El panóptico digital: por qué la vigilancia automatizada amenaza a una sociedad libre

En un ensayo publicado en The Atlantic titulado "En defensa de Flock", Charles Fain Lehman, del Manhattan Institute, reconoce acertadamente un principio fundamental de la criminología: la certeza de ser detenido constituye un potente factor disuasorio contra el delito. Sin embargo, al presentar la vigilancia automatizada como una panacea tecnológica, Lehman ignora la disyuntiva fundamental que subyace en el corazón de una sociedad libre. Como advirtió Benjamin Franklin en su famosa frase: "Quienes renuncian a la libertad esencial a cambio de un poco de seguridad temporal no merecen ni la libertad ni la seguridad".

Para poner a prueba la tesis de Lehman, basta con aplicar su lógica a su propia puerta. Imagina que el departamento de policía local instalara una cámara de alta resolución en un poste apuntando directamente a su puerta principal. Según su propia lógica, Lehman debería estar encantado: la cámara disuadiría a los posibles ladrones y, en caso de que un intruso la ignorara, capturaría cada uno de sus movimientos con gran detalle para garantizar una rápida detención.

Naturalmente, este sistema requiere que los funcionarios del gobierno observen cada detalle de la vida privada de Lehman. Con la resolución suficiente, los operadores podrían registrar los paquetes entregados en su porche, rastrear cada una de sus salidas y regresos, anotar cuándo saca a pasear a su perro y monitorear cuándo sus hijos salen para la escuela. Según el marco de Lehman, nada de esto debería molestarle; es simplemente el precio de la lucha contra el crimen. Puede que su casa nunca sea robada, pero el costo es la vigilancia estatal continua de su hogar.

Lehman sugiere que las cámaras omnipresentes reducirán, en última instancia, el número de ciudadanos que ingresan al sistema de justicia penal. Si bien reducir la delincuencia es algo universalmente deseable, su tesis se basa en una premisa peligrosa. En un intento por calmar la ansiedad pública, Lehman contrasta la supervisión estadounidense con los aparatos de vigilancia omnipresentes de regímenes autoritarios como la República Popular de China, lo que sin querer resalta la trayectoria preocupante de su argumento. Llevado a su extremo lógico, la prevención absoluta del crimen requeriría un confinamiento proactivo y universal: si ningún individuo goza de libertad de movimiento, no puede ocurrir ningún delito. Una sociedad libre acepta deliberadamente un nivel básico de riesgo para evitar la opresión sancionada por el Estado.

La rápida expansión de las redes de lectores automáticos de placas (ALPR, por sus siglas en inglés) en las ciudades estadounidenses —impulsada por proveedores privados como Flock Safety— representa una de las expansiones más radicales del rastreo interno en la historia moderna. Los defensores presentan estas redes como alternativas objetivas e imparciales a las detenciones de tráfico subjetivas, prometiendo reducir la delincuencia al tiempo que eliminan el sesgo humano. Al hacerlo, suelen desestimar la preocupación pública como paranoia populista o una defensa implícita de la ilegalidad.

Sin embargo, esta narrativa a favor de la vigilancia se basa en un malentendido fundamental sobre el papel del gobierno en una república constitucional e ignora la realidad de que el poder institucional es inevitablemente objeto de abuso. Lejos de ser un igualador imparcial, las redes de vigilancia privadas construyen un panóptico inconstitucional que automatiza el error policial, imita el rastreo autoritario e invita al abuso sistémico.

Los defensores argumentan que los algoritmos informáticos eliminan la discreción humana, lo que da lugar a un sistema más justo y menos punitivo. En la práctica, la vigilancia automatizada simplemente cambia la subjetividad humana por fallas algorítmicas. Los algoritmos con frecuencia malinterpretan las placas de vehículos —confundiendo el número cero con la letra O, interpretando erróneamente emblemas estatales especializados o fallando por completo debido a la mala iluminación, el clima o la suciedad de la carretera.

Las consecuencias de estos errores técnicos están lejos de ser hipotéticas; causan daños graves y reales a personas inocentes. En Colorado, Kyle Dausman ha sido objeto de repetidas detenciones de tránsito porque las cámaras de Flock interpretaron mal su matrícula y la marcaron como una “coincidencia” para los oficiales, indicando falsamente que la matrícula de Dausman está vinculada a una orden de aprehensión. También en Colorado, Chrisanna Elser fue acusada falsamente de robo de un paquete después de que una cámara de Flock la vinculara con una casa en la que nunca había estado. De manera similar, Angela Lipps, una abuela de Tennessee, pasó más de cinco meses en la cárcel después de que el reconocimiento facial con IA la vinculara con un delito en Dakota del Norte, un estado en el que ni siquiera ha estado.

Cuando un software automatizado malinterpreta una matrícula, genera una alerta inmediata de alta prioridad por un vehículo robado o un delincuente en fuga. Los agentes que acuden al lugar inician entonces una interceptación por delito grave de alto riesgo, lo que pone en peligro inmediato tanto a conductores inocentes como a los propios agentes. Lejos de hacer que la labor policial sea menos punitiva, la tecnología de vigilancia delega la sospecha razonable en un software defectuoso, transformando pequeños errores informáticos en encuentros policiales que ponen en riesgo la vida.

