La última exención supone una nueva crítica a la Ley Jones

Pocos días después de que se conocieran las noticias de que la Administración Trump estaba considerando una exención de la Ley Jones, la Casa Blanca ha anunciado ahora una suspensión de 60 días de dicha ley para el transporte de diversos productos energéticos y fertilizantes. Cabe hacer varias observaciones al respecto.

En primer lugar, la exención proporcionará el alivio económico necesario. La suspensión de la Ley Jones amplía considerablemente el número de buques disponibles para transportar energía y fertilizantes dentro de Estados Unidos. Entre los buques de carga seca a granel de alta mar, ideales para el transporte de fertilizantes, ninguno cumple con la ley. Del mismo modo, solo un buque cisterna de gas natural licuado cumple los requisitos de la Ley Jones, y ese buque es de construcción extranjera y está restringido a prestar servicio en Puerto Rico en virtud de una exención especial. En cuanto a los petroleros, solo 54 cumplen con la Ley Jones, una minúscula fracción de los casi 7.500 que operan a nivel mundial.

En resumen, la exención abre el acceso a una flota mucho más amplia en un momento en que la flexibilidad es fundamental. Ampliar el suministro, aumentar las opciones y eliminar la necesidad de soluciones alternativas ineficientes para el transporte marítimo es exactamente lo que se necesita durante los periodos de tensión económica.

En segundo lugar, la medida del Gobierno confirma aún más que la Ley Jones es un obstáculo para la cadena de suministro. Al anunciar la exención, la secretaria de prensa Karoline Leavitt la presentó como parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer las cadenas de suministro estadounidenses. Pero la necesidad de suspender la ley para lograr ese objetivo es reveladora. Si la Ley Jones es un pilar de la seguridad económica y nacional, como suelen afirmar sus defensores, ¿por qué se está suspendiendo cuando la presión sobre el país va en aumento?

Todo ello encaja en un patrón más amplio de fracaso. Los defensores de la Ley Jones argumentan que la ley sostiene una sólida industria naval nacional, pero los astilleros estadounidenses solo representan una minúscula fracción de la producción mundial. Un informe gubernamental de 2025 describía el sector como en un estado de "colapso casi total". Otros afirman que la ley garantiza una capacidad de transporte marítimo suficiente en tiempos de guerra. Pero el número de buques que cumplen con la Ley Jones —lastrados por unos costos de construcción extraordinariamente elevados— se ha reducido a menos de la mitad desde 1980. Incluso entre los que quedan, los responsables militares han manifestado su reticencia a confiar en ellos, dada la perturbación económica que ello supondría.

Una política que impone altos costos en tiempos de paz, se suspende como válvula de escape en tiempos de crisis y aporta pocos de los beneficios anunciados, es difícil de justificar tanto por motivos económicos como de seguridad nacional.

Dicho esto, la legalidad de la exención no está fuera de toda duda. Según la legislación vigente, solo las exenciones solicitadas al secretario de Defensa pueden superar los diez días, y estas deben abordar un "impacto adverso inmediato en las operaciones militares". La administración ha justificado la medida como necesaria para "mitigar las perturbaciones a corto plazo en el mercado petrolero mientras el ejército estadounidense sigue cumpliendo los objetivos de la Operación Furia Épica". Es discutible si esto cumple el criterio legal, y la conexión con un "impacto adverso inmediato" parece débil.

Esto plantea una preocupación más amplia: ni siquiera los resultados políticos deseables deben conseguirse a expensas del Estado de derecho.

La lección más importante de este episodio es clara. La exención proporcionará beneficios económicos reales, aunque temporales. Pero también equivale a un reconocimiento implícito de que la propia Ley Jones es la fuente del problema. Si la ley inflige perjuicio económico en tiempos de paz y debe dejarse de lado cuando el país se encuentra bajo coacción, entonces no vale la pena tenerla.

En lugar de recurrir a exenciones temporales de dudosa legalidad, los responsables políticos deberían abordar la causa de fondo. Derogar la Ley Jones eliminaría una restricción de larga data para las cadenas de suministro estadounidenses, reduciría los costos para las empresas y los consumidores estadounidenses y sentaría las bases para desarrollar una política marítima que satisfaga las necesidades económicas y de seguridad nacional del país.

Este artículo fue publicado originalmente en Cato At Liberty (Estados Unidos) el 18 de marzo de 2026.