México: Las prioridades fiscales

Por Roberto Salinas-León

La volatilidad que ha sufrido el tipo de cambio en México, y la incertidumbre cambiaria que la economía está atravesando, ha despertado el eterno debate de cómo implementar medidas que permitan neutralizar comportamientos tan erráticos en las variables financieras.

Estos episodios de fuerte turbulencia cambiaria no se estarían dando si se hubiera aprobado una reforma fiscal integral. Los movimientos que se están observando son sólo reflejos de reacomodos financieros ante cambios fundamentales en el sistema internacional. Las tasas de interés internacionales, inevitablemente, sufrirán un aumento este año, a partir de presiones inflacionarias acumulado en los países desarrollados, sobre todo la economía estadounidense.

Un desorden fiscal, o una vulnerabilidad en las finanzas públicas (digamos, el canje de pagarés del rescate bancario, o la dependencia fiscal sobre la factura petrolera, o el crecimiento desproporcionado del gasto corriente), se ve reflejado negativamente en el mercado cambiario. En un sistema fijo, el esquema revienta; en un sistema flexible, como el nuestro, la paridad sufre una depreciación. En el fondo, no es un problema cambiario, sino estructural, en este caso, la vulnerabilidad de las finanzas públicas.

La reforma fiscal, por tanto, ya no puede ser rehén del proceso político. Esta se ha convertido en una prioridad económica de capital importancia para el futuro del país. No es asunto de ideología, sino de racionalidad económica. La reforma fiscal integral debe de estar enfocada en una serie de prioridades fiscales, que permitan re-establecer orden en las finanzas públicas, y lograr independizar el sistema fiscal mexicano de las consideraciones o choques que puedan darse en el exterior. De lo contrario, enfrentamos un escenario de una creciente depreciación en el tipo de cambio.

Una primera prioridad de una reforma fiscal integral, en el auténtico sentido de esta palabra, es evitar las diferenciaciones en tasas impositivas que, hoy por hoy, generan toda una gama de incentivos perversos y subsidios cruzados. Hay que unificar la tasa, no por la razón tradicional de aumentar ingresos (aunque esa sea una consecuencia), sino por la gran cantidad de injusticias derivadas de esquemas diferenciados. Asimismo, una consecuencia de la unificación de tasas es la simplificación, lo cual arroja certidumbre fiscal, y genera un importante ahorro para empresas e individuos en términos de costos de transacción.

Otra importante prioridad fiscal, del lado de los egresos, es iniciar un esquema de desendeudamiento interno y consolidación de deuda interna. Los pasivos contingentes son una bomba financiera en potencia. En vez de diferenciar entre déficit fiscal (el cual registra un porcentaje totalmente manejable) y los requerimientos financieros del sector público (un número mucho más preocupante), se podría hablar de una sola figura, a partir de la cual se debería de iniciar un proceso de desendeudamiento interno estructural—usando todos los excedentes derivados de los altos precios del petróleo, así como, en su caso, un porcentaje de las reservas internacionales.

Este último proceso, en principio, implicaría colocar deuda gubernamental para comprar las reservas directamente del banco central, un proceso por el cual no se genera desendeudamiento (es deuda por deuda). Sin embargo, por ese medio, sí se podría lograr estructurar un perfil más sano de consolidación de deuda, a partir del cual se puede proceder a estructurar plazos de deuda interna mucho más manejables—similares al exitoso proceso de re-estructuración de deuda externa.

Sin duda, hay varias otras prioridades, entre otras, detener el crecimiento del gasto corriente, así como perfeccionar un mecanismo de compensación por la vía de los subsidios directos, a las poblaciones más necesitadas. Las alarmas cambiarias que estamos viviendo son una altera roja para hacer lo que se debe hacer: poner la casa en orden. ¿Será?