Los empleados públicos tienen derecho a hablar de política sin poner en riesgo sus puestos de trabajo

Jeanne Hedgepeth trabajó durante 20 años como maestra de escuela pública en la Palatine High School de Illinois. Sin embargo, en 2020 fue despedida por unos comentarios que publicó en su página personal de Facebook. Hedgepeth siempre se había preocupado por mantener separada su presencia en las redes sociales de su trabajo. No aceptaba solicitudes de amistad de alumnos actuales, no se identificaba como empleada de la PHS ni hacía públicas sus publicaciones. Sin embargo, el distrito escolar alegó que sus comentarios en Facebook habían dañado la reputación del distrito y su eficacia como maestra.

En 2021, Hedgepeth presentó una demanda ante una corte federal, alegando que su despido había violado sus derechos amparados por la Primera Enmienda. La Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito falló a favor del distrito escolar, aplicando una versión de la doctrina de la libertad de expresión de los empleados públicos derivada del caso de la Corte Suprema Pickering v. Board of Education (1968). El Séptimo Circuito determinó que la escuela tenía motivos justificados para despedir a Hedgepeth y que no había violado sus derechos constitucionales. Hedgepeth solicitó entonces a la Corte Suprema que revisara el caso, y Cato presentó un escrito amicus en apoyo de su petición. Esta semana, la Corte Suprema considerará si admite a trámite su caso.

En nuestro escrito, exponemos cómo la decisión del Séptimo Circuito ejemplifica una tendencia entre las cortes inferiores que han aplicado incorrectamente la Primera Enmienda a casos relacionados con expresiones controvertidas de empleados públicos. Los empleados públicos no pierden sus derechos constitucionales cuando aceptan un empleo. La Corte Suprema ha rechazado la opinión expresada en su momento por Oliver Wendell Holmes de que los empleados públicos tienen derecho a "hablar de política", pero no tienen derecho a conservar sus empleos si lo hacen. Sin embargo, las cortes inferiores a menudo les otorgan solo una protección mínima contra las represalias por expresiones fuera del horario laboral que no están relacionadas con sus trabajos. Si se aplica correctamente, la Primera Enmienda debería proteger la expresión de los empleados públicos cuando se realiza fuera del horario laboral y en una página privada de redes sociales.

Además, la decisión del Séptimo Circuito incurre de manera inadmisible en discriminación por puntos de vista. Al evaluar si los maestros de escuelas públicas pueden ser sancionados por sus declaraciones, la doctrina Pickering exige que los tribunales examinen el impacto perturbador que esa declaración en particular tuvo en el salón de clases del maestro. Pero la declaración de Hedgepeth fue privada y se realizó durante las vacaciones de verano, lejos de su salón de clases. Además, hay pruebas sólidas que sugieren que la escuela despidió a Hedgepeth no por causar perturbaciones, sino porque la dirección de la escuela no estaba de acuerdo con sus opiniones. La Primera Enmienda prohíbe al gobierno silenciar selectivamente las opiniones que no le agradan, y el Séptimo Circuito cometió un error al permitir que la escuela invocara a denunciantes ajenos a la comunidad escolar como pretexto para establecer una "perturbación en el lugar de trabajo".

Aproximadamente 23 millones de estadounidenses son empleados públicos. Si se permite que se mantenga, el razonamiento del Séptimo Circuito impediría su participación cívica plena y sin censura al negarles derechos sólidos de expresión. Eso es particularmente peligroso en una época en la que las palancas del poder gubernamental se utilizan cada vez más para silenciar e intimidar a quienes se expresan. Este caso le da a la Corte Suprema la oportunidad de aclarar la protección que la Primera Enmienda ofrece a los empleados públicos, y la Corte Suprema debería aprovecharla.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 11 de mayo de 2026.