Lo que la Ley de Equidad de la Seguridad Social nos dice sobre el probable futuro de la reforma de la Seguridad Social

La aprobación de la llamada Ley de Equidad de la Seguridad Social envía un mensaje claro sobre cómo Washington enfoca la reforma de la Seguridad Social, y es un mensaje inquietante. El Congreso y el presidente Biden han optado por ignorar todos los consejos de los expertos, complacer a grupos organizados de intereses especiales y cargar a los contribuyentes más jóvenes con unos costos cada vez más inasequibles.

Esta decisión presagia posibles acciones futuras, ya que la autoridad de endeudamiento del fondo fiduciario de la Seguridad Social se agotará en torno a 2032. En lugar de reformas políticas sensatas que ajusten mejor las prestaciones de la Seguridad Social a la capacidad de los trabajadores para pagarlas, el Congreso querrá tomar el camino de menor resistencia. Sin una presión pública significativa para hacer lo correcto, cabe esperar una transferencia de ingresos generales de varios billones de dólares (es decir, un mayor endeudamiento), el agotamiento del fondo fiduciario y, tal vez, arreglos superficiales como que el gobierno federal pida prestado dinero hoy para "invertirlo" y generar ingresos a partir de ganancias especulativas mañana.

Tenemos que enviar un mensaje claro a Washington: basta de soluciones rápidas y superficiales y solucionemos el verdadero problema del gasto público.

La popularidad triunfa sobre la responsabilidad

La teoría de la elección pública ayuda a explicar por qué el Congreso da prioridad a las demandas de grupos de interés bien organizados frente a las recomendaciones de los expertos en políticas públicas. Los políticos se ven incentivados a respaldar propuestas que ofrecen beneficios visibles e inmediatos a grupos que se hacen oír, aunque impongan costos a largo plazo al público en general. Los partidarios de la Ley de Equidad de la Seguridad Social –trabajadores del sector público y sus bien financiados sindicatos– presionaron mucho para solucionar lo que consideraban recortes injustos de las prestaciones. Sus voces eran fuertes, su causa fácil de entender y su influencia política significativa. Esta es una combinación ganadora en política, incluso si los cambios crean resultados injustos o empeoran las finanzas federales.

La Ley de Equidad de la Seguridad Social aumenta aún más el déficit de financiación del programa. Financiar esta política con impuestos adicionales sobre las nóminas gravaría a 180 millones de trabajadores con 68 dólares más en impuestos anuales para financiar prestaciones más altas para 3 millones de trabajadores del sector público y sus cónyuges, manipulando injustamente la fórmula de las prestaciones de la Seguridad Social en su beneficio. Se trata de un ejemplo de libro de texto de la teoría de la acción colectiva de Mancur Olson, en la que pequeños grupos concentrados obtienen beneficios desproporcionados a expensas de una mayoría difusa.

La derogación de la Disposición de Eliminación de Ganancias Extraordinarias y de la Compensación de Pensiones del Gobierno crea beneficios desproporcionados para los trabajadores que tenían ingresos significativos que estaban exentos de impuestos sobre la nómina en comparación con los que pagaron impuestos a la Seguridad Social durante toda su carrera. Por ejemplo, el economista Larry Kotlikoff destaca el caso de una maestra de escuela cuyas prestaciones a lo largo de su vida se dispararán en 830.625 dólares (¡!) con esta ley, duplicándose con creces su prestación anual de jubilación y casi triplicándose su prestación de viudedad. Del mismo modo, la actuaria Elizabeth Bauer calcula que los trabajadores del sector público con un breve empleo en el sector privado recibirán prestaciones un 45% superiores a las de aquellos con idéntico historial de ingresos que cotizaron a la Seguridad Social durante toda su carrera.

El apoyo de los congresistas republicanos a este costoso cambio obedece probablemente a un cálculo político. Durante mucho tiempo, respaldar el proyecto de ley parecía una forma barata de ganarse el favor de los sindicatos de policías y bomberos, electores clave en la base de votantes de muchos congresistas, sin preocuparse seriamente de que el proyecto fuera a ser aprobado. Pasaron 24 años desde que se presentó por primera vez una versión de la Ley de Equidad de la Seguridad Social en 2001 (con una audiencia en el Congreso celebrada en 2003) hasta que fue firmada por el presidente Biden el 5 de enero de 2025. El Wall Street Journal sugiere que el calendario –una aprobación posterior a las elecciones– apunta a un beneficio político para grupos como la Asociación Internacional de Bomberos, que presionó mucho a favor de la medida y se negó a apoyar a Kamala Harris para la presidencia (después de apoyar a Joe Biden en 2020).

