Ley anti-discriminación en Colombia: Otra apuesta en contra de la libertad

Javier Garay comenta la ley anti-discriminación que se aprobó a principios de septiembre en Colombia y considera que "las razones de los problemas de algunos grupos minoritarios no tienen que ver con la falta de Estado sino con el exceso de él".

Por Javier Garay

El pasado 6 de septiembre, en Colombia se aprobó una ley anti-discriminación. En ésta, el Estado se compromete a castigar con cárcel a las personas que discriminen por motivos de raza, credo, ideología o sexo, entre otras. La recepción por parte de los medios de comunicación, de la academia y, claro, de los representantes estatales ha sido supremamente positiva. Sin embargo, varios aspectos se han olvidado en esta nueva etapa de lo políticamente correcto. Menciono algunos de ellos:

Primero, es claro que las acciones negativas y moralmente sancionables deberían desaparecer de la sociedad. Sin embargo, esto no sucede. Menos si hablamos de una sociedad liberal. En este tipo de sociedad se reconoce la posibilidad de que algunos individuos, en pleno uso de su autonomía, tomen decisiones equivocadas, incluso reprochables, para el resto de los ciudadanos. No obstante, ¿estos no tienen derecho a cometer errores? Además, ¿es a través de la acción —persecución, para ser más exactos— estatal que estos pueden dejar de cometer esos errores o de sentir lo que sienten? Es evidente que si alguien maltrata a otro ser humano o lo quita su vida o su propiedad, esto debe ser condenado por el Estado, por medio de la aplicación del servicio de justicia. Sin embargo, la justicia no se hace porque el afectado tenga tales o cuales características o porque pertenezca a tal o cual grupo, sino porque esa es la función del Estado: proteger a todos los individuos por ser precisamente eso, individuos.

Es más, y este sería el segundo punto, en una sociedad liberal el Estado deriva sus funciones de los ciudadanos. De todos los ciudadanos. Esto significa que los servicios de seguridad y justicia que presta el Estado no deben tener consideraciones especiales para unos pocos, así estos pertenezcan a grupos específicos o a minorías. Por su parte, si seguimos justificando la actuación del Estado para beneficiar a grupos específicos, nos olvidamos de la esencia del individualismo: ¿un indígena debe ser respetado en su dignidad por ser indígena o por ser un ser humano? En esto es en lo que debería concentrarse el debate.

Tercero, antes de esta esta ley, en Colombia se han promulgado otras como las regulaciones en contra de la venta de licor a ciertas horas en Bogotá, la ley anti-tabaco, la que define la ilegalidad de las ventas callejeras, entre otras. La pregunta en este punto sería: ¿cuál es el límite de la intervención del Estado en las decisiones individuales, en las relaciones interpersonales o en el emprendimiento económico? ¿Debe estar todo regulado? ¿Cuál es la capacidad del Estado —y sobre todo del Estado colombiano— para hacer cumplir todas estas normas?

Un cuarto punto es que si se observa con detenimiento, las razones de los problemas de algunos grupos minoritarios no tienen que ver con la falta de Estado sino con el exceso de él. En el pasado, los indígenas y los afrocolombianos fueron excluidos de la sociedad por decisiones estatales. A través de decisiones estatales es como se les arrebataron las tierras, por ejemplo. De igual manera, las mujeres fueron marginadas y subordinadas por su condición de mujeres como resultado de decisiones estatales. Hasta hace muy poco, las personas de la comunidad LGBT (Lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) han sido discriminados por decisiones que tienen su origen en la aplicación de la normatividad estatal. ¿Qué más ejemplo de este último que las discusiones actuales sobre el matrimonio homosexual o la posibilidad de adoptar por parte de estos individuos? Una ley que ahora intente borrar el pasado no es sino una nueva intromisión del Estado pero que no elimina la esencia de los errores cometidos en contra de todas esas personas que se consideran minorías: así la ley sea políticamente correcta, sigue discriminando.

Un último punto que quisiera resaltar es que, además de todo, el Estado interviene en asuntos para los que no fue creado. Si esta ley llegara a aplicarse de manera rigurosa (aspecto muy difícil de realizar en un país con los problemas que tiene Colombia), ¿no deberían estar las autoridades pendientes de evitar la comisión de delitos como asesinatos, robos o violaciones? ¿Deben estar las autoridades pendientes de quién trata mal a quién o de quién no quiere darle trabajo a otra persona por prejuicios? A pesar de los entusiastas de un Estado grande, no hay que olvidar que las burocracias públicas no fueron creadas para reemplazar a los padres.

Muchas otras consecuencias e inconsistencias se podrían mencionar de esta ley. Sin embargo, el debate no se ha presentado en Colombia. Como tantos liberales han prevenido en el pasado, en las cosas más pequeñas es cuando una sociedad comienza a ceder los espacios más importantes de los derechos de los individuos. Después no nos quejemos cuando las restricciones a la libertad sean intolerables.