Matar la democracia

“La paradoja trágica de la senda electoral hacia el autoritarismo es que los asesinos de la democracia utilizan las propias instituciones de la democracia de manera gradual, sutil e incluso legal para liquidarla”. Cómo mueren las democracias, S. Levitsky y D. Ziblatt, Ariel 2018.

Las democracias actuales, plantean Levitsky y Ziblatt, no caen por golpes militares, sino que mueren desde dentro por la vía electoral a manos de líderes elegidos que minan las instituciones, rompen las normas de tolerancia mutua y de contención social, y disfrazan sus acciones en una retórica democrática. La paradoja principal es que los autócratas usan los mecanismos legales y democráticos para destruir la propia democracia. Los pasos para desmantelar la democracia han sido seguidos por numerosos países, dentro de ellos México. Consisten en la captura de árbitros, órganos electorales, órganos reguladores y tribunales de justicia; la neutralización de la oposición, mediante la deslegitimación de críticos, congresistas o partidos contrarios, tratándolos como enemigos públicos o corruptos; la mordaza a la prensa, comprando medios de comunicación independientes, el acotamiento de la libertad de expresión, y la modificación de las reglas del juego, por medio de cambios constitucionales para asegurar la ventaja permanente en el poder.

Lo anterior se facilita por una característica, ya apuntada por Karl Popper en La sociedad abierta y sus enemigos (1945): los sistemas democráticos pueden autodestruirse si no se ponen límites racionales a quienes buscan destruirlos. La paradoja que establece es que, si una sociedad es tolerante de forma ilimitada, su capacidad de ser tolerante será eventualmente confiscada o destruida por los intolerantes. La caída de la República de Weimar, ejemplifica el caso. Hitler llegó al poder como canciller por la vía legal, utilizó las mismas leyes para abolir la democracia y perseguir a toda la oposición. El Partido Nazi utilizó la libertad de expresión, el derecho al voto y las libertades democráticas para ganar las elecciones, movilizar las masas y cancelar la república.

Levitzky y Ziblatt demuestran con evidencia moderna que “…los movimientos del gobierno para subvertirla suelen estar dotados de una pátina de legalidad: o bien los aprueba el parlamento o bien el tribunal supremo garantiza su constitucionalidad. Muchos de ellos se adoptan con el pretexto de perseguir un objetivo público legítimo (incluso loable), como combatir la corrupción, garantizar la 'limpieza' en las elecciones, mejorar la calidad de la democracia o potenciar la seguridad nacional”.

Los líderes populistas modernos han desarrollado estrategias sofisticadas que, de manera paralela al asalto silencioso y gradual de las instituciones democráticas, ha consistido en no usar la violencia física al principio, sino la ley y la comunicación masiva para lograr sus propósitos, haciendo uso de la tecnocensura. El uso algorítmico de la libertad de expresión (Balkin), que hace posible que el discurso público ya no se distribuye directamente entre un emisor y un receptor. Éste es editado, filtrado, priorizado, silenciado o masificado. Se utilizan las leyes de libre expresión de las democracias liberales para inundar el espacio público con desinformación, discursos de odio y teorías conspirativas y el Estado se adueña del derecho de réplica. Esta herramienta predilecta de los autócratas modernos debilita la confianza ciudadana en la verdad factual y en las instituciones democráticas.

En nuestra incipiente democracia, México ha sido asaltado por un movimiento que sigue la ruta de los populismos de América Latina y de Europa. Lamentablemente nuestra Constitución no contiene cláusulas de intocabilidad o piedras angulares, artículos que garantizan que el sistema republicano no se puede reformar bajo ninguna circunstancia, ni siquiera si un partido gana 90% del Congreso.

Este artículo fue publicado originalmente en La Aurora (México) el 3 de agosto de 2026.