Macron quiere copiar la reforma laboral española

Juan Ramón Rallo sostiene que la reforma laboral de 2012 que flexibilizó el mercado español podría servir de ejemplo a Francia a fin de ampliar las oportunidades laborales de sus ciudadanos. 

Por Juan Ramón Rallo

Entre 2007 y 2013, la economía española destruyó 3,6 millones de empleos: una devastadora caída de la ocupación cercana al 20% que, sin embargo, fue generada por una contracción del PIB bastante inferior, de apenas el 10%. ¿Cómo es posible que una contracción económica del 10% destruyera el doble de empleo? Pues por la muy escasa capacidad de nuestra economía para absorber semejante shock adverso: si cuando las ventas de una empresa se desploman, sus precios de venta y sus salarios suben, entonces el efecto de la caída de las ventas se magnificará y su debacle económica se volverá mucho más intensa.

Los economistas Rafael Doménech, Juan Ramón García y Camilo Ulloa han estimado que si España hubiese disfrutado desde el comienzo de la flexibilidad salarial que le proporcionó a partir de 2012 la reforma laboral, nuestro país habría evitado la destrucción de casi dos millones de empleos. Es decir, alrededor de la mitad de toda la ocupación destruida durante la crisis fue atribuible a las rigideces salariales generadas por nuestra antisocial legislación laboral.

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La tan denostada reforma laboral de 2012 aportaba flexibilidad sobre la base de dos pilares fundamentales. El primero, rebajar las indemnizaciones por despido de los contratos indefinidos: la finalidad de este cambio era, por un lado, minimizar la descapitalización de las empresas ante el ajuste de sus plantillas que iba a derivarse de la incipiente crisis de deuda en la Eurozona (previniendo el despido de un mayor número de personas) y, por otro, evitar que ese inevitable ajuste de plantilla se concentrara en los trabajadores que llevaban menos tiempo en la empresa (aun cuando fueran más productivos que quienes acumulaban más años). El segundo pilar fue el de permitir que los convenios de empresa prevalecieran sobre los sectoriales (así como posibilitar el descuelgue del convenio sectorial por parte de las pymes), de tal manera que los trabajadores pudieran acordar internamente condiciones salariales ajustadas a la realidad. Gracias a todo ello, la reforma laboral habría permitido salvar, también de acuerdo con las estimaciones de Doménech, García y Ulloa, casi un millón de empleos entre 2012 y 2015: sin ella, no habríamos comenzado a crear ocupación neta hasta bien entrado 2016.

En suma: la tímida y parcial liberalización de las relaciones laborales en España (inspirada en la llevada años atrás en Alemania) ha sido un éxito, y lo habría sido en mucha mayor medida de haberse aprobado antes de que arrancara la crisis (sin la masiva destrucción de empleo vivida entre 2008 y 2011, la crisis de deuda de 2012 no habría afectado con tanta intensidad a nuestro país y, en consecuencia, tampoco la destrucción de empleo vivida a partir de entonces habría sido tan intensa). Obviamente, no estoy diciendo que el mercado laboral español no siga padeciendo de muchos otros problemas —en esencia, que un tercio de la población activa está de facto excluida del mismo—, pero sí que la situación actual sería mucho peor sin la reforma. De ahí que no deba extrañarnos que otros países dentro de la esclerotizada Europa se estén planteando emularla para impulsar la creación de empleo. El último en sumarse al carro ha sido Francia.

La propuesta que acaba de presentar el socialdemócrata Macron para mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo francés descansa sobre los mismos dos pilares en los que se ha asentado la reforma laboral española. El primero, disminuir la indemnización de los despidos improcedentes hasta un máximo de 20 meses de salario para aquellos trabajadores que lleven 30 años en plantilla (en comparación, la reforma laboral del PP ha sido bastante más generosa: la indemnización por despido improcedente queda en un máximo de 24 meses de salario para aquellos que hayan estado empleados durante 22 años). Asimismo, la legislación francesa aspira a clarificar las condiciones de los Expedientes de Regulación de Empleo para evitar que un juez pueda paralizarlos bajo el espurio razonamiento de que las compañías que los solicitan podrían compensar sus pérdidas en Francia con las ganancias que cosechan en el extranjero. El segundo pilar es el de dar preferencia a los acuerdos internos de empresa por encima de los convenios colectivos nacionales y sectoriales, de manera que los trabajadores de una compañía en crisis puedan saltarse su convenio sectorial y acordar una rebaja salarial o un reparto de las horas trabajadas para así evitar el cierre.

Personalmente tengo bastantes pocas esperanzas depositadas en Macron. No sólo porque, como prácticamente todos los políticos, prioriza la fachada sobre los principios (y sus principios socialdemócratas sobre los liberales), sino porque Francia es una sociedad aún más infestada de estatismo que España: pese a padecer del Estado más sobredimensionado del planeta (56% del PIB), el 40% de los electores terminó apostando por opciones de extrema izquierda y de extrema derecha que reclamaban muchísima más intervención gubernamental. Sin embargo, si a pesar de su propia endeblez y de la fanática estatolatría de sus conciudadanos, Macron consigue sacar esta tibia reforma laboral adelante, será un paso acertado para ampliar las oportunidades laborales de los franceses.

Este artículo fue originalmente publicado en El Confidencial (España) el 4 de septiembre de 2017.