La visión libertaria para las telecomunicaciones y la alta tecnología

Por Adam Thierer y Clyde Wayne Crews Jr.

Los sectores tecnológico y de telecomunicaciones están bajo constante asalto por parte de los políticos y reguladores en todos los niveles del gobierno—local, estatal, federal e internacional. Aunque existe un consenso creciente de que la competencia y la desregulación traerían enormes beneficios tanto para los consumidores como para los empresarios, las políticas necesarias para hacerlas realidad se han quedado cortas. Peor aún, las autoridades políticas parecen estar cada día más dispuestas a extender el desacertado legado regulatorio del pasado para cubrir al Internet y a otras tecnologías emergentes dentro del mercado de los servicios informativos.

Las autoridades políticas deben resistir la tentación de tratar como sus juguetes políticos a las tecnologías existentes y emergentes. Es necesario darle espacio al pensamiento innovador y que éste se guíe por tres principios simples:

Primer Principio—No hacer daño: Tal y como este principio rige a la profesión médica, las autoridades políticas también deberían guiarse por un "Juramento de la Alta Tecnología." El ritmo del cambio tecnológico en este sector casi que imposibilita establecer políticas oportunas que no serán obsoletas tan pronto sean puestas en práctica. Mientras que los empresarios y los gigantes de la industria pueden moverse a la velocidad cibernética para evitar la rápida obsolescencia tecnológica, está claro que para los gobiernos y las legislaturas esto es imposible. Ese es el contraste entre la "Ley de Moore" y la "Ley de Murphy."

Las firmas de computadoras y telecomunicaciones han sido forzadas a hacer las paces con la realidad que representa la "Ley de Moore", la cual sostiene que el poder informático dobla su capacidad cada 18 meses, mientras que su precio cae por un margen igualmente dramático durante el mismo período. En otras palabras, estas compañías tienen que reinventar la rueda cada año y medio si quieren mantener la delantera en el juego.

Sin embargo, la legislación es frecuentemente acosada por la "Ley de Murphy"—cualquier cosa que puede salir mal, saldrá mal. Además, incluso los esfuerzos más bien intencionados tomarán mucho tiempo en ser aprobados por la "fábrica de salchichas" legislativa, de tal forma que la mayoría de los estatutos o regulaciones serán obsoletas o redundantes en el momento en que finalmente entren en efecto. Para ponerlo de manera simple, el "tiempo del Internet" y el "tiempo del Estado" se miden con dos relojes muy diferentes. Las autoridades políticas deben evitar los arreglos fáciles y las supuestas soluciones políticas simples para los problemas complejos que representan las realidades de la nueva economía digital.

Segundo Principio—Ser paciente: El segundo principio al cual las autoridades políticas deberían prestar atención cuando consideran las políticas de la alta tecnología es el ejercicio de la paciencia y la moderación regulatoria; el estar dispuestos a esperar que los buenos resultados que dicen buscar se desarrollen naturalmente. Esto no siempre es fácil cuando se cree en las soluciones políticas a corto plazo para cualquier problema. Muchos políticos hablan bellezas de los beneficios del mercado y la autorregulación, pero luego actúan con el fin de transformar la voluntad de las compañías y los consumidores al imponer soluciones regulatorias improvisadas y proteccionistas.

Tercer Principio—Abrazar el cambio: Finalmente, las autoridades políticas deben abrazar el cambio y su naturaleza revolucionaria. Aprender a vivir con el cambio nunca es fácil. Firmas, tecnologías, e incluso sectores industriales enteros pueden levantarse y caer en un período de tiempo relativamente corto. Un día el Betamax y el Atari son la tecnología de moda en el mercado, y al año siguiente son tan anticuados como los discos de acetato y el radio de transistores.

Pero algunas veces dicho fracaso es algo bueno. Los gigantes industriales de ayer se convierten en los perdedores de hoy. Ya sea IBM en los setenta o Microsoft en los noventa, ninguna firma puede esperar ser la dueña del mercado por mucho tiempo. De hecho, si hay una constante en el mundo del Internet es el cambio. La Nueva Economía se caracteriza por la extrema volatilidad: la montaña rusa del mercado de valores, las modas técnicas, la rápida obsolescencia tecnológica, etc. De hecho, el Internet del mañana probablemente no será el que conocemos hoy en día.

Consecuentemente, las autoridades políticas deben reconocer que el Internet y el sector de la alta tecnología desafiarán a las políticas anteriores, a los programas existentes, a las viejas instituciones y a las industrias establecidas. Los legisladores deben estar anuentes a cambiar las estructuras, leyes y normas políticas existentes para acomodar o promover la expansión constante de la Nueva Economía. Mientras que a ciertos intereses de la Vieja Economía no les gusta la aparición de estos nuevos sectores industriales y tecnológicos, las autoridades políticas no deben permitir que las compañías antiguas utilicen regulaciones viejas o nuevas como una herramienta contra sus nuevos competidores. La historia de la regulación de las comunicaciones está repleta de historias lamentables de un sector de la industria usando el garrote de la regulación para apalear a sus competidores. Las autoridades políticas deben rechazar dichas propuestas propias del pasado.

Estos principios simples deberían guiar cualquier debate sobre políticas de telecomunicaciones o tecnología que pueda presentarse. Más específicamente, estos principios pueden ser traducidos en un conjunto de mandamientos más concreto para que sea seguido por las autoridades políticas:

1. Cualquier individuo o entidad debería ser libre de crear y ofrecer al público cualquier bien tecnológico o servicio de comunicaciones que así desee, cuando así lo quiera, como sea que guste y bajo cualquiera sean los términos en que éste y sus clientes estén mutuamente de acuerdo.

2. Ningún individuo o entidad posee un derecho inalienable sobre un bien tecnológico o servicio de telecomunicaciones en específico.

3. Los derechos a la libre expresión son de suma importancia para la libertad individual y deberían ser completamente protegidos y respetados contra cualquier interferencia gubernamental.

4. En lugar de imponer reglas administrativas, las autoridades políticas deberían respetar los derechos a la propiedad privada, la libertad de contrato sin impedimentos, las negociaciones voluntarias, la resolución privada de disputas y otros principios de la ley común.

Traducido por Juan Carlos Hidalgo para Cato Institute.