Más argumentos en contra de una guerra fútil

Gabriela Calderón de Burgos reseña el reporte publicado este mes por la London School of Economics acerca de por qué debe acabar la guerra contra las drogas. Calderón dice que "Siendo Latinoamérica una de las regiones que más ha sufrido los costos de esta guerra fútil, vale la pena considerar las conclusiones de los estudios incluidos en esta publicación".

Por Gabriela Calderón de Burgos

La London School of Economics (LSE) publicó este mes un reporte1 acerca de por qué debe acabar la guerra contra las drogas. No solo es importante el contenido del reporte sino las destacadas personalidades que lo respaldan, entre ellas están cinco Premios Nobel de economía; el Viceprimer Ministro del Reino Unido Nick Clegg; el ex Secretario de Estado de EE.UU. George Shultz; el representante de la Unión Europea para la política exterior común, Javier Solana, entre otros. Siendo Latinoamérica una de las regiones que más ha sufrido los costos de esta guerra fútil, vale la pena considerar las conclusiones de los estudios incluidos en esta publicación.

En un estudio del reporte, Daniel Mejía y Pascual Restrepo afirman que durante los últimos 20 años los países latinoamericanos han estado implementando políticas para reducir la oferta en países consumidores como EE.UU. incurriendo en el alto costo de más violencia y corrupción política. El costo de la violencia no puede ser menospreciado, para muestra está México, cuya tasa de homicidio se triplicó en tan solo 4 años (2006-2010).

Peter Reuter se enfoca en el “efecto globo” y concluye que “aunque el efecto globo no es tan universal como se dice, es lo suficientemente real” como para que quienes diseñan políticas de prohibición de drogas “consideren los efectos sobre otras naciones”. Reuter menciona como ejemplo el caso de la ruta de África Occidental: Conforme las autoridades de Países Bajos incrementaron su captura de la cocaína que venía por la ruta vía las Antillas Neerlandesas, esta fue reemplazada por una ruta alternativa vía África Occidental. Algo similar ha sucedido con el traslado de las actividades de narcotráfico desde México hacia los países centroamericanos de El Salvador, Guatemala y Honduras.

Otro estudio de Laura Atuesta Becerra se enfoca en el drama de las poblaciones desplazadas en Colombia y México. Por ejemplo, entre 2000-2010 Colombia fue el país con la segunda población interna desplazada más grande del mundo (después de Sudán). Ella considera que la magnitud del desplazamiento se debe en no poca medida al conflicto interno entre las guerrillas y grupos paramilitares, que se vieron fortalecidos con financiamiento de los cárteles de drogas.

Un estudio de particular interés para toda la región es cómo la guerra contra las drogas ha mermado la institucionalidad de los países que han participado en ella. Alejandro Madrazo Lajous analiza los efectos negativos de la prohibición en los casos particulares de Colombia, México y EE.UU. En México, por ejemplo, “el arraigo —teóricamente una forma de arresto domiciliario, pero en la práctica detención en un lugar no revelado—” fue considerado inconstitucional por la Corte Suprema en 2005 pero una enmienda de 2008 revirtió el impedimento de inconsistencia con la Constitución e insertó directamente en el texto constitucional el arraigo. Madrazo cree que tanto en Colombia como en México, la gran mayoría de violaciones de derechos humanos se han dado debido a la confusión de las jurisdicciones civil y militar. EE.UU. no se salva de incurrir en costos constitucionales. Madrazo cita evidencia de cómo en ese país se ha ido construyendo un sistema legal paralelo que solo se aplica a quienes cometan delitos relacionados a las drogas, algo que violaría el principio constitucional en ese país de igualdad ante la ley.

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 16 de mayo de 2014.

Referencia:

1. “Ending the Drug Wars: Report of the LSE Expert Group on the Economics of Drug Policy”. London School of Economics. Mayo de 2014.