Propiedad privada: por la abundancia y la diversidad

Los derechos de propiedad fueron fundamentales en los orígenes de la tradición política liberal. Y, especialmente en nuestra época, deberían volver a ocupar un lugar central. Además de su valor intrínseco como elemento vital de la libertad y la autonomía, fortalecerlos es esencial para sacar adelante a los pobres y desfavorecidos, así como para impulsar la prosperidad y la innovación. El derecho a la propiedad privada también puede ayudar a proteger una variedad de otros derechos importantes.

Los derechos de propiedad fueron un tema central de la tradición liberal temprana. John Locke escribió la famosa frase de que el propósito del gobierno era la protección de "la vida, la libertad y la propiedad". Muchos de los fundadores de Estados Unidos hicieron declaraciones similares. En la Convención Constitucional, Alexander Hamilton afirmó que "uno de los grandes objetivos del gobierno es la protección personal y la seguridad de la propiedad". James Madison —el gran adversario de Hamilton en muchos temas— estuvo de acuerdo y escribió en su famoso ensayo de 1792 sobre "La propiedad" que "el gobierno se instituye para proteger la propiedad de todo tipo… Siendo este el fin del gobierno, solo es un gobierno justo aquel que imparcialmente garantiza a cada hombre lo que es suyo".

En tiempos más recientes, muchos —incluidos numerosos liberales de izquierda— han restado importancia a los derechos de propiedad y han abogado por que se limiten severamente, a menudo con el pretexto de proteger los intereses de los pobres y los desfavorecidos. Sin embargo, son precisamente los pobres y los desfavorecidos quienes más tienen que ganar con el fortalecimiento de la protección de los derechos de propiedad. Una protección más sólida elevaría el nivel de vida tanto para ellos como para la sociedad en su conjunto.

El guardián de todos los demás derechos

Como comprendieron los primeros liberales, la propiedad es esencial para la libertad. Casi toda actividad humana importante requiere el uso de la propiedad. Esto es más evidente en aquellas que involucran la propiedad de la tierra, como la vivienda o la mayoría de los tipos de trabajo. Pero lo mismo ocurre con aquellas que requieren otros tipos de bienes materiales. No podemos alimentarnos ni vestirnos sin derechos de propiedad sobre los objetos.

La propiedad también es esencial para el ejercicio de casi todo tipo de libertad y autonomía. No existe una libertad de expresión significativa sin derechos de propiedad sobre libros, computadoras, periódicos, imprentas, conexiones a Internet y otras instalaciones necesarias para difundir nuestras palabras. Hay poca o ninguna libertad de culto sin derechos de propiedad sobre los lugares necesarios para celebrar servicios religiosos, difundir doctrinas religiosas y administrar otras instituciones religiosas. El derecho a la anticoncepción, protegido por la famosa decisión de la Corte Suprema en Griswold v. Connecticut, aunque por lo general se considera un derecho de "privacidad", depende del derecho a adquirir y poseer derechos de propiedad sobre los anticonceptivos.

Podemos plantear argumentos similares sobre casi cualquier otra forma de libertad. Si ejercerla requiere el uso de terrenos o bienes materiales, ese ejercicio depende de los derechos de propiedad. Sin tales derechos, el gobierno podría, en cualquier momento, anular la libertad simplemente negando la capacidad de utilizar los bienes necesarios para ejercerla.

Además, la libertad no depende solo de la mera propiedad legal de los bienes, sino del derecho a usar esos bienes para los fines que el propietario decida. El mero derecho a "excluir" a otras personas no es suficiente (aunque algunos teóricos de la propiedad afirmen que la exclusión es el elemento central de la propiedad). De poco sirve ser oficialmente el dueño de una imprenta o de una computadora, si no se te permite usarla para publicar y difundir tus ideas. Ser dueño de una iglesia tiene poco valor espiritual si no puedes usarla para celebrar servicios religiosos. Y así sucesivamente.

En última instancia, en la mayoría de los casos, buscamos poseer bienes con el fin de utilizarlos. Y el derecho al uso no solo es el fundamento de la propiedad en sí mismo, sino que también es esencial para el ejercicio de casi todas las demás libertades. Por esta razón, entre otras, Arthur Lee —publicista y diplomático durante la Revolución Estadounidense— llamó a la propiedad "la guardiana de todos los demás derechos".

