Más estado significa más pobreza

Por Carlos A. Ball

Según el Informe de Desarrollo Humano 2003, publicado por la ONU, la miseria sigue predominando en África, mientras "aproximadamente la mitad de los países de América Latina y el Caribe experimentaron un retroceso o un estancamiento en ingresos durante la década de los noventa".

América Latina y África han sido víctimas de múltiples experimentos fracasados y ya debemos estar convencidos que la ayuda externa y las recomendaciones de las agencias multilaterales como el Fondo Monetario Internacional lejos de resolver problemas los eternizan.

El caso africano es espantosamente triste: dos tercios de los países africanos han empeorado o no han aumentado sus ingresos per cápita desde su independencia en los años sesenta. Al terminar la Segunda Guerra Mundial se creía que no podía haber peor sistema que el colonial, pero el socialismo estatista surgido a raíz de la independencia de los países africanos ha resultado mucho peor.

En América Latina nos independizamos en el siglo XIX y en el siglo XX creíamos fervientemente que al reemplazar a nuestros dictadores militares por democracias pronto acortaríamos la brecha en bienestar que nos separa del mundo industrializado. Pero la realidad ha sido diferente. Cambiamos a generales indeseables por líderes civiles aún más corrompidos y menos patriotas, quienes lejos de ampliar la libertad individual que promueve el esfuerzo y el ahorro, han aplastado a sus pueblos con infinidad de leyes, reglamentos, permisos y regulaciones, disparando el compadrazgo, los privilegios para ciertos y determinados grupos, el proteccionismo y la miseria.

Como afirmaba Juan Bautista Alberdi, padre de la primera constitución argentina: "En Sud-América se toma por reforma de un país, lo que es reforma de un papel escrito. En lugar de cambiar la educación de sus hombres, cambian las palabras de sus leyes y con eso creen haber hecho una revolución, una reforma".

Los gobiernos llamados "neoliberales"—como el de Pérez en Venezuela, Fujimori en el Perú y Menem en la Argentina—instrumentaron ciertas reformas económicas positivas que sólo condujeron a darle mala fama a la economía de mercado por no llevarse a cabo las reformas paralelas necesarias en las instituciones políticas. Como bien lo ha explicado Douglass North, sin la imposición de límites al gobierno ni garantizar los derechos de propiedad y la libertad individual, no pueden existir mercados eficientes.

La verdadera solución a la pobreza y al atraso sólo se logra con instituciones políticas que limitan el poder gubernamental, además del debido equilibrio y separación de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. De lo contrario, la democracia se convierte en piñatas cada 4 ó 5 años para la redistribución del premio entre los poderosos: políticos, empresarios, sindicalistas, etc.

Para alcanzar la prosperidad económica hay que incrementar la productividad y ampliar los mercados. Las principales barreras al aumento de la productividad son las regulaciones que hacen menos atractiva la inversión tanto nacional como extranjera y la inflexibilidad de las leyes laborales. El libre comercio implica una tenaz competencia que conduce a un constante esfuerzo innovador en beneficio del consumidor, mientras que la intervención gubernamental preserva el statu quo de monopolios y oligopolios.

La economía informal que predomina en casi toda América Latina es prueba fehaciente del exagerado costo de las regulaciones. Sólo los empresarios grandes pueden darse el lujo de cumplir con todo el papeleo oficial o pagar sobornos a funcionarios que les permiten ignorar las reglas. Por su parte, el informal no goza de ninguna seguridad jurídica, sus activos no se aprecian ni tiene acceso al crédito para poder crecer. Se trata, entonces, de mercados con mínima competencia, sin transparencia y donde el exitoso no es quien sirve mejor al consumidor sino quien logra los mejores contactos políticos.

La división del trabajo es la base fundamental de la productividad. En la medida que aumenta la especialización, tienden a bajar los costos y el límite de la especialización lo impone el tamaño del mercado. Los gobiernos latinoamericanos han sido tradicionalmente enemigos de la especialización. Buscaban afanosamente construir chimeneas, plantas siderúrgicas y ensambladoras de vehículos sabiendo que podían importar esos bienes más baratos. Todavía hoy, los políticos luchan por retardar la apertura a las importaciones baratas, cuando dejado en libertad el mercado rápidamente revela dónde yacen las ventajas comparativas de la nación, favoreciendo al pueblo con la importación barata de todo lo demás.

El atraso africano y latinoamericano se debe al tamaño excesivo de los gobiernos y sus malas leyes.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
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