Las participaciones empresariales de Trump son un regalo para el próximo presidente demócrata

La administración de Donald Trump ya ha anunciado o concretado acuerdos para adquirir participaciones accionarias en 40 empresas privadas. Justo a mediados de octubre, el Departamento de Comercio agregó cuatro propuestas de participación más al recuento que llevamos en la iniciativa "Restoring Free Enterprise" del Instituto Cato. Quienes se inclinan a aplaudir las negociaciones del presidente deberían considerar qué podría hacer un presidente demócrata con esas participaciones una vez que Trump ya no esté en el cargo.

Los demócratas sin duda están pensando en ello. Semafor informa que exfuncionarios de Biden se están frotando las manos ante la perspectiva de utilizar la propiedad estatal para presionar a las empresas de armas y petroleras. Doug Farrar, quien trabajó para la entonces presidenta de la Comisión Federal de Comercio, Lina Khan, durante la administración de Biden, prevé que un futuro presidente aproveche la propiedad estatal para apretar las tuercas a las empresas de inteligencia artificial, "especialmente un demócrata que quiera regular seriamente esta industria". ¿Recuerdas cuando la administración de Biden presionó a las plataformas de redes sociales para que eliminaran contenido que no le gustaba durante la pandemia de COVID? Eso se hizo sin que el Estado tuviera participación accionaria.

Yo advertí sobre esto a las dos semanas de iniciarse el segundo mandato de Trump, después de que él firmara una orden ejecutiva con el objetivo de crear un fondo soberano, señalando que un fondo de inversión del Estado eventualmente se convertiría en un vehículo para que las administraciones demócratas aplicaran políticas a las que se oponen los republicanos. La Casa Blanca descartó la idea de un fondo formal y procedió a armar una cartera presidencial ad hoc a pesar de no tener una autoridad legal clara para hacerlo.

Los partidarios de la administración de Trump citan sus argumentos de que las participaciones accionarias son mejores para los contribuyentes que los cheques en blanco, o que son necesarias para reforzar las cadenas de suministro en aras de la seguridad nacional. Dejando de lado que esas no son las verdaderas motivaciones de la administración, ninguna de ellas justifica que Washington se convierta en accionista de una cartera de empresas.

Claro, si el gobierno ya le está dando dinero a una empresa, obtener acciones a cambio suena mejor que una donación directa. Pero no se pueden ignorar las desventajas.

Cuando el gobierno elige un caballo de carreras, a ese caballo se le otorgan ventajas y privilegios que dejan a los caballos competidores en desventaja. Pero el peligro va mucho más allá de los competidores actuales. Las empresas emergentes, incluidas aquellas que aún no existen, ya enfrentan una cuesta muy empinada para llevar sus productos e ideas al mercado. La participación del Estado en el capital hace que esa cuesta sea aún más empinada, lo que amenaza con sofocar el espíritu emprendedor, fundamental para el éxito económico de Estados Unidos.

El valor de las acciones en los libros del Estado no equivale a ingresos para el Tesoro. Para obtener ganancias, es necesario vender las acciones y restar lo que aportaron los contribuyentes. Y como explica mi colega Scott Lincicome, las ganancias de las acciones de Intel reflejan en parte las expectativas de favoritismo estatal, incluida la presión sobre otras empresas para que utilicen productos de Intel. Esto apunta a la posibilidad de que el gobierno esté desviando la inversión privada de empresas con mejores perspectivas comerciales.

Incluso si el gobierno pudiera vender hoy toda su participación en Intel, obtendría aproximadamente 28 mil millones de dólares: menos del 1,5 % del déficit de 2 billones de dólares que Washington acumuló en el año fiscal que acaba de terminar bajo el mandato del presidente Trump y un Congreso controlado por los republicanos. De todos modos, las participaciones que el gobierno ha adquirido deberían venderse. Pero si el gobierno quiere recaudar fondos de manera productiva, podría reconsiderar las recomendaciones del Instituto Cato de vender los edificios federales en exceso y privatizar empresas estatales como Amtrak.

El argumento de la seguridad nacional también suena razonable hasta que uno se da cuenta de que el gobierno federal ya cuenta con muchas formas de apoyar a las empresas por esos motivos sin convertirse en propietario. Nuestra iniciativa "Restoring Free Enterprise" (Restaurar la libre empresa) presenta alternativas tanto basadas en el mercado como estatales a las participaciones accionarias que ayudarían a fortalecer las cadenas de suministro críticas. Flexibilizar los requisitos de permisos y eliminar los aranceles sobre los insumos de producción facilitaría que las empresas privadas invirtieran y ampliaran la oferta. Y el gobierno puede abordar necesidades específicas de defensa mediante contratos de compra o reservas de materiales críticos.

Invocar la "seguridad nacional" también tiene una larga tradición en Washington como excusa para que los políticos justifiquen acciones con las que, de otra manera, tal vez no se saldrían con la suya. En abril, el gobierno buscó un rescate que podría haberle otorgado al gobierno el 90% de Spirit Airlines con argumentos dudosos de seguridad nacional, hasta que un grupo de tenedores de bonos de la aerolínea se opuso a los términos.

La semana pasada, Politico informó que la Administración Federal de Aviación está explorando la posibilidad de adquirir una participación accionaria en una empresa que desarrolla software para la gestión del control de tráfico aéreo. Sea o no por seguridad nacional, que el gobierno se convierta en inversionista de una empresa que se supone debe evaluar objetivamente es, objetivamente, una mala idea.

Los defensores también señalarán las promesas de que el gobierno seguirá siendo un accionista pasivo y argumentarán que las preocupaciones sobre el control federal en la junta directiva de la empresa son exageradas. Esa es una visión dolorosamente ingenua de cómo funciona Washington. La administración de Trump ya está utilizando contratos y su autoridad regulatoria para favorecer a las empresas de las que es dueña.

Si bien los partidarios de Trump pueden aplaudir ese favoritismo hoy, ¿seguirán aplaudiendo cuando lo haga un presidente Gavin Newsom o una presidenta Alexandria Ocasio-Cortez?

No.

Es por eso que los republicanos deberían aprovechar el tiempo que aún les queda para poner fin a este experimento de propiedad, en lugar de esperar hasta que un presidente demócrata los haga desear haberlo hecho.

Este artículo fue publicado originalmente en FoxNews.com (Estados Unidos) el 20 de octubre de 2026.