Los socialistas y muchos liberales de izquierda podrían replicar que un razonamiento como el anterior demuestra que un sistema de propiedad privada solo otorga libertad a los ricos. Como dice el refrán: "La libertad de prensa solo está garantizada para quienes tienen un medio de comunicación". Pero esto subestima las numerosas formas en que la propiedad privada garantiza la libertad para todos. En una economía de mercado pluralista y competitiva, los propietarios de bienes productivos tienen incentivos para utilizarlos de manera que satisfagan una variedad de preferencias. Si existe una demanda en el mercado, por ejemplo, de discursos de izquierda o de derecha, los propietarios tienen un incentivo para utilizar sus instalaciones con el fin de satisfacer esa demanda. Si algunos propietarios no desean atender un nicho de mercado específico, eso crea una oportunidad —y un incentivo— para que otros llenen ese vacío.

Lo mismo ocurre con la demanda de servicios religiosos, de anticonceptivos, etcétera. Los mercados nos permiten dar cabida a una amplia gama de preferencias. Las personas que rentan propiedades también adquieren derechos de propiedad fundamentales, aunque no sean los mismos que los de los propietarios de terrenos o instalaciones de producción. Y de manera similar, los propietarios de terrenos que rentan viviendas a inquilinos tienen incentivos para atender una amplia variedad de preferencias y estilos de vida. Algunos permiten mascotas, otros no. Algunos permiten servicios religiosos en el lugar, otros no. Algunos tienen reglas que restringen severamente el ruido, mientras que otros son más permisivos. Y así sucesivamente.

Por el contrario, si el Estado impone una sola norma para estos temas y otros similares, destruye las opciones creadas por el pluralismo y la competencia. Lo mismo ocurre si el gobierno simplemente es dueño absoluto de las propiedades en cuestión, como en un sistema socialista. Esto es cierto independientemente de si las normas del gobierno reflejan las opiniones de la mayoría de la población, de un grupo cerrado de "expertos" o de grupos de interés reducidos que logran "capturar" el proceso político.

Cómo el menoscabo de los derechos de propiedad perjudica a los pobres y desfavorecidos

La erosión de los derechos de propiedad durante gran parte de los últimos cien años ha supuesto un gran perjuicio para los pobres y desfavorecidos. Fortalecer esos derechos podría contribuir en gran medida a mejorar la libertad y las oportunidades de los más desfavorecidos, así como a impulsar el crecimiento económico y la innovación en la sociedad en general.

Esto es especialmente evidente en el caso de la crisis de vivienda —quizás el mayor obstáculo para las oportunidades de los pobres y desfavorecidos en los Estados Unidos hoy en día—. Y la zonificación excluyente es la principal causa de esa crisis.

La zonificación excluyente implica restricciones al uso del suelo que limitan la cantidad y el tipo de viviendas que se pueden construir en áreas específicas. Alrededor del 70 por ciento de todas las propiedades residenciales en los Estados Unidos están zonificadas exclusivamente para residencias unifamiliares. Un amplio espectro ideológico de economistas y expertos en uso del suelo coincide en que la zonificación es responsable de la escasez masiva de viviendas y que, además, priva a millones de personas —en particular a los pobres y a las minorías— de oportunidades económicas y sociales. Como resultado, se restringe la libertad de millones de personas. También se les impide ser tan productivas e innovadoras como podrían serlo de otra manera.

Las personas a las que la zonificación excluyente y otras restricciones similares impiden mudarse son, de manera desproporcionada, los pobres y las minorías. Históricamente, como han documentado diversos académicos, las restricciones de zonificación a menudo se adoptaban con el propósito explícito de mantener alejados a los afroamericanos y otras minorías, excluir a los pobres, o ambas cosas. Una combinación de ignorancia económica, intolerancia racial y étnica, y la resistencia al desarrollo conocida como NIMBY ("no en mi patio trasero") ha llevado al establecimiento y la persistencia de restricciones que causan un daño enorme.