No ayudó que las disposiciones de eliminación de ganancias extraordinarias y compensación de pensiones del gobierno fueran ajustes políticos complejos aplicados a una fórmula de beneficios de Seguridad Social aún más compleja que pocas personas entienden en gran profundidad. Como Andrew Biggs argumentó en su Substack:

"El típico miembro del Congreso no entiende muy bien cómo funciona la Seguridad Social. Si lo hicieran, la Ley de Equidad de la Seguridad Social no habría estado ni cerca de aprobarse".

La cruda realidad es que las fórmulas y las finanzas de la Seguridad Social son un desastre. Arreglarlas implica tomar decisiones difíciles, como subir los impuestos o reducir las prestaciones. Son cambios impopulares y los políticos no quieren hacerlos. Los votantes no quieren tener que hacer concesiones. A todo el mundo le gustan los almuerzos gratis, aunque no existan. En cambio, los políticos han demostrado una vez más que la forma más segura de obtener el apoyo bipartidista a una medida es otorgar beneficios inmediatos a los electores actuales y pasar la pelota a la próxima generación en forma de mayor deuda.

Lo que esto significa para el futuro de la reforma de la Seguridad Social

La Ley de Equidad de la Seguridad Social demuestra lo difícil que será una reforma integral real. Si el Congreso no puede decir no a los populares y miopes aumentos de prestaciones, ¿cómo abordará la tarea más difícil de hacer que la Seguridad Social sea solvente a largo plazo? La triste verdad es que los políticos probablemente ni siquiera lo intentarán, al menos hasta que la crisis esté demasiado cerca como para ignorarla.

Ése es el verdadero peligro. Al retrasar ahora reformas políticas sensatas, los legisladores están preparando el terreno para medidas aún más drásticas en el futuro. Una transferencia general de ingresos o trucos como el endeudamiento previo contra ganancias especulativas se convierten en las soluciones rápidas más probables a las que recurrirá el Congreso cuando se avecinen los recortes automáticos de prestaciones en 2032.

• Una transferencia general de ingresos significa que el Congreso podría decidir dejar de limitar la financiación de la Seguridad Social a sus fuentes de ingresos específicas y abrir de par en par la espita del gasto público y el endeudamiento. Aunque la Seguridad Social se ha financiado principalmente con los impuestos sobre las nóminas, se enfrenta a un déficit de 25 billones de dólares en los próximos 75 años, después de que los contribuyentes hayan devuelto los excedentes de los impuestos sobre las nóminas que el Congreso anterior despilfarró, con intereses. Hacia 2032, el programa no dispondrá de ingresos suficientes para pagar todas las prestaciones prometidas. Una transferencia general de ingresos es una forma de tirar la casa por la ventana, dejando que los futuros contribuyentes paguen el pato y algo más. Básicamente, el Congreso simplemente le diría al Tesoro que siga vendiendo bonos para financiar las prestaciones de la Seguridad Social, incluso después de que se agote el llamado fondo fiduciario.
• La idea de las ganancias especulativas tiene su origen en el senador Bill Cassidy (republicano de Los Ángeles), que propuso crear un fondo de inversión separado de 1,5 billones de dólares para apuntalar la Seguridad Social invirtiendo en los mercados de valores privados. Básicamente, el gobierno pediría prestados 1,5 billones de dólares para comprar acciones que actualmente son propiedad de estadounidenses y otros inversores, dejando que los futuros contribuyentes paguen esa deuda mientras que cualquier ganancia de las acciones iría a parar al gobierno. A lo largo de 75 años, esto podría llevar al gobierno federal a poseer un tercio del mercado de valores, según Andrew Biggs, lo que suscita preocupaciones sobre la gobernanza corporativa y el uso por parte del gobierno de su posición en el mercado de valores para realizar inversiones sociales con fines políticos.

La Seguridad Social necesita una reforma integral, no meros cambios superficiales. El reto de la financiación de la Seguridad Social no es sólo una cuestión de dinero, es una traición generacional que recaerá con mayor dureza sobre los que menos pueden permitírselo. Mientras el Congreso sigue colmando a la generación de más edad de prestaciones no financiadas, las generaciones más jóvenes se enfrentan a un futuro más sombrío, cargadas con impuestos más altos y una economía más lenta arrastrada por la excesiva deuda pública.

El Congreso escucha las voces más fuertes. Por eso es crucial que los contribuyentes y los defensores de un gobierno limitado y de una reforma sostenible de la Seguridad Social se organicen ahora y contrarresten la arraigada tendencia a mantener el flujo de prestaciones mientras se da una patada a la lata de la financiación. Si no alzamos la voz, los políticos seguirán cediendo ante los grupos de interés de los beneficiarios, hasta que vuelva a estallar una crisis fiscal.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 15 de enero de 2025.