¿Trump excluye a la izquierda de los servicios bancarios?

Muchas personas celebraron la orden ejecutiva del presidente Donald Trump contra la "desbancarización política". Sin embargo, esas mismas personas parecen guardar silencio ahora que el presidente ha creado nuevas presiones para desbancarizar efectivamente a la izquierda.

Ebrima Sanneh, reportero de American Banker, dio a conocer la noticia cuando los bancos comenzaron a lidiar con dos órdenes ejecutivas aparentemente contradictorias. La primera orden se emitió el 7 de agosto. Se basaba en gran medida en la idea de que los bancos han incurrido en "prácticas inaceptables" al restringir el acceso "por motivos políticos o religiosos". Al hacerlo, Trump escribió que es "política de Estados Unidos" que nadie sea excluido de los servicios bancarios por sus creencias políticas.

La segunda orden se produjo el 22 de septiembre. Fue entonces cuando Antifa fue designada oficialmente como "organización terrorista nacional". Unos días más tarde, la Casa Blanca publicó un memorándum en el que se describía cómo debía utilizarse la Ley de Secreto Bancario para "identificar y desarticular las redes financieras que financian" a Antifa con el fin de "garantizar que dicha actividad sea erradicada desde su origen". Por sí sola, esta segunda orden es una pesadilla en materia de cumplimiento.

Hay personas que han hecho objetivamente cosas malas bajo la bandera de Antifa. Sin embargo, al mismo tiempo, Antifa parece ser más una ideología que una organización formal. Teniendo esto en cuenta, no está claro cómo se supone que los bancos deben evitar a Antifa. ¿Deben los bancos incluir en una lista negra a cualquiera que entre con un pin de Antifa? ¿Deben revisar las fotos de las protestas para identificar a los clientes potenciales alineados con Antifa? ¿Deben los documentos de alta incluir un cuestionario sobre los sentimientos del cliente respecto al fascismo?

Para empeorar las cosas, la designación se asemeja a algo sacado del manual de los autoritarios. Los gobiernos autoritarios de todo el mundo han etiquetado a sus oponentes como "terroristas" para aislarlos del sistema financiero. Félix Maradiaga lo experimentó cuando el Gobierno nicaragüense lo etiquetó como terrorista. ¿Su delito? Maradiaga anunció que se presentaba a las elecciones presidenciales contra el veterano presidente Daniel Ortega. Los bancos no tenían voz ni voto sobre si esta designación era correcta o incorrecta. Una vez que Maradiaga fue calificado de terrorista, los bancos se vieron con las manos atadas. Y eso nos lleva de vuelta a la situación actual en Estados Unidos.

Los bancos se encuentran ahora atrapados entre las dos órdenes ejecutivas. ¿Deben cumplir con la designación de terrorista y cerrar las cuentas de los clientes que se han asociado con Antifa? Podrían hacerlo, pero correrían el riesgo de infringir la otra orden ejecutiva al cerrar la cuenta de un cliente por lo que podría describirse como razones políticas.

Todd Baker, miembro del Richard Paul Richman Center de la Universidad de Columbia, describió la situación a American Banker: "Las dos directivas son intrínsecamente contradictorias, y es imposible encontrar una política coherente que las concilie".

Por imposible que sea conciliarlas, este caso es ilustrativo por dos razones principales.

En primer lugar, muestra cómo el enfoque en la expulsión política de los bancos se basa en una premisa cuestionable. Además de la orden ejecutiva del presidente, leyes como la Ley de Acceso Justo a la Banca y la Ley de Garantía de Acceso Justo a la Banca intentan perseguir la exclusión bancaria por motivos políticos. Sin embargo, a pesar de estos intentos, ha sido extremadamente difícil identificar casos de verdadera discriminación política. En cambio, las denuncias de exclusión bancaria por motivos políticos (y religiosos) se han basado en anécdotas poco claras.

En segundo lugar, este caso muestra cómo la exclusión bancaria estatal es la cuestión más fundamental. Puede ser difícil encontrar pruebas claras de discriminación política, pero el hecho de que esta nueva presión de exclusión bancaria provenga del gobierno es evidente. Esto demuestra cómo el gobierno tiene el poder de decidir, en un abrir y cerrar de ojos, quién tiene acceso y quién no. La industria de las criptomonedas se enfrentó a una presión similar cuando la Corporación Federal de Seguros de Depósitos ordenó a los bancos que dejaran de facilitar las actividades relacionadas con las criptomonedas. Otras industrias experimentaron esta presión del gobierno en el marco de la Operación Choke Point.

No nos equivoquemos: la exclusión bancaria es un problema. Sin embargo, un enfoque mejor sería reformar la Ley de Secreto Bancario, prohibir la regulación del riesgo reputacional y eliminar la confidencialidad que ha mantenido al público en la ignorancia. De este modo se minimizarían las consecuencias no deseadas, se eliminarían los abusos bien establecidos y se daría al público la transparencia que tanto necesita.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 13 de noviembre de 2025.