La zonificación excluyente ha ido en aumento desde que la decisión muy defectuosa de la Corte Suprema de 1926 en Village of Euclid v. Ambler Realty Co. la confirmó frente a un impugnamiento constitucional. En un artículo de 2024 de Texas Law Review y una versión más breve en The Atlantic, Joshua Braver y yo explicamos por qué la mayor parte de la zonificación excluyente viola la Cláusula de Expropiación de la Quinta Enmienda, la cual exige el pago de una "indemnización justa" cada vez que el gobierno expropia propiedad privada. Esto es cierto tanto desde el punto de vista del constitucionalismo originalista como del constitucionalismo vivo. En un artículo de seguimiento reciente, describimos cómo se puede utilizar el derecho constitucional estatal para combatir la zonificación excluyente. También he publicado una versión más breve y no académica de este último en el State Court Report del Brennan Center de la Universidad de Nueva York (NYU). En estos trabajos, también describimos cómo se puede frenar la zonificación excluyente mediante una combinación de litigios y acción política.

Soy libertario y, en general, simpatizo con el originalismo. Braver es progresista y constitucionalista vivo. Nuestra colaboración en este caso es un ejemplo de cómo la ampliación de los derechos de propiedad puede unir a diferentes corrientes de la tradición liberal.

Las restricciones de zonificación y otras regulaciones similares son potencialmente justificables en situaciones excepcionales en las que previenen una amenaza grave para la salud o la seguridad públicas, como la propagación de la contaminación o de enfermedades contagiosas. Como se describe en nuestro artículo de la Texas Law Review, este tipo de consideraciones constituyen el núcleo del tradicional "poder policial" del que los estados han gozado históricamente. Este poder policial representa una excepción a la norma constitucional de que los gobiernos deben indemnizar a los propietarios cuando se les expropia su propiedad. Pero esa excepción debe interpretarse de manera restrictiva, y el gobierno debe asumir la carga de la prueba, a fin de evitar que el poder policial se utilice como pretexto para reprimir la construcción normal de viviendas.

La zonificación excluyente es solo una de las varias formas en que el menoscabo de los derechos de propiedad ha destruido la libertad y las oportunidades de los pobres y las minorías, a menudo a gran escala.

Lo mismo ocurre con muchas decisiones de tribunales estatales y federales que permiten a los gobiernos estatales y locales utilizar el dominio eminente para expropiar propiedad privada para casi cualquier fin que deseen. La Quinta Enmienda solo permite la expropiación de propiedad privada para un "uso público". La interpretación predominante en un principio de esta disposición era que un uso público solo podía ser para un proyecto de propiedad del Estado, o uno de propiedad de un sujeto privado legalmente obligado a prestar servicio a todo el público, como una empresa de servicios públicos. Desafortunadamente, a partir de la decisión terriblemente razonada de la Corte Suprema en Berman v. Parker (1954), los tribunales federales comenzaron a interpretar que el "uso público" incluía cualquier beneficio posible para el público.

En mi libro The Grasping Hand: Kelo v. City of New London and the Limits of Eminent Domain, describo cómo el resultado de este fallo y otros similares a nivel estatal fue facultar a los gobiernos estatales y locales para desplazar por la fuerza a cientos de miles de personas —en su mayoría pobres y pertenecientes a minorías— mediante expropiaciones por motivos de "deterioro urbano", "renovación urbana" y "desarrollo económico". James Baldwin describió famosamente la "renovación urbana" como "la expulsión de los negros". No estaba muy lejos de la realidad, dada la composición demográfica de los desplazados. Si bien las víctimas de estas expropiaciones reciben una indemnización, los montos suelen quedar muy por debajo del "valor justo de mercado" exigido por la jurisprudencia de la Corte Suprema, y ese mismo criterio a menudo no logra compensar plenamente a los propietarios y a las personas desplazadas por sus pérdidas.

Esto causó un gran sufrimiento y, en la mayoría de los casos, ha destruido más valor económico del que ha creado. Los funcionarios gubernamentales que aprueban las expropiaciones a instancias de desarrolladores con buenos contactos y otros grupos de interés tienen pocos incentivos para garantizar que estas realmente generen los beneficios económicos y sociales que supuestamente las justifican. Además, destruir comunidades y socavar la seguridad de los derechos de propiedad reduce, como era de esperarse, la inversión y el desarrollo a largo plazo.

En 2005, la Corte Suprema reafirmó en gran medida el caso Berman en una decisión muy reñida de 5 a 4 en Kelo v. City of New London, que confirmó la expropiación de viviendas con el fin de promover el "desarrollo económico" privado. Kelo provocó una enorme reacción política y jurídica, ya que cuarenta y cinco estados promulgaron leyes de reforma del dominio eminente, y múltiples tribunales supremos estatales rechazaron el caso Kelo como guía para la interpretación de las cláusulas de uso público de sus constituciones estatales. Sin embargo, muchas de las nuevas leyes de reforma imponen pocas o ninguna restricción significativa al uso del dominio eminente, y aún queda mucho por hacer para frenar por completo este tipo de abuso.

