México: Potencial desaprovechado

Isaac Katz considera que "El gran problema que históricamente ha tenido México es que las instituciones se han diseñado para favorecer y permitir la extracción de rentas en lugar de generar los incentivos para la acumulación de riqueza y el crecimiento. Desde el virreinato y hasta el presente, nuestra economía ha desaprovechado el potencial de crecimiento que tiene".

Por Isaac Katz

En una de las más famosas caricaturas de Abel Quezada, aparece dios instruyendo a un ángel para que al territorio mexicano se le dote de grandes riquezas: bosques, minerales, petróleo, tierras fértiles y más. El ángel le pregunta si no está siendo injusto con otros países al darle a México tanta riqueza, a lo cual dios le responde: para compensar, pondremos a los mexicanos.

México es un país que a pesar de tener un enorme potencial, sigue siendo uno de desarrollo medio. Por su tamaño geográfico (dos millones de kilómetros cuadrados) y por su población (120 millones de individuos y con una Población Económicamente Activa de casi 60 millones), nuestra economía es la doceava economía más grande del mundo pero estamos situados en el lugar 61 de acuerdo al Índice de Desarrollo Humano que estima el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual toma para su cálculo tres variables: el PIB por habitante, la escolaridad media de la población y la esperanza de vida.

¿Es nuestro bajo nivel de desarrollo, como dejaría entrever el cartón de Quezada, un problema idiosincrático? ¿Así somos los mexicanos y ni modo? La respuesta es obviamente que no. No es un problema idiosincrático sino uno institucional y de los incentivos que de éste se derivan. No es cierta, solo para poner un ejemplo, la afirmación que hizo el presidente Enrique Peña Nieto de que la corrupción en nuestro país es un fenómeno cultural; la corrupción y la impunidad con la cual se violan los derechos de terceros es el resultado de un muy deficiente arreglo institucional.

El gran problema que históricamente ha tenido México es que las instituciones se han diseñado para favorecer y permitir la extracción de rentas en lugar de generar los incentivos para la acumulación de riqueza y el crecimiento. Desde el virreinato y hasta el presente, nuestra economía ha desaprovechado el potencial de crecimiento que tiene, lo que se manifiesta no solo en nuestro relativamente bajo nivel de desarrollo sino también en la muy alta incidencia de pobreza y la enorme inequidad en la distribución de la riqueza y del ingreso.

Ejemplos de un arreglo institucional que premia la extracción de rentas abundan. Durante el virreinato, la apropiación por parte del Corona española de la riqueza minera, la encomienda y los monopolios en el comercio internacional y en la incipiente industria manufacturera. Durante el porfiriato, por ejemplo, el deslinde de tierras que creó un sistema de latifundios a costa de las tierras comunales. Y ya durante el siglo XX destacan el sistema político-económico corporativista creado por Lázaro Cárdenas, un sistema basado en otorgar prebendas económicas para diferentes agentes económicos a cambio del apoyo político (sindicatos agrupados en el Congreso del Trabajo, particularmente la CTM — Confederación de Trabajadores Mexicanos, empresarios protegidos de la competencia externa, empresarios con concesiones monopólicas, burócratas aglutinados en la CNOP — Confederación Nacional de Organizaciones Populares, ejidatarios y sus líderes en la CNC — Confederación Nacional Campesina, empleados de las empresas y organismos gubernamentales, etcétera), un sistema que en gran medida sigue prevaleciendo.

México tiene un enorme potencial de desarrollo económico pero para aprovecharlo es necesario un necesario un profundo rediseño del arreglo institucional, uno basado en una verdadera economía de mercado en la cual estén perfectamente definidos, protegidos y garantizados los derechos privados de propiedad, una en la cual todos los mercados (bienes, servicios y factores de la producción) operen en un contexto de competencia, uno en donde haya una absoluta rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos, uno en donde se castigue cualquier acto de corrupción.

No hacerlo implicará seguir desaprovechando el potencial de desarrollo.

Este artículo fue publicado originalmente en Asuntos Capitales (México) el 29 de octubre de 2014.