Por qué el caso de los aranceles nunca se redujo únicamente a los aranceles

En 2029, una presidenta demócrata declara una emergencia climática. No recurre al Congreso. No promulga nuevas regulaciones a través de la EPA. En su lugar, invoca la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, alega un informe de seguridad nacional que vincula los combustibles fósiles con adversarios extranjeros y, mediante un decreto presidencial, prohíbe por completo la importación de vehículos de gasolina. El gancho legal es la amplia autorización de la IEEPA para regular y detener el comercio durante una emergencia declarada, la misma que utilizó la administración Trump para los aranceles.

El barniz de política exterior se escribe solo: la economía del carbón de China crea refugiados climáticos, los ingresos petroleros de Rusia socavan las instituciones políticas ucranianas y la dependencia estadounidense es una vulnerabilidad estratégica. Si la Corte Suprema hubiera fallado en sentido contrario en Learning Resources contra Trump, esa presidenta habría tenido una hoja de ruta clara, y ningún obstáculo legal serio.

Lo que los críticos de la derecha pasan por alto —y los de la izquierda minimizan— es que el caso Learning Resources nunca se limitó a los aranceles.

La popular narrativa de los medios y progresista narrativa —de que la Corte de Roberts es un sello de goma para la administración Trump— siempre fue exagerada. Learning Resources pone fin a esa narrativa. Se sitúa junto a Youngstown Sheet & Tube contra Sawyer (1952) como uno de los rechazos judiciales más significativos del poder ejecutivo. En Youngstown, la Corte falló por 6 a 3 en contra de la expropiación de las acerías por parte del presidente Truman para apoyar a los soldados estadounidenses que luchaban contra los comunistas en Corea.

Truman tenía motivos para esperar deferencia: los nueve jueces habían sido nombrados por demócratas, las fuerzas estadounidenses habían sufrido más de 100.000 bajas y el propio predecesor de Truman, el presidente Roosevelt, había nacionalizado plantas en tiempos de paz en 1941 sin interferencia judicial. La Corte se mantuvo firme de todos modos. Learning Resources tiene un peso institucional similar.

Ahora, la crítica jurídica. John Eastman —al igual que los magistrados disidentes Kavanaugh, Thomas y Alito— argumenta que la IEEPA, "según los principios normales de interpretación de las leyes", autoriza los aranceles del presidente. El término "regular la importación" ha sido objeto de controversia, y Nixon impuso aranceles del 10% en virtud de una ley diferente pero con un texto legal idéntico en 1971; las cortes le dieron la razón. En materia de asuntos exteriores, el Congreso suele actuar con amplitud de miras, y las cortes suelen deferir al presidente.

Estos no son argumentos frívolos. Pero a los críticos se les escapa algo tanto en lo que respecta a la ley como a la política.

Sobre la ley: los aranceles no son solo una cuestión de asuntos exteriores, sino que son un tipo de impuesto y una fuente de ingresos, y la facultad constitucional de establecer y recaudar derechos aduaneros recae exclusivamente en el Congreso. Eastman invoca la amplia opinión incidental de la Corte en United States v. Curtiss-Wright Export Corp. (1936) sobre el presidente como "único órgano" en asuntos exteriores, pero el presidente de la Corte Suprema Roberts —en su voto particular discrepante en Zivotofsky (2015)— ya ha señalado que los precedentes de la Corte "nunca han aceptado una interpretación tan amplia del poder ejecutivo". La deferencia en materia de asuntos exteriores tiene límites, y esos límites son más importantes cuando el presidente comparte el poder con el Congreso.

En cuanto a la política, los críticos pasan por alto que esta teoría es un regalo para el Estado administrativo. Durante décadas, los presidentes de ambos partidos han recurrido cada vez más a la acción unilateral cuando el Congreso se bloquea. Las declaraciones de emergencia se han convertido en herramientas habituales de gobernanza, y las cortes a menudo las han aceptado, especialmente cuando se invoca la política exterior o la seguridad nacional.

La Corte de Roberts ha trazado un rumbo diferente, adoptando la doctrina de las cuestiones importantes —que exige que el Congreso se pronuncie claramente antes de que el ejecutivo pueda decidir sobre asuntos de gran importancia económica y política—. Ese marco ya ha limitado a las administraciones demócratas: la Corte rechazó los cambios normativos de la administración Biden relativos a la condonación de préstamos estudiantiles, la regulación climática y de emisiones y las obligaciones de vacunación contra COVID-19 por motivos relacionados con cuestiones importantes.

Eastman argumenta además que los aranceles "desempeñan una doble función" —simultáneamente como impuestos e instrumentos de política exterior— y que las herramientas de política exterior de un presidente eclipsan el poder del Congreso. Pero, si se acepta sin límites, este argumento reduce gran parte de la política interior a asuntos exteriores. La salud pública, las emisiones de carbono, la política tecnológica, la privacidad financiera: todas tienen dimensiones internacionales. Según la lógica de Eastman, un presidente podría invocar la autoridad de emergencia y remodelar amplios sectores de la economía nacional mientras se amparaba en el manto de los asuntos exteriores. La categoría lo abarca todo.

La Corte, en el caso Learning Resources, trazó una línea. Se negó a interpretar amplios poderes económicos en una ley que no los otorga claramente, y aplicó esa disciplina en un contexto de asuntos exteriores en el que históricamente se ha mostrado más reacio a hacerlo. Se trata de un avance significativo en el proyecto originalista de la Corte: un freno no solo a los poderes arancelarios de este presidente, sino también al sistema de gobernanza de emergencia que heredará todo futuro presidente.

Para los conservadores frustrados por el resultado, el mundo en el que las leyes de emergencia se interpretan con amplia deferencia hacia el presidente es un mundo que la próxima administración progresista heredará en su totalidad. Para los progresistas tentados a descartar Learning Resources como un caso aislado: la Corte —concebido por los Padres Fundadores como el poder más débil del Estado— acaba de rechazar una prioridad de política exterior del presidente.

Es una señal de la buena salud de la república que la Corte pueda rechazar la principal prioridad de política exterior de un presidente, y que el presidente respete esa decisión.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 22 de abril de 2026.