Las decomisos de bienes son otra área en la que la débil protección de los derechos de propiedad conduce a abusos que perjudican de manera desproporcionada a los más desfavorecidos. En muchos estados, las autoridades pueden confiscar bienes que supuestamente se utilizaron en la comisión de un delito, incluso si el propietario nunca fue acusado ni condenado por nada, y aun cuando no haya tenido participación alguna en el supuesto delito.

Y, con frecuencia, se le otorga muy poco debido proceso a la víctima. Incluso cuando se ha cometido un delito, los decomisos suelen ser enormemente desproporcionados en relación con la infracción. En un caso que se encuentra actualmente ante la Corte Suprema, el estado de Alaska confiscó un avión de 95.000 dólares propiedad de un piloto de "bush" (de regiones apartadas) porque había transportado ilegalmente un paquete de seis latas de cerveza.

Al igual que la zonificación excluyente y el uso de la expropiación, las decomisos de bienes perjudican de manera desproporcionada a los pobres y a las minorías. La confiscación de un auto o de un bien similar les afecta mucho más que a los ricos. Para una persona de clase trabajadora, puede significar la pérdida de su empleo u otros daños graves. Además, a las personas de menores recursos les resulta más difícil costear los gastos de impugnar la incautación ante un tribunal, los cuales a menudo son casi tan elevados o más que el valor del bien incautado.

Algunos, tanto de izquierda como de derecha, buscan resolver el desplazamiento habitacional aumentando la anulación estatal de los derechos de propiedad en lugar de reducirla. Pero tales esfuerzos tienden a ser perjudiciales y contraproducentes. El control de rentas, a menudo promocionado como una solución para los altos costos de vivienda, tiene una larga historia de agravar la escasez de viviendas al reducir la cantidad de propiedades en el mercado. El plan del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de confiscar muchos departamentos bien podría ser aún peor. Quienes en la derecha esperan abordar la crisis de vivienda mediante la deportación de inmigrantes están igualmente equivocados. El aumento de las deportaciones agrava los problemas de vivienda porque los inmigrantes indocumentados constituyen una parte desproporcionada de la fuerza laboral en la construcción.

El control estatal de la propiedad también suele amenazar las libertades civiles. El esfuerzo de la administración de Trump por utilizar a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para obligar a las emisoras a mantener a los críticos fuera del aire aprovecha el control que tiene la FCC sobre las frecuencias de transmisión. Lamentablemente, no es ni mucho menos la primera vez que se utiliza a la FCC para atacar a los opositores políticos del partido en el poder, aunque los esfuerzos de Trump son particularmente atrozes. Como demostró el economista y premio Nobel Ronald Coase en un artículo clásico de 1959, podemos eliminar esta amenaza a la libertad de expresión aboliendo la FCC y convirtiendo las frecuencias de transmisión en propiedad privada.

Por razones similares, debemos resistirnos tanto a los esfuerzos de la administración de Trump como a los de los socialistas democráticos de izquierda para que el gobierno federal se apropie de gran parte de las principales industrias. Como es de esperarse, tales planes conducirán a bienes y servicios de menor calidad y le darán al gobierno una herramienta para suprimir la diversidad y atacar a los opositores.

Conclusión

No puedo ofrecer una exposición exhaustiva de los derechos de propiedad en un solo ensayo, ni abordar todas las posibles objeciones a los mismos. Pero los liberales harían bien en reconocer la importancia central de la propiedad privada para el proyecto liberal en su conjunto, y en apoyar al menos la presunción de que la tierra y los activos productivos deben ser de propiedad privada, y que se permita a los propietarios usar la propiedad como mejor les parezca, salvo que se demuestre que dicho uso representa una amenaza grave para la salud o la seguridad públicas. Ya seas un libertario que enfatiza el papel de los derechos de propiedad en la promoción de la libertad y la felicidad humana, un igualitario enfocado en los intereses de los pobres y desfavorecidos, o una combinación de ambos, tienes buenas razones para apoyar el fortalecimiento de la protección de los derechos de propiedad privada.

Este artículo fue publicado originalmente en Liberalism.org (Estados Unidos) el 2 de septiembre de 2026.