La trampa de Kyoto

Por Juan Carlos Hidalgo

Delegados de 189 países descendieron en la capital argentina para la décima Convención sobre Cambio Climático (COP 10) que se llevó a cabo del 6 al 17 de diciembre del 2004. A diferencia de encuentros pasados, esta vez el evento estuvo marcado por el optimismo alrededor de la pronta implementación del Protocolo de Kyoto, luego de que Rusia lo ratificara. Sin embargo, tal entusiasmo no disipa las dudas sobre si Kyoto es la manera de enfrentar los posibles impactos que tendría el cambio climático sobre los países en desarrollo.

Primero, es necesario señalar que la amenaza del cambio climático ha sido exagerada. El calentamiento experimentado por el planeta durante el siglo XX fue de menos de un grado centígrado, y gran parte del mismo tomó lugar en las masas de aire frías de Siberia y el Noroeste de Norteamérica durante la época de invierno. Dada la tendencia lineal del calentamiento observado durante el siglo pasado y su preferencia por las altas latitudes del planeta, los científicos pueden determinar cuánto aumentará la temperatura global para los próximos 50 años: 0,75°C.

Un calentamiento tan modesto como el indicado en las latitudes más elevadas tiende a mejorar las condiciones para la agricultura, ya que se podrían prolongar los