¿Los funcionarios de aduanas de Estados Unidos quieren tu contraseña? Es una trampa insidiosa

Quienes viajan al extranjero conocen el procedimiento. Ya sea en la terminal de un aeropuerto o en un cruce fronterizo terrestre, regresar a casa implica que escaneen tus maletas para asegurarse de que no traigas contrabando, drogas ilícitas o especies invasoras al territorio de Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa cuando el gobierno exige acceso a tu teléfono?

Un teléfono inteligente es fundamentalmente diferente a una maleta. No es simplemente un contenedor de bienes físicos; es un repositorio digital de nuestras vidas. Contiene nuestros pensamientos privados, expresiones políticas, calendarios digitales, fotos personales, listas de contactos, hábitos de compra, números de tarjetas de crédito y registros de viajes. Sin embargo, los funcionarios de aduanas de Estados Unidos ejercen habitualmente su autoridad para exigir códigos de acceso y registrar estas "cápsulas de vida" digitales sin una orden judicial —y a menudo sin ni siquiera una pizca de sospecha razonable que permita creer que se haya cometido un delito.

¿Cuál es la justificación? Simplemente que te estás presentando en un puerto de entrada.

Tus derechos a la privacidad no desaparecen en la frontera.

Los riesgos legales y éticos de esta práctica agresiva quedan plenamente de manifiesto en el proceso federal contra Samuel Tunick, cuyo incidente de enero de 2025 pone de relieve hasta qué extremos llegan los agentes federales para acceder a los dispositivos de las personas. Al regresar de unas vacaciones en la República Dominicana por el aeropuerto de Atlanta, Tunick fue apartado por oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza que cooperaban con el FBI. Los agentes emplearon tácticas de alta presión —incluida la falsa acusación de la posible presencia de pornografía infantil en su dispositivo— para coaccionarlo a revelar su contraseña.

Tunick no cayó en la trampa. En cambio, hizo valer sus derechos, se negó a responder preguntas y presentó la tarjeta de presentación de su abogado. Finalmente, proporcionó un código que borró el contenido del dispositivo cuando los agentes intentaron usarlo para desbloquear el teléfono, lo que condujo a su eventual acusación por un cargo de destrucción de propiedad para impedir su incautación.

Tunick ya era conocido por las autoridades por su participación en el movimiento de izquierda "Stop Cop City", que había luchado para impedir la construcción del Centro de Capacitación de Seguridad Pública de Atlanta. Tunick y su abogado creen que fue blanco de esta acción por su actividad política —que, al no haber causa probable para creer que hubiera cometido un delito (lo que descartaba una orden judicial) ni sospecha razonable que justificara un registro sin orden, los agentes utilizaron la excepción de registro fronterizo para eludir por completo la Cuarta Enmienda—. De ser cierto, se trata de un proceso judicial iniciado de mala fe. La Constitución prohíbe estrictamente acusar a una persona no por lo que hizo, sino por quién es.

Los registros fronterizos son una trampa insidiosa. Entregar una contraseña bajo coacción puede generar pruebas autoincriminatorias. Sin embargo, resistirse expone al viajero a una escalada de medidas: detención física, confiscación de dispositivos o cargos penales. Para los no ciudadanos, la amenaza es contundente: entregan su contraseña o se les niega la entrada. Para los ciudadanos estadounidenses —a quienes no se les puede negar la entrada—, las opciones de que disponen los agentes de aduanas son más limitadas, pero siguen siendo amenazantes.

Se necesita claridad por parte de las cortes. La Corte Suprema de los Estados Unidos reconoció por unanimidad en su histórica decisión de 2014 en Riley v. California que los teléfonos celulares son portales modernos y altamente sensibles que requieren protecciones sólidas en virtud de la Cuarta Enmienda. Sin embargo, la corte no ha definido explícitamente cómo se aplica la excepción de los registros fronterizos a la tecnología digital. Aunque algunas cortes de instancia han reconocido que los teléfonos son distintos del equipaje estándar, siguen profundamente divididos en cuanto a los registros fronterizos.

Afortunadamente, el juicio con jurado ofrece una salvaguarda constitucional más contra este tipo de procesamientos. Los redactores de la Constitución colocaron deliberadamente a 12 ciudadanos entre un acusado penal y el Estado, ya que no siempre se puede confiar en que los funcionarios se controlen a sí mismos. Un jurado al que se le pida condenar a Tunick debería considerar no solo el peso de la evidencia del gobierno, sino también la manera en que se llevó a cabo el proceso judicial. Sospecho que los fiscales tendrán dificultades para cumplir con los estándares de imparcialidad básica y sentido común que cualquier grupo de estadounidenses aplicaría a este caso.

A medida que la guerra de la administración de Trump contra los inmigrantes se extiende a los aeropuertos del país, el proceso judicial contra Samuel Tunick debe servir como una llamada de atención. Permitir que los agentes federales conviertan los viajes internacionales en una pérdida automática de los derechos constitucionales sienta un precedente peligroso. La "frontera" no debe ser un agujero negro legal donde muera la privacidad, y ya es hora de que el poder judicial —¿o qué tal ustedes, Congreso?— trace una línea firme: obtengan una orden judicial o dejen en paz nuestros teléfonos.

Este artículo fue publicado originalmente en The Washington Post (Estados Unidos) el 7 de agosto de 2026.