La exención del impuesto mínimo global de Estados Unidos es una ilusión de soberanía

Los partidarios del nuevo acuerdo "paralelo" del Pilar Dos de la OCDE, que excluye a Estados Unidos del impuesto mínimo global, afirman que el acuerdo protege la soberanía fiscal estadounidense y preserva la autoridad del Congreso sobre la legislación fiscal nacional.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, calificó el acuerdo como una victoria para la soberanía estadounidense, afirmando que protegerá a las empresas nacionales de la tributación extraterritorial.

Esa afirmación merece un análisis más detallado. Si el acuerdo funciona como se pretende, no preserva la soberanía del Congreso sobre la legislación fiscal nacional, sino que la limita.

Las salvaguardias fiscales estatutarias y efectivas del acuerdo fijan las normas fiscales actuales, lo que obliga a los futuros Congresos a ceñirse a una estrecha gama de políticas fiscales aceptables, a menos que estén dispuestos a exponer a las empresas estadounidenses a la norma de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos sobre beneficios extraterritoriales infravalorados, o UTPR.

Estados Unidos no ha adoptado formalmente el Pilar Dos, pero el acuerdo paralelo importa silenciosamente su camisa de fuerza legislativa por la puerta trasera.

Restricción, no soberanía

El acuerdo paralelo se entiende mejor como una operación de rescate. El Pilar Dos, que la administración Biden acordó en principio en 2021, fue diseñado para imponer un impuesto mínimo coordinado del 15% en todo el mundo a través de una compleja red de normas complementarias.

Desde el principio, el Pilar Dos adoleció de un diseño excesivamente complejo, una aplicación desigual y unos intereses nacionales muy divergentes. A pesar del apoyo constante de la administración Biden, el Congreso se mantuvo profundamente escéptico con respecto al acuerdo y rechazó las normas modelo mientras estuvo bajo el control de demócratas y republicanos.

El acuerdo paralelo reconoce la oposición de la administración Trump a las normas de la OCDE y reconoce que Estados Unidos ya cuenta con un sistema fiscal internacional que, en la práctica, puede ser más restrictivo que el Pilar Dos, lo que da lugar a tipos impositivos efectivos más elevados.

En virtud del acuerdo paralelo, los grupos multinacionales con sede en Estados Unidos están exentos de la norma de inclusión de ingresos del Pilar Dos y del UTPR. Esta exención se aplica siempre que Estados Unidos mantenga un sistema fiscal que el Marco Inclusivo de la OCDE considere que no plantea "ningún riesgo significativo" de que el tipo impositivo efectivo nacional de las empresas estadounidenses caiga por debajo del mínimo del 15%.

Otros requisitos adicionales son un tipo impositivo legal sobre sociedades de al menos el 20%, un impuesto mínimo mundial y el reconocimiento especial de los impuestos mínimos exigidos por la OCDE a otros países.

Formalmente, el Congreso sigue siendo libre de modificar la legislación fiscal estadounidense. En la práctica, las futuras reformas están ahora condicionadas al permiso de 147 jurisdicciones extranjeras del Marco Inclusivo.

Un futuro Congreso corre el riesgo de desencadenar impuestos complementarios extranjeros sobre los ingresos estadounidenses si reduce el tipo impositivo de las sociedades, reduce la base imponible, deroga un impuesto mínimo, añade nuevos créditos fiscales no reembolsables o decide revisar a fondo el sistema fiscal de las empresas, tal y como propusieron en 2016 el ex presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan y el ex presidente del Comité de Medios y Arbitrios Kevin Brady.

Por eso, las repetidas garantías de que el acuerdo respeta la legislación nacional o la intención del Congreso no vienen al caso.

La soberanía fiscal no es simplemente la protección de las leyes existentes frente a la injerencia extranjera. Es la capacidad de legislar en el futuro sin vetos externos de países como China, Rusia, Francia, Portugal y México.

Al vincular el tratamiento fiscal de las operaciones nacionales de las empresas estadounidenses a los refugios fiscales definidos por la OCDE, el sistema paralelo condiciona la libertad de acción del Congreso a la aprobación extranjera. Se trata de una limitación significativa de la soberanía fiscal.

Osificación o desintegración

De cara al futuro, el acuerdo paralelo apunta a dos futuros plausibles.

El primero es la osificación. Si el acuerdo genera una mayor estabilidad fiscal internacional y sobrevive a la revisión "objetiva basada en pruebas" de 2029, los refugios fiscales podrían consolidarse como límites duraderos a las reformas fiscales del Congreso.

Estados Unidos mantendría el control nominal sobre su código tributario, pero perdería la libertad práctica para llevar a cabo reformas destinadas a atraer la inversión internacional, como recortes de tipos o reformas fiscales mínimas, sin necesidad de consultar a la comunidad internacional.

Peor aún, el acuerdo mantiene vivo el sistema del Pilar Dos el tiempo suficiente para que un futuro Gobierno estadounidense importe al por mayor el sistema diseñado por la OCDE. Si el resultado es la estabilidad fiscal internacional, el Pilar Dos triunfa gracias a su afianzamiento gradual, más que a su adopción formal.

El segundo resultado, y más probable, es el desmoronamiento y la inestabilidad continuada. El sistema paralelo podría marcar el principio del fin del Pilar Dos.

Sin la participación directa de Estados Unidos y un nuevo precedente de excepciones, el marco de la OCDE se centrará cada vez más en la UE, ya que otros países buscarán sus propias formas de retirarse de este sistema complicado e ineficaz. Las empresas de la UE asumirán toda la carga administrativa del marco de la OCDE, sin obtener a cambio ingresos adicionales significativos.

A medida que otros países traten de diseñar sistemas paralelos que cumplan con el Pilar Dos, abandonen los impuestos complementarios nacionales y compitan por la inversión empresarial global mediante nuevos incentivos, el proyecto podría fragmentarse debido a su propia complejidad. En este escenario, el acuerdo paralelo acelera el fin de la armonización fiscal mínima global en lugar de consolidarla y estabilizarla.

El lado positivo

El acuerdo paralelo es perjudicial para Estados Unidos, ya que crea un mundo en el que la autoridad del Congreso para legislar en materia fiscal está implícitamente condicionada a la aprobación extranjera. Ese riesgo por sí solo socava las afirmaciones de que el acuerdo respeta la soberanía de Estados Unidos.

Aun así, es mejor que la alternativa más obvia. La plena aceptación del Pilar Dos por parte de Estados Unidos habría transferido de forma más explícita la autoridad fiscal y la base impositiva estadounidense a un proceso internacional que no rinde cuentas.

Si el sistema paralelo acaba acelerando el colapso del Pilar Dos, puede resultar un paso transitorio útil para alejarse de un proyecto que nunca debería haberse iniciado. Pero se trata de una defensa contingente, y un sistema tan inestable y complejo podría haberse desmoronado más rápidamente en ausencia de un acuerdo paralelo.

Un acuerdo que solo preserva la soberanía si fracasa no es un respaldo sólido. El Congreso debe tener claro lo que supone el acuerdo paralelo. A cambio del alivio inmediato de la tributación extraterritorial, se corre el riesgo de una restricción a largo plazo de la política fiscal nacional.

El acuerdo no puede preservar la soberanía y aportar estabilidad al mismo tiempo. O bien restringe la política nacional o bien acelera el fin del proyecto del Pilar Dos.

Este artículo fue publicado originalmente en Bloomberg Tax (Estados Unidos) el 13 de enero de 2026.