México: El retorno del PRI al poder

Ted Galen Carpenter afirma que Peña Nieto "debería abandonar de forma explícita la guerra que ha traído tanta tragedia a México, y que no se puede gana".

Por Ted Galen Carpenter

Liderado por el carismático Enrique Peña Nieto, de cuarenta y cinco años de edad, el PRI logró convencer a sus votantes mexicanos de que el partido ha cambiado sus formas corruptas y autoritarias durante sus doce años de exilio de la presidencia. Peña Nieto no solo ganó la carrera presidencial de forma decisiva —por casi ocho puntos sobre su rival más cercano, Andrés Manuel López Obrador del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD)— sino que el PRI fue el partido que más escaños obtuvo en el congreso y en el senado.

El resultado le cambió dramáticamente la fortuna al PRI. El partido había perdido la presidencia por primera vez en siete décadas cuando el candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox, triunfó en el año 2000. Después de eso el PRI obtuvo un humillante tercer lugar en las elecciones de 2006, no solo perdiendo ante el candidato de centro derecha del PAN, Felipe Calderón, sino que también muy detrás de López Obrador del PRD. En las elecciones de 2012, le tocó al PAN ser humillado. La candidata presidencial del partido, Josefina Vásquez Mota, obtuvo solo un cuarto de los votos emitidos, quedando así fuera de la competencia.

La actuación decepcionante de Vásquez Mota se debió menos a sus deficiencias que al generalizado descontento público con el récord de Calderón en su administración, especialmente el fracaso de su guerra militarizada contra los cárteles de la droga. El conflicto ha costado más de cincuenta mil vidas desde diciembre de 2006 y ha convertido partes de México en zonas caóticas de combate. A pesar de la ofensiva militar, los cárteles parecen ser más poderosos que nunca. Por lo menos uno de los motivos del público para reinstaurar al PRI en el poder era la esperanza de que el país pudiese regresar a los días más pacíficos vividos bajo la administración del partido.

Peña Nieto se presentó a sí mismo exitosamente como el líder del "nuevo y mejorado" PRI —un partido comprometido con un gobierno honesto y eficiente en lugar de la corrupción y el compadrazgo que había sido su característica destacada por tantas décadas. También rompió, al menos retóricamente, con el asfixiante estatismo económico del PRI. Peña Nieto incluso ha propuesto permitir una mayor inversión privada, incluyendo la inversión extranjera, en el monopolio estatal de petróleo, Pemex. Los partidarios del PRI habrían considerado esta propuesta como una herejía tan solo hace unos años atrás.

La mayor incertidumbre, sin embargo, es la forma en que el nuevo presidente hará frente a la epidemia de violencia relacionada al narcotráfico que azota al país. Su posición sobre el tema fue un tanto vaga durante su campaña. Los tres candidatos se comprometieron a reducir la violencia, y el enfoque de Peña Nieto fue el ataque a toda la gama de delitos que afectan a los civiles más que dedicar tanta atención y recursos a cazar a los capos de la droga.

Pero los críticos se preguntan cómo su promesa se verá reflejada en políticas reales. Los guerreros de la droga de Washington han quedado satisfechos con la postura firme de Calderón, y les preocupa que su sucesor sea más suave con los cárteles. Peña Nieto ha tratado de calmar tales preocupaciones rechazando sugerencias de figuras tan importantes como el ex presidente Fox, de que México debería abandonar la guerra contra las drogas y adoptar una política de legalización.

El nuevo presidente probablemente tratará de seguir un camino intermedio en el tema de las drogas, como parece inclinado a hacerlo en materia económica. En su discurso de victoria a los partidarios en vítores, sin embargo, el presidente electo mostró una posición dura en la política de drogas, afirmando sin rodeos: "No puede haber ni negociación ni tregua con criminales". Ese comentario fácilmente pudiera haberlo dicho Felipe Calderón. Las acciones del nuevo presidente, no obstante, es probable que sean más sutiles de lo que su discurso sugiere.

Lo que eso significa en términos prácticos es que la administración de Peña Nieto tratará de restaurar el status quo anterior —la relación, un tanto pragmática, entre el gobierno y los cárteles de la droga que existía antes de que el dominio político del PRI llegara a su fin a inicios del siglo XXI. Shannon O'Neil, la académica Douglas Dillon en Estudios Latinoamericanos del Consejo de Relaciones Exteriores, describe muy bien la esencia de tal arreglo:

A través del Ministerio del Interior de México y la policía federal, así como de los gobernadores y otros cargos políticos, el gobierno estableció relaciones patrón-cliente con el narcotráfico (tal como lo hizo con otros sectores de la economía y la sociedad). Este acuerdo limitó la violencia contra los oficiales públicos, los traficantes de alto rango y los civiles; se aseguró de que las investigaciones judiciales nunca alcanzaran los escalones más altos de los cárteles; y definió las reglas del juego para los traficantes. Este pacto se mantuvo incluso cuando la producción y tráfico de drogas aumentó.

También se mantuvo a pesar de la constante presión de Washington para detener el creciente flujo de drogas de México a EE.UU. En esencia, una sucesión de gobiernos del PRI hizo lo suficiente contra los cárteles para aplacar a EE.UU. y los activistas antidrogas en México, pero no tanto como para realmente perturbar el comercio de la droga y el status de los cárteles.

Pero el sistema multipartidista mexicano de hoy hace poco probable que una administración del PRI pueda lograr volver al status quo anterior. Ese arreglo funcionaba precisamente porque el PRI era el único actor político relevante en el país. Los narcotraficantes sabían que mientras mantuvieran un flujo constante de dinero hacia el PRI (y mantuvieran la violencia a niveles manejables), podían llevar a cabo sus actividades comerciales con un mínimo de complicaciones. El entorno político actual y futuro hace que estos acuerdos sean mucho menos confiables. Incluso si un cártel soborna exitosamente a un funcionario del PRI en una ciudad o estado, por ejemplo, las próximas elecciones podrían llevar al poder a un líder del PAN o del PRD con todo un nuevo conjunto de funcionarios, y luego el proceso tendría que comenzar desde cero nuevamente. Protegerse de estas apuestas políticas requiere que los traficantes sobornen a varios grupos políticos, elevando significativamente los costos y haciendo que esta estrategia sea menos segura. Dada la incertidumbre política subyacente, no es probable que los cárteles permitan que sus robustas ramas de ejecución se atrofien solamente por una manifestación temporal de moderación por parte del gobierno.

En lugar de perseguir la quimera de un regreso al antiguo acuerdo con los cárteles, Peña Nieto debe asumir el riesgo y repudiar la guerra contra las drogas y la estrategia de prohibición que está detrás de ella  —incluso si tal herejía podría ganarle la ira de Washington. El ex presidente Fox lo expresó muy bien: "Debemos considerar legalizar la producción, distribución y venta de drogas", afirmó. Luego agregó una breve denuncia a las políticas antidrogas de línea dura: "Las estrategias de prohibición radicales nunca han funcionado".

Si Peña Nieto realmente quiere un nuevo comienzo para su país, no debe ni intentar un retorno imposible a los días de la relación cínica y corrupta del PRI con los cárteles, ni mantener las desastrosas políticas de confrontación de Calderón. En cambio, debería abandonar de forma explícita la guerra que ha traído tanta tragedia a México, y que no se puede ganar.

Este artículo fue publicado originalmente en National Interest (Online) el 5 de julio de 2012.