México: Camino hacia atrás
El éxito o fracaso de una empresa depende de lo que los especialistas llaman la “ventaja competitiva”—un concepto que ha adquirido mucho uso, pero también mucho abuso, en el debate económico cotidiano.
La ventaja competitiva se entiende como la capacidad de las empresas para diferenciarse de sus competidores, a través de cualidades que éstos no poseen o no han logrado desarrollar en igual magnitud. Una forma de lograr mayores ventajas competitivas es por medio de la reducción de costos—entre más eficiente el trabajo, más competitiva una empresa, y por consiguiente mayor bienestar para productores y consumidores.
En este sentido, el desarrollo de ventajas competitivas depende en una medida esencial del entorno nacional—de si es fácil, o difícil, trabajar. Por ejemplo, un país con un sistema de infraestructura avanzado, o con métodos de transporte eficientes, tiene todas las de ganar en comparación a un país con pobre infraestructura o sistemas de transportación.
Este principio parecería obvio, pero los flamantes legisladores de México han decidido, en aras de obtener beneficios electorales, sin considerar las diversas trabas que impongan sobre la condición competitiva del país, introducir una serie de iniciativas que sin duda generarían una jugosa renta a grupos de interés especial, pero a costa de sacrificar la competitividad de la economía de ese país.
La nueva Ley Federal de Transporte, propuesta por la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados y apoyada por organismos sectoriales como la CANACAR y otras asociaciones gremiales, es un claro ejemplo de cómo el gobierno y los legisladores, pueden influir negativamente en el desempeño no sólo de un sector específico, sino en la actividad diaria de miles de empresas.
Esta reforma propone unificar en una sola ley, todo el sistema legal que rige a los modos de transporte del país y regir bajo el mismo trato a las aeronaves mexicanas, las aeronaves del estado, las embarcaciones y artefactos navales, los ferrocarriles, al auto transporte federal y auto transporte multi-modal
Una de las ramas más afectadas por este capricho legislativo serán las empresas dedicadas a los servicios de paquetería y mensajería—o sea, a logística y comunicación. Lo que este proyecto de ley pretende crear es un mercado protegido de la competencia, al aplicar una serie de condiciones de exclusión que reservan la actividad a nacionales (como ocurre con las notarías, la telefonía, la aviación y la televisión y la radio). Esto es un camino hacia atrás, un retroceso regulatorio. El daño provocado será, por la vía de un mejor servicio, la ausencia de un precio más competitivo y finalmente la libre opción del consumidor.
El hecho de que el auto transporte sea un insumo básico para muchas empresas, y que nueve de cada diez productos de exportación hacia el norte de la frontera se movilizan vía terrestre, no está siendo considerado por los promotores de esta ley. El aumento en los costos para los usuarios de servicios de auto-transporte, que serían significativos, y la consecuente reducción de capacidad competitiva, tampoco está tomada en cuenta.
Esta nueva ley limitaría la captación de inversión extranjera en el ramo de los servicios de mensajería, e incluso podría causar una controversia con nuestros socios comerciales. Por otro lado, pide sacar de operación a empresas extranjeras, argumentando la preservación del Estado de Derecho mexicano y la mejora social. Todo esto es falso, ya que lo que busca es beneficiar a organizaciones gremiales y grupos de interés. Precisamente, gracias a las empresas de mensajería tanto mexicanas como extranjeras, se ha subsanado la ineficiencia del Servicio Postal Mexicano, el cual es inoperante y muy costoso para el contribuyente.
Según los precursores de la reforma, se pretende lograr un sistema para la explotación del transporte federal, que genere empleos y contribuya a la ecología, sin embargo, los costos económicos de su propuesta, contradicen sus lindas intenciones. Es un camino en reversa, totalmente hacia atrás.
Los usuarios del transporte (que son principalmente las empresas), requieren fortalecer la logística de sus negocios. Con ello se llega a una reducción del costo por estos servicios, mismos que deben ser eficientes y competitivos técnicamente y en precios. El transporte constituye un elemento de competitividad ante nuestros socios comerciales y columna vertebral para el fortalecimiento de nuestra economía, por lo que las reformas deben estar encaminadas a lograr un mejor servicio de transporte y permitir que se realice mediante esquemas que promuevan su utilización adecuada y con la mayor productividad.
El proteccionismo tiene altísimos costos, como son precios más altos para consumidores, menores inversiones en nuestro país, falta de nuevos empleos, mala calidad en los servicios y en general menor competitividad. El selecto grupo de personajes que hacen las leyes en nuestro país, debe entender que su papel, más allá de la búsqueda de posiciones políticas y beneficios electorales, tiene un impacto extraordinario en la actuación diaria de las empresas mexicanas, misma que puede ser para bien o para mal.