Moody's critica al Tío Sam por su adicción al endeudamiento

El gobierno estadounidense, adicto a la deuda, acaba de perder su calificación crediticia AAA otorgada por Moody's, tras haberla perdido anteriormente por parte de otras agencias de calificación como S&P y Fitch.

Muchos en Washington restaron importancia a esta medida, calificándola de menor importancia o de trato injusto hacia la administración Trump. La verdad es más aleccionadora: una señal de alarma que indica que Estados Unidos ya no es considerado un riesgo crediticio "perfecto" y que los políticos deben dejar de fingir que el crecimiento económico por sí solo puede rescatarnos.

Sí, el desastre es real, y se debe a que el déficit presupuestario habitual —la enfermedad contra la que advirtió el padre fundador Alexander Hamilton, tan preocupado por las finanzas— se ha convertido en la norma.

El momento de la verdad llega cuando los republicanos de la Cámara de Representantes presionan para prorrogar los recortes fiscales de Trump de 2017 con un "proyecto de ley grandioso y maravilloso" (que se aprobó recientemente con dos deserciones del Partido Republicano).

Si se gestiona correctamente, es una buena idea. Pero, aunque la legislación tiene por objeto evitar subidas de impuestos, combina disposiciones modestamente favorables al crecimiento con una serie de costosas concesiones a intereses especiales.

Peor aún, da por sentado que podemos permitirnos otra deuda de entre 3 y 5 billones de dólares sin consecuencias graves. Ese es el tipo de pensamiento mágico que provocó la rebaja de la calificación crediticia.

Desde Hamilton, los políticos estadounidenses comprendieron la importancia de una política fiscal guiada por el espíritu del equilibrio presupuestario, los impuestos bajos y la reducción constante de la deuda. Su visión, combinada con un profundo respeto por el cumplimiento de los contratos y la responsabilidad financiera, convirtió a Estados Unidos en una nación acreedora.

Washington abandonó ese honorable legado en las últimas décadas. La deuda nacional estadounidense en manos del público se acerca rápidamente a los 30 billones de dólares ("trillions" en inglés), y el costo de su servicio se está disparando.

Los pagos de intereses son ahora una de las partidas del presupuesto que más rápido crecen —1 billón de dólares en 2026— y están desplazando a las prioridades fundamentales, lo que nos deja vulnerables a las crisis económicas.

La Oficina Presupuestaria del Congreso advierte de que incluso unas modestas subidas de los tipos de interés podrían suponer cientos de miles de millones de dólares en costos adicionales anuales. No se trata de un problema teórico, sino de una amenaza real y creciente.

Lo que nos lleva de vuelta a la rebaja de la calificación. Históricamente, rebajas como las de S&P en 2011 o Fitch en 2023 no han provocado crisis inmediatas, pero sí aumentan los costos de financiación y erosionan gradualmente la confianza de los inversores.

Las rebajas no son el problema, sino los síntomas de una enfermedad más profunda: la falta de una disciplina fiscal creíble. Los participantes en el mercado no están preocupados porque Moody's haya redactado un informe negativo, sino porque lo que Moody's ha escrito es cierto.

Si nuestra clase política sigue ignorando las advertencias, el mercado hará lo que las agencias de calificación solo insinúan: imponer una disciplina real mediante unos costos de endeudamiento más elevados, una menor demanda de divisas y unas condiciones crediticias más estrictas. China y otros países ya han reducido sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense del 42 % en 2019 al 30 % en la actualidad.

Mientras tanto, el plan fiscal hasta ahora encarna los peores hábitos de Washington. Convierte en temporales las disposiciones más importantes de los recortes fiscales de 2017 para fomentar el crecimiento, como la deducción total de los gastos en equipamiento e investigación y desarrollo, al tiempo que hace permanentes una serie de políticas no relacionadas que favorecen a industrias y grupos de interés privilegiados.

Eso no es una reforma fiscal, es política clientelista disfrazada de economía populista.

Peor aún, los partidarios republicanos del proyecto de ley en la Cámara de Representantes lo justifican con la fantástica afirmación de que es fiscalmente responsable, basándose en la idea de que generará billones de dólares en ingresos gracias al crecimiento. Incluso los modelos más optimistas muestran que el proyecto de ley actual apenas mueve la aguja del crecimiento.

El Gobierno afirma que el crecimiento será enorme una vez que se desregule y se vendan activos, pero estas políticas específicas tardan mucho tiempo en dar frutos.

Qué oportunidad perdida. Según los expertos de la Tax Foundation, con solo cuatro disposiciones permanentes de recuperación de costos —amortización acelerada, deducción de gastos de I+D, deducción total de los gastos de fábricas y reforma de la limitación de los intereses empresariales— se duplicarían con creces los beneficios a largo plazo de la reforma fiscal.

Ahí es donde deberían centrarse los legisladores. No en exenciones fiscales para industrias seleccionadas o créditos energéticos para tecnologías seleccionadas, sino en reformas estructurales que maximicen la inversión, la innovación y la formación de capital en Estados Unidos.

Incluso una política fiscal favorable al crecimiento debe ir acompañada de una restricción real del gasto, algo que no hemos visto en serio desde la década de 1990. De lo contrario, cualquier beneficio derivado de una mejor política fiscal se verá empañado por los números rojos.

La lección de Moody's, y de la historia, es que Estados Unidos no puede alcanzar la prosperidad a base de endeudarse. Esa era la opinión del exsecretario del Tesoro Andrew Mellon en la década de 1920, y sigue siendo cierta hoy en día.

Mellon se preparó discretamente para el impago de la deuda acumulando superávits presupuestarios, sabiendo que, aunque los pagos internacionales pudieran fallar, los ciudadanos estadounidenses tendrían que seguir cobrando. Eso era cuando los secretarios del Tesoro respetaban a los contribuyentes.

Ahora, como entonces, nos encontramos en una encrucijada. ¿Restableceremos los principios hamiltonianos de prudencia fiscal o continuaremos por un camino en el que las rebajas de calificación se convierten en impagos y nuestros acreedores deciden las condiciones de la política fiscal estadounidense?

El siguiente paso corresponde al Congreso. Los legisladores no pueden decir que no se les advirtió. Si vuelven a suspender la prueba de prudencia fiscal, todos pagaremos el precio.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 22 de mayo de 2025.