Trump ofrece incentivos para la energía nuclear, pero ¿alguien se animará?

Recientemente, la administración de Donald Trump anunció que ofrecerá $17.500 millones en financiamiento para construir cinco nuevas centrales nucleares de dos reactores, equipadas con el reactor de gran tamaño AP1000 de Westinghouse Electric. La oferta se produce inmediatamente después del anuncio que hizo Trump en noviembre pasado sobre un acuerdo de 80 mil millones de dólares con Westinghouse, destinado a impulsar la construcción de una flota de nuevos reactores en Estados Unidos.

Que el gobierno destine dinero (y otras ventajas) a la energía nuclear no es nada nuevo. Pero ambos anuncios, tomados en conjunto, le dan un nuevo giro a la práctica de los políticos de elegir a los ganadores y perdedores en el mercado: según el acuerdo de noviembre, el Tío Sam podría obtener una participación accionaria del 20 por ciento en Westinghouse si su negocio nuclear prospera en los próximos años. En un artículo que escribí en ese momento, predije que probablemente eso no sucedería: la energía nuclear no tiene sentido desde el punto de vista comercial, como detalló recientemente el economista especializado en energía Steve Thomas en la revista de políticas de Cato, Regulation, y es dudoso que las empresas de energía asuman tal riesgo. Al parecer, mi predicción ha sido acertada hasta ahora, por lo que la administración de Trump está ofreciendo un incentivo para poner las cosas en marcha.

El financiamiento anunciado prevé $3.500 millones en préstamos federales por planta, mientras que Westinghouse y las empresas de energía beneficiarias aportarán mil millones de dólares de sus propios fondos a cada proyecto, lo que les da algo de "interés personal en el asunto". Según el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, existe un "enorme interés" en la iniciativa.

Pero el interés es una cosa, y las plantas nucleares terminadas son algo completamente distinto.

La última vez que el Tío Sam se metió en el tema de la energía nuclear fue a principios de la década de 2000, bajo el Programa de Energía Nuclear 2010 de George W. Bush. Atraídas por las garantías de préstamos del gobierno y los subsidios a las tarifas, las empresas de energía propusieron rápidamente unos 30 reactores. Pero el interés se desvaneció después de que esas empresas analizaran las cifras financieras y descubrieran que no cuadraban. Solo se iniciaron las obras de cuatro reactores, y apenas dos —las unidades 3 y 4 de la central A.W. Vogtle en Georgia— entraron finalmente en servicio.

Vogtle muestra por qué las otras empresas de energía se echaron para atrás: la construcción de esas dos unidades —que, cabe destacar, cuentan con reactores AP1000 de Westinghouse— comenzó en 2013 (aunque los trabajos preliminares en el sitio comenzaron en 2009). Se esperaba que estuvieran listas en 2016/2017 con un costo de poco más de 14 mil millones de dólares. Pero los reactores no entraron en operación hasta 2023/2024, con un costo de 30 mil millones de dólares. Ese es un patrón común en la energía nuclear: hay que esperar que tarde el doble de tiempo y cueste el doble de lo proyectado.

Cuando se le preguntó sobre el costo de 30 mil millones de dólares de la planta de Vogtle en comparación con los 4.5 mil millones de dólares previstos por la iniciativa de financiamiento de Trump, Wright afirmó que esta vez las cosas serán diferentes. Construir "a escala de flota" permitirá a la industria evitar la carga de costos de Vogtle, que él atribuyó a una mala planificación, a problemas en la cadena de suministro y a la pandemia (que ocurrió entre tres y cuatro años después de la fecha prevista para la finalización de Vogtle). En su opinión, las centrales nucleares son como autos en una línea de ensamblaje: cuantas más unidades se construyan, menor será el costo total por unidad. Pero, como explica Thomas en su artículo de Regulation, las centrales nucleares se construyen a medida y ofrecen economías de escala mínimas.

Este impulso a la energía nuclear resulta desconcertante no solo porque los aspectos económicos son desalentadores, sino también debido a otras políticas de Trump. Si el gobierno realmente está interesado en aumentar el suministro de electricidad de Estados Unidos (en parte para alimentar nuevos centros de datos), ¿por qué está gastando miles de millones de dólares de los contribuyentes para que las empresas eólicas no construyan instalaciones de generación? Además, ¿por qué el gobierno está tan interesado en la energía nuclear, dada su hostilidad hacia las preocupaciones sobre el cambio climático (aunque incluso un impuesto razonable al carbono no haría que la energía nuclear fuera competitiva frente a otras fuentes de energía de bajas emisiones o sin emisiones)?

Quizás la respuesta sea el socialismo nuclear: Trump quiere impulsar una industria en la que el Tío Sam podría tener una participación accionaria. Esto forma parte de un patrón más amplio de socialismo corporativo de Trump, con participaciones del gobierno en Intel, US Steel, MP Materials, Lithium Americas, Trilogy Metals, Vulcan Elements, ReElement Technologies, Korea Zinc, USA Rare Earth, L3Harris Technologies, Anduril, xLight y otras empresas.

Volviendo específicamente a la energía nuclear, ¿no hay ninguna posibilidad de que esta tecnología llegue a tener sentido desde el punto de vista económico? Nunca digas nunca, pero las probabilidades son muy bajas. Esto se aplica no solo a los reactores grandes como el AP1000, sino también a los "reactores modulares pequeños" (SMR), ahora tan alabados por algunos políticos y sectores de la industria. Como explica Thomas en su artículo, los SMR enfrentan los mismos problemas y son de diseño personalizado al igual que sus hermanos mayores, pero con una producción mucho menor. Una vez más, nunca digas nunca, pero es una mala política que los políticos impongan esta tecnología madura —ya sea de reactores grandes o pequeños— a los contribuyentes y a los usuarios de servicios públicos.

Mi colega de Cato, Travis Fisher, lo expresó muy bien cuando cuestionó que el poder ejecutivo se haya involucrado tan profundamente en el negocio de la electricidad, especialmente cuando una futura administración podría ofrecer incentivos a tecnologías completamente diferentes. Eliminar las barreras de entrada y permitir que las empresas de energía construyan instalaciones de generación que superen la prueba del mercado sigue siendo una política mucho mejor que la de que el gobierno elija a los ganadores y perdedores —especialmente cuando actúa como propietario, banquero y regulador de esos competidores.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 6 de julio de 2026.