Los defensores de estos sistemas suelen citar la eficiencia operativa. En los Estados autoritarios, las redes generalizadas de cámaras se integran con bases de datos centralizadas de inteligencia artificial para monitorear los desplazamientos en tiempo real, creando perfiles de comportamiento detallados con el fin de ejercer control social. Al unir cámaras municipales, comerciales y residenciales en una red nacional con capacidad de búsqueda, los proveedores privados estadounidenses operan bajo exactamente la misma lógica estructural.

Argumentar que dicha eficiencia se justifica por la reducción de la delincuencia es adoptar una premisa fundamentalmente autoritaria: que la conveniencia del Estado prevalece sobre la libertad individual. La Constitución de Estados Unidos fue diseñada específicamente para limitar la eficiencia gubernamental a fin de preservar la libertad.

Además, los defensores sostienen que los registros de auditoría internos y las reglas de justificación de consultas evitan el uso indebido. La evidencia histórica demuestra que los registros de auditoría funcionan simplemente como registros a posteriori de infracciones, en lugar de como barreras activas contra la corrupción. Agentes de todo el país han sido investigados y procesados por utilizar bases de datos de rastreo de ubicación para acosar a ex parejas sentimentales, vigilar a rivales personales y hostigar a ciudadanos comunes. Poner a disposición de las fuerzas del orden los historiales de desplazamientos a nivel nacional y en tiempo real crea una herramienta irresistible para el acoso oficial.

Recuperar la privacidad constitucional frente a los proveedores de vigilancia privada requiere una acción audaz y específica a nivel federal. Las redes locales de cámaras no se quedan en lo local; sin límites legales, las bases de datos municipales se fusionan inevitablemente en una matriz de monitoreo nacional.

Las estrategias legislativas ofrecen un marco claro para desmantelar esta red de vigilancia. El diputado Tim Burchett (República de Tennessee) ha presentado un proyecto de ley para prohibir que las agencias federales compren o accedan a sistemas de vigilancia automatizados como las cámaras Flock, y para prohibir que los gobiernos estatales y locales utilicen fondos federales en tecnología de vigilancia.

El diputado Thomas Massie (Republicano de Kentucky) ha indicado que tiene la intención de presentar un proyecto de ley que, al igual que la Ley de Protección contra la Vigilancia Masiva de Burchett, se enfocaría en los incentivos financieros que impulsan la proliferación de cámaras, proponiendo condicionar las subvenciones federales —del Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia y los programas de seguridad vial— a que las jurisdicciones no implementen sistemas masivos de vigilancia ALPR. Como complemento a este esfuerzo, la diputada Anna Paulina Luna (Republicana de Florida) ha indicado que está trabajando en un proyecto de ley para prohibir por completo las cámaras Flock.

Cuando un error de lectura algorítmica por parte de un proveedor de vigilancia comercial provoca que un automovilista inocente sea detenido a punta de arma, las víctimas no deben quedarse sin recurso. Empresas como Flock Safety diseñan y licencian tecnología creada específicamente para desencadenar intervenciones policiales rápidas y de alto riesgo. Cuando esos sistemas fallan, las víctimas merecen que se les escuche en una corte. El Congreso debería aprobar una ley federal que establezca explícitamente un derecho de acción privado que autorice a las víctimas de errores de vigilancia automatizada a demandar directamente a los proveedores de tecnología ante una corte federal por daños y perjuicios civiles.

Este recurso legal debe complementar —no reemplazar— los litigios de derechos civiles contra los departamentos de policía que implementan estos sistemas. Dadas las tasas de fallo documentadas de los ALPR, una coincidencia no verificada nunca debería servir como escudo constitucional para los oficiales o los municipios. Cuando los departamentos implementan tecnología que se sabe que produce altas tasas de falsos positivos, la agencia debe estar al tanto. Por lo tanto, seguir confiando en los resultados de un algoritmo no debería considerarse como buena fe objetiva bajo la Cuarta Enmienda.

La verdadera rendición de cuentas requiere que se haga responsable a cada eslabón de la cadena: las empresas que fabrican y operan las herramientas automatizadas, las jurisdicciones que las compran y los oficiales que realizan controles de tráfico de alto riesgo basados en alertas no verificadas. La responsabilidad financiera no solo compensa a los ciudadanos cuyos derechos constitucionales han sido violados, sino que también crea un poderoso desincentivo de mercado contra el uso de tecnología de vigilancia defectuosa. Si bien los estados y los municipios pueden, y deben, seguir el ejemplo de ciudades como Chandler, Arizona, al rescindir contratos al estilo de Flock, la legislación federal es esencial para garantizar la responsabilidad legal a nivel nacional cuando estos sistemas inevitablemente fallan.

Flock es solo una pieza más de un estado de vigilancia en plena expansión. La posible caída de la empresa no debe atribuirse a una legislación dirigida específicamente contra los ALPR, sino a la aplicación firme de la Cuarta Enmienda en sí misma. En una sociedad libre, las empresas que prosperan al infringir los derechos constitucionales no deberían ser económicamente viables.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 13 de agosto de 2026.