se tomaba en serio la responsabilidad fiscal.

Si quieres ver adónde puede llevar esa irresponsabilidad, fíjate en Francia. El país que los defensores del gasto desmedido, desde Paul Krugman hasta el senador Bernie Sanders, han citado como prueba de que un Estado grande es viable y está lleno de ventajas, se encuentra ahora al borde de una grave crisis. La deuda de Francia equivale al 120% de su PIB, y los pagos de intereses están aumentando rápidamente. El crecimiento lento y el malestar social no ayudan.

Estados Unidos, por supuesto, cuenta con algunas ventajas que Francia no tiene, en gran parte porque somos un país de innovadores con un sector privado inigualable en la creación de riqueza. No obstante, una deuda que crece sin control debería seguir preocupándonos. En primer lugar, las mismas fuerzas contrarias a la riqueza y al crecimiento que llevaron a Francia a la situación en la que se encuentra ahora están ganando popularidad aquí. En segundo lugar, nosotros también veremos que la deuda alcance el 120% del PIB en unos años, y nuestros pagos de intereses ya están consumiendo una parte alarmante de los recursos.

Un Congreso sensato nos pondría en una situación más segura, aunque solo fuera porque la deuda eleva las tasas de interés para todos, desde quienes compran una vivienda hasta las pequeñas empresas. Esto actúa como un lastre para el crecimiento y, por lo tanto, para los salarios. En otras palabras, controlar la deuda debería ser parte de una agenda de asequibilidad, de la misma manera que simplificar la regulación.

Cuando los legisladores decidan tomarse en serio la asequibilidad, les recomiendo consultar un informe de septiembre de Advancing American Freedom sobre este tema. Su sección sobre austeridad fiscal ofrece un útil conjunto de reformas, entre las que se incluye enfocar los programas que más impulsan la deuda.

Empecemos con el Seguro Social. Según la ley actual, las prestaciones se reducirán en aproximadamente un 20% cuando el fondo fiduciario del programa se agote a principios de la década de 2030. Nadie cree que el Congreso realmente permita que eso suceda, pero más vale que esperemos que su respuesta no sea empeorar la situación al pedir prestada la diferencia entre los impuestos sobre la nómina y las prestaciones.

Tampoco son una opción los aumentos de impuestos. El impuesto sobre la nómina destinado a financiar los derechos de prestaciones es ahora del 12,4% del salario. Comenzó en un 2% cuando se puso en marcha la Seguridad Social. También es el impuesto más oneroso para muchos estadounidenses. Ya es suficiente. Vale la pena considerar las soluciones que propone Rachel Greszler, investigadora de la AAF: indexar la edad de jubilación a la esperanza de vida, utilizar una medida precisa de la inflación para los ajustes por costo de vida y avanzar gradualmente hacia un beneficio universal fijo que proteja a los jubilados de bajos ingresos, al tiempo que se pone fin al bienestar social de facto que la Seguridad Social brinda a los más ricos.

Lo siguiente es Medicare. Más del 40% de su financiamiento ya proviene de los ingresos generales en lugar de los impuestos sobre la nómina. El informe recomienda convertir el programa a un sistema de apoyo a las primas, otorgando a los beneficiarios una contribución fija para gastar en el Medicare tradicional o en planes privados de la competencia. También elevaría la edad de elegibilidad a los 67 años, igual que el Seguro Social, y recortaría los subsidios para las personas mayores de recursos. Eso es un comienzo.

En cuanto a Medicaid, el problema radica en la fijación de precios. Y, sin embargo, nunca se ha probado seriamente la competencia basada en el precio —la mejor herramienta de control de costos—. Washington cubre el 90% del costo de los programas estatales ampliados de Medicaid para adultos. Un estado puede gastar un dólar con solo diez centavos de su propio dinero. Cambiar los incentivos de los estados sería clave en este caso. Implementar topes per cápita ajustados al riesgo, mediante los cuales el gobierno federal otorgaría a los estados una cantidad fija por afiliado, lograría precisamente eso. Los estados pagarían por sus propias ineficiencias o podrían utilizar cada dólar que ahorren al volverse más eficientes.

La misma lógica respalda devolver más programas de asistencia social a los estados, comenzando con la parte federal del SNAP. Los gobiernos estatales tienen que equilibrar sus presupuestos de alguna manera.

Ninguna de estas reformas es indolora. Pero las alternativas resultarán mucho más dolorosas. Estados Unidos seguirá pagando un impuesto lento y no legislado llamado inflación, o se enfrentará a una crisis fiscal rápida y desagradable cuando los compradores de bonos dejen de darle a Washington el beneficio de la duda.

Este artículo fue publicado originalmente en Creators Syndicate (Estados Unidos) el 15 de octubre de 2026.