El Salvador: ¡No más derechos!

Cada vez más, y normalmente en el marco de las reuniones multilaterales de organismos como la OEA, se ponen de moda los mil y un derechos que por medio de las firmas de documentos de cuestionable vinculación, nuestros magnánimos políticos tienen a bien regalarnos.

Dictan las tendencias actuales, que entre más incomprensibles  y ambiguos son los “derechos”, más fondos entregan las entidades de cooperación internacional para garantizarlos, y más campañas políticas se hacen usando estos derechos como columna vertebral de todas las promesas electorales. Dentro de la colección de palabras que últimamente se dicen mucho y no significan nada, se pueden mencionar los derechos a: la soberanía alimentaria, la individualidad sexual, la equidad intergeneracional, la justicia climática (¿exigible a quién? ¿Al clima?), a la tecnología reproductiva (especialmente incomprensible en un país como el nuestro, en que la despoblación está lejísimos de ser una preocupación para el Estado).

La ventaja al final, la tienen los políticos, porque con un discurso “políticamente correcto”, prometen derechos que muchos no teníamos idea que podíamos exigir, y al ser éstos tan etéreos, nadie cuestionará si al cabo de unos años, no se ve mayor cambio en las vidas del electorado.

Y sin embargo, pocos políticos se concentran en que la campaña electoral ganadora, que no requiere de la firma de más convenios internacionales, que tendría el apoyo de muchísimos sectores y del voto independiente, sería la promesa de respetar la Constitución. Si bien es cierto que antes de tomar posesión o de iniciar funciones en calidad de funcionarios públicos nuestros políticos juran el respeto a la Constitución y demás leyes de la República, sus actos, como el horroroso decreto 743 (modificó el quórum de la Sala de lo Constitucional), las intenciones empecinadas de algunos partidos de negarle al electorado su derecho constitucional al voto directo (votar por personas y no por banderas), o la constante incógnita del destino final de muchísimos fondos del Estado, nos demuestran que el cumplimiento firme de las normas Constitucionales no está entre las prioridades de nuestros gobernantes.

¿De qué le sirven al electorado las promesas de “justicia climática” o de “soberanía alimentaria”, si en las condiciones de inseguridad de nuestro país, el respeto al artículo 1 de la Constitución que garantiza el derecho a la vida, es opcional? ¿Para qué podemos necesitar más derechos abstractos, si los que son palpables, como el derecho a la propiedad privada, son vulnerados a diario con nuevas tasas impositivas más altas, que van a parar a sacos rotos de un Estado corrupto y con poca cultura de rendición de cuentas? ¿Por qué siguen políticos latinoamericanos, como el presidente electo de Perú, Ollanta Humala, empeñados en venderle al electorado cosas como el “etnocacerismo” (como dice el editorialista Moisés Naím, mejor ni preguntar qué es eso), cuando no están dispuestos a respetar las reglas democráticas de separación de poderes o alternancia?

Eso falta en nuestro país: candidatos que no se comprometan a más, que a respetar y garantizar los derechos que ya de por sí, nos da nuestra Constitución, solo por el hecho de ser personas, ciudadanos salvadoreños, sin el sombrero de jóvenes/mujeres/adultos mayores/ agricultores o estudiantes. Una campaña política cuya única promesa sea el respeto al Estado de Derecho, un lujo por el que la ciudadanía indignada de tanto abuso, tiene que luchar por preservar.