Los grandes sindicatos son malos jueces del sentido común del libre mercado

Si cree que a los reguladores federales les importa la elaboración de políticas basadas en datos y pruebas, un caso que se está tramitando actualmente ante el Tribunal de Apelación del Undécimo Circuito de Estados Unidos le dejará perplejo.

El caso se refiere a una terrible normativa del Gobierno de Biden impulsada por los grandes sindicatos. En defensa de esta normativa, que exige que las tripulaciones de los trenes de mercancías incluyan al menos dos personas, los abogados del Departamento de Transporte de Estados Unidos se basaron en gran medida, no en datos o pruebas, sino en el "sentido común".

Por supuesto, esto va mucho más allá de los trenes. Es un microcosmos de un problema mucho mayor.

La regulación basada en las emociones es una forma destructiva de regular la compleja y dinámica economía estadounidense, a menos que se esté a favor de la menor libertad y dinamismo que se encuentra en el continente europeo.

En el caso de esta norma estadounidense, el Gobierno admite que no tiene pruebas reales de que las tripulaciones de dos personas sean más seguras que las de una sola. En su lugar, la agencia ha pedido al tribunal que se atenga a lo que denomina "un producto del sentido común y de una toma de decisiones razonada".

Este lenguaje puede parecer una frase hecha burocrática inofensiva. Pero no lo es en absoluto.

Representa un peligroso precedente, por el que las agencias pueden eludir su responsabilidad legal de documentar los fallos reales del mercado que requieren regulación, presentar análisis de costo-beneficio o incluso mostrar preocupaciones sustantivas en materia de seguridad.

Puede que esté de acuerdo en que dos es mejor que uno, pero si el "sentido común" es la nueva norma legal, entonces todo vale.

¿Qué será lo próximo? ¿Regular los drones de reparto de paquetes porque "da más seguridad" que los humanos manejen algún tipo de joystick? ¿Exigir que todas las tiendas de comestibles tengan cajeros en todas las cajas, aunque el 90% de los clientes utilicen el autopago, porque "da más seguridad" ver a alguien detrás del mostrador?

La seguridad es obviamente importante. Por eso precisamente debemos exigir pruebas reales.

Los propios datos del Gobierno no respaldan la idea de que exigir tripulaciones de dos personas mejoraría la seguridad. Mi antiguo colega Patrick McLaughlin demostró que no hay datos fiables y concluyentes que demuestren que las tripulaciones de una sola persona tengan peores registros de seguridad que las de dos personas.

Muchas compañías ferroviarias estadounidenses más pequeñas llevan mucho tiempo operando con seguridad con tripulaciones de una sola persona, al igual que los trenes Amtrak que transportan a la élite de Washington por la costa este. También disponemos de abundantes datos de Europa y otros países en los que operan tripulaciones de una sola persona.

Luego están las cuestiones de las compensaciones. Es importante señalar que exigir un miembro adicional de la tripulación aumenta los costos laborales, lo que podría desviar fondos de áreas críticas como el mantenimiento de las vías y el equipo o las innovaciones para mejorar la seguridad (automatización, sistemas de prevención de accidentes, etc.).

De hecho, históricamente, las mejoras en la seguridad ferroviaria han estado impulsadas más por la inversión en infraestructura y la innovación que por el tamaño de la tripulación.

Resulta que los ferrocarriles han invertido miles de millones en automatización y tecnología de seguridad para reducir el riesgo de errores humanos, que es la principal causa de accidentes ferroviarios y puede contribuir a desastres como el accidente de 2023 en East Palestine, Ohio, que sigue ensombreciendo el sector.

Entonces, ¿por qué se insiste ahora en mantener esta norma? La respuesta, por desgracia, pero como era de esperar, es política. Esta obligación figura desde hace tiempo en la lista de deseos de los grandes sindicatos.

Más tripulantes significa más cuotas sindicales. Para los funcionarios electos, significa más apoyos para sus campañas. Para el resto de nosotros, significa mayores costos y más mercancías transportadas por carretera en camiones, lo que aumentará el número de víctimas mortales en accidentes de tráfico.

La cuestión más amplia que plantea este caso es si la normativa federal ha abandonado los principios fundamentales del sistema estadounidense. Históricamente, se esperaba que las agencias demostraran una necesidad imperiosa de regulación respaldada por datos del mundo real.

Ahora, parece que la carga se ha invertido: a menos que la parte regulada pueda demostrar que la norma es innecesaria, esta se mantiene.

En este enfoque de la regulación al estilo europeo, con el que estoy familiarizada, el control por defecto recae en manos de los burócratas, a quienes simplemente se presume que saben más. Esto es precisamente lo que el sistema estadounidense pretendía evitar.

Esta tendencia no solo es visible en la política ferroviaria. En todos los sectores, las agencias federales están utilizando justificaciones vagas e interpretaciones amplias de la autoridad legal para imponer mandatos radicales, a menudo sin preocuparse por cómo afectan a la innovación, la inversión privada o la economía en general.

Los tribunales, a menos que se opongan firmemente, corren el riesgo de convertirse en meros sellos de goma para la extralimitación regulatoria.

Si el 11.º Circuito confirma esta norma basándose en el "sentido común", las consecuencias podrían ser de gran alcance. En la práctica, se estaría diciendo a todas las agencias que no se preocupen por recopilar pruebas o realizar análisis rigurosos de costo-beneficio. Basta con apelar a la intuición y dar por zanjado el asunto.

Ese resultado sería contrario al sentido común genuino.

Este artículo fue publicado originalmente en Newsmax (Estados Unidos) el 19 de junio de 2025.