El palo y la zanahoria: el Seguro Federal de Depósitos es una trampa para los bancos comunitarios
Norbert Michel dice que si el Congreso realmente quiere ayudar a que los bancos comunitarios prosperen, confiará en que los mercados competitivos —y no las garantías estatales— son la mejor forma de prestar servicios bancarios a los estadounidenses, vivan donde vivan.
Por Norbert Michel
La mayoría de los miembros del Congreso, como es comprensible, quieren garantizar que incluso las personas que viven fuera de las principales ciudades de Estados Unidos tengan acceso a los servicios bancarios. Consideran que los "grandes bancos" son una amenaza, sobre todo en el contexto de la tendencia a largo plazo hacia la consolidación del sector bancario. De hecho, los políticos de ambos partidos expresan regularmente su preocupación por el escaso número de nuevas entidades bancarias creadas desde 2010. También les preocupa que la gente esté abandonando los bancos más pequeños porque cree que los bancos más grandes siempre serán rescatados en tiempos de crisis (Por cierto, eso no fue lo que ocurrió durante las quiebras bancarias de 2023).
Aunque muchos miembros del Congreso han trabajado para solucionar estos problemas reduciendo las onerosas regulaciones para los bancos más pequeños, los costos regulatorios siguen siendo elevados. Aparte de los gastos adicionales asociados a la Ley Dodd-Frank de 2010, el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario de 1970 ha resultado especialmente costosa para los bancos comunitarios (Las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario han impulsado incluso el creciente fenómeno conocido como "debanking").
Otros miembros del Congreso han tratado de reforzar los bancos comunitarios aumentando los límites del seguro de depósitos proporcionado por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC). Aunque este enfoque pueda parecer razonable, sobre todo porque los pequeños bancos rurales fueron los principales defensores de la creación del seguro federal de depósitos en un principio, muchos banqueros comunitarios se han pronunciado en contra de los últimos esfuerzos por elevar los límites máximos del seguro de la FDIC. Cada vez más, están asumiendo el hecho de que el seguro de la FDIC fue el pecado original del sector bancario. Con el tiempo, la carga regulatoria que conllevaba el respaldo federal resultó ser más costosa que la protección que ofrecía.
Los estados exigen ahora a los bancos —incluso a los bancos autorizados por los estados— que cuenten con el seguro de la FDIC antes de aceptar depósitos, y los bancos que ofrecen a sus clientes el seguro de la FDIC se someten voluntariamente al marco regulatorio federal (Que el gobierno federal se haga cargo de los costos de las quiebras bancarias libera a los estados de toda responsabilidad. Para siempre). Durante décadas, el Congreso ha utilizado el seguro de la FDIC para justificar una mayor implicación federal en la banca, y esas regulaciones son ahora una auténtica pesadilla.
En pocas palabras, el seguro de la FDIC es la principal razón por la que los bancos están regulados hasta la saciedad.
Por la razón que sea, la administración Trump se ha obsesionado con elevar el límite del seguro de la FDIC, una política que entra en conflicto directo con sus esfuerzos por reducir la regulación de los bancos comunitarios. En el Congreso, esta iniciativa comenzó con un intento de elevar el límite de la FDIC a 20 millones de dólares. Al no conseguir suficiente apoyo, esa cifra se redujo a 10 millones de dólares. Ahora, miembros tanto de la Cámara de Representantes como del Senado están tratando de obligar a la propia FDIC a elevar el límite (a través de la reglamentación oficial) a no más de 5 millones de dólares.
Aparte de la cifra concreta, elevar el límite es una solución en busca de un problema, y el Congreso debería dejar que esta idea muera. Los depositantes de a pie no se benefician de elevar el límite porque ya es mucho más alto que lo que incluso el estadounidense rico típico tiene en una cuenta bancaria. Además, muchos de los problemas que inquietan al Congreso sobre el sector bancario son tendencias a largo plazo, impulsadas por la regulación y la tecnología. En todo caso, el seguro de la FDIC ha agravado el problema regulatorio y ha ralentizado el ritmo al que los bancos pueden innovar. Aumentar el límite no solucionará estos problemas.
Desde la década de 1980, los bancos se han convertido en "menos en número y más grandes en tamaño", con un descenso constante del total desde su máximo de más de 14.000 bancos (Esta cifra representa las entidades aseguradas por la FDIC). En 2005, había aproximadamente 9.000 bancos, y en 2020, el total se había reducido a solo 5.000. Entre 2010 y 2020, solo se concedieron 48 nuevas licencias de bancos comerciales.
Durante este tiempo, el número de sucursales bancarias siguió una tendencia diferente. Partiendo de unas 39.000 sucursales en 1980, la cifra alcanzó su máximo en unas 82.500 en 2009. Tras la crisis financiera de 2009, el número de sucursales comenzó a descender, hasta situarse en un total de aproximadamente 69.000 en 2025 (Mientras se producían estos cambios, la población de Estados Unidos pasó de 227,2 millones en 1980 a aproximadamente 340 millones en 2025).
Hay muchas razones que explican estos cambios, entre ellas la legalización en 1994 de la apertura de sucursales bancarias interestatales (la Ley Riegle-Neal) y las mejoras tecnológicas que hicieron posible la banca móvil y en línea. Independientemente de las razones, es perfectamente lógico que estas tendencias a largo plazo —menos bancos pero con más activos, junto con menos sucursales— tiendan a inquietar a la gente (especialmente a los políticos).
El sector bancario se enfrenta a muchos retos, entre ellos la consolidación, la disminución de la creación de nuevos bancos y el cierre de sucursales en las comunidades rurales. Estas cuestiones merecen soluciones serias. Pero aumentar el límite máximo del seguro de la FDIC no es una de ellas. Aumentar el límite máximo profundizaría la implicación federal en la banca, acumularía más regulaciones y no haría nada para abordar las fuerzas subyacentes que están remodelando el sector.
Si el Congreso realmente quiere ayudar a que los bancos comunitarios prosperen, confiará en que los mercados competitivos —y no las garantías estatales— son la mejor forma de prestar servicios bancarios a los estadounidenses, vivan donde vivan. Reducirá las cargas regulatorias que están asfixiando a los bancos y sacará al gobierno federal del negocio de elegir ganadores y perdedores.
Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 30 de marzo de 2026.