Lo que Estados Unidos debería aprender del fracaso de la propiedad estatal en Suecia

El tema bipartidista más inverosímil en Estados Unidos en este momento es la propiedad estatal de los medios de producción. Donald Trump está convirtiendo al Tío Sam en un inversionista en acciones. Su administración ya ha adquirido o acordado adquirir participaciones accionarias en 34 empresas, incluyendo aproximadamente el 10 por ciento de Intel y participaciones o opciones de compra de hasta el 15 por ciento de MP Materials y casi el 20 por ciento de Elmet Group.

Mientras tanto, los Socialistas Demócratas de Estados Unidos (DSA) abogan por la propiedad estatal de las corporaciones más grandes y las industrias esenciales. En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani, miembro del DSA, planea abrir tiendas de abarrotes de propiedad municipal.

A pesar de las diferencias ideológicas, tanto el movimiento MAGA como el DSA sostienen que el Estado puede apoyar el empleo, las comunidades, la resiliencia y la innovación mejor que las fuerzas del mercado, y ambos lo describen como una ruptura necesaria con un consenso estadounidense de larga data sobre el libre mercado.

Sin embargo, estas políticas no tienen nada de nuevo. Se han probado muchas veces antes y su historial es extenso y decepcionante. La experiencia de mi país natal, Suecia, en las décadas de 1970 y 1980 es reveladora, ya que la propiedad estatal se justificaba con muchos de los mismos objetivos —a menudo contradictorios— que ahora invoca Washington.

Suecia creó el Banco Sueco de Inversiones en 1967 para canalizar financiamiento a largo plazo hacia la industria y, en 1970, fundó la sociedad de cartera estatal Statsföretag (Empresa Estatal Sueca), que reunió a 22 empresas bajo un mismo paraguas para coordinar y expandir la propiedad estatal.

Pronto, lo que al principio parecía una fortaleza —que la propiedad estatal pudiera alcanzar muchos objetivos al mismo tiempo— se convirtió en una pesadilla de gobernanza corporativa. Las juntas directivas y la administración discutían sobre si debía prevalecer la rentabilidad o la política industrial, lo que dificultaba tanto las decisiones estratégicas como la rendición de cuentas.

La propiedad estatal también convirtió al gobierno en árbitro y jugador a la vez: los mismos políticos que regulaban las industrias y distribuían subsidios ahora tenían un interés financiero en el éxito de ciertas empresas.

Algunas empresas utilizaron recursos y garantías estatales para actividades que parecían alejadas de las responsabilidades fundamentales del Estado. Un grupo de restaurantes de propiedad estatal envió a dos empleados a trabajar para McDonald’s en Estados Unidos en una misión de investigación. Armados con este conocimiento, más tarde fundaron Clock, un raro ejemplo de cadena de hamburgueserías administrada por el Estado, que incluía la distintiva "hamburguesa hawaiana" sueca, cubierta con piña.

En un momento dado, el Banco de Inversiones de Suecia encabezó un consorcio que intentaba rescatar el galeón español San José, que se había hundido frente a la costa colombiana en 1708 con un tesoro de oro cuyo valor se estimaba en miles de millones. El consorcio se desintegró y el San José sigue en el fondo del océano.

La política industrial se convirtió gradualmente en un sistema ad hoc para rescatar empresas en quiebra. En lugar de crear nuevas industrias, el gobierno rescató cada vez más a astilleros, empresas siderúrgicas y firmas textiles bajo la presión de los sindicatos y los políticos locales. La operación de rescate se conoció como la "Sala de Emergencias Industrial".

Entre 1976 y 1982, el grupo Statsföretag acumuló pérdidas totales de alrededor de 2 mil millones de dólares en moneda actual, una suma enorme para una economía pequeña. Los rescates a los astilleros habían costado el equivalente a 17 mil millones de dólares.

Kjell-Olof Feldt, ministro de Finanzas del gobierno socialdemócrata que asumió en 1982, describió a las empresas estatales como "un agujero negro" en las finanzas públicas. Un portavoz del mayor partido de centro-derecha señaló: "La propiedad estatal de las empresas ha sido, con pocas excepciones, un fracaso gigantesco".

Assar Lindbeck, el economista socialdemócrata que propuso por primera vez la creación del banco de inversión, llegó a lamentar su consejo y señaló: "Nunca he escuchado a ningún observador informado argumentar que el Banco de Inversión haya servido para algo útil durante su existencia".

Sorprendentemente, menos de 15 años después de que se lanzara la nueva política, se había llegado a un consenso de que había sido un costoso fracaso. En las décadas de 1980 y 1990, se cerraron las empresas deficitarias y se vendieron muchas empresas estatales. Un estudio mostró que la productividad en las empresas aumentó entre un 12 y un 36 por ciento tras la privatización.

Sin embargo, este retroceso tomó más tiempo del que deseaban los involucrados. Feldt, el ministro de Finanzas, se refirió a "la resistencia generada por el propio sistema, es decir, la administración estatal y los grupos de interés que dependían del flujo de fondos públicos".

Una lección importante para los Estados Unidos de hoy, ahora que comienza a repetir algunos de los experimentos fallidos de Suecia de finales de la década de 1960 y la década de 1970, es que cuando la propiedad estatal reemplaza a la privada, la retroalimentación de un mercado descentralizado es sustituida por el cabildeo organizado y la autopreservación institucional.

El resultado no solo son políticas peores, sino también un sistema político que se vuelve menos capaz de corregir sus propios errores.

Durante años, la Oficina Nacional de Deuda de Suecia mantuvo en su sede una maqueta de seis pies del T.T. Sea Scape, un petrolero construido con apoyo estatal durante la crisis de los astilleros, como recordatorio de las costosas políticas industriales de la década de 1970. Quizás sea hora de que el Sea Scape emprenda un último viaje —a través del Atlántico— para ser exhibido en los pasillos del Congreso.

Este artículo fue publicado originalmente en Newsmax (Estados Unidos) el 13 de octubre de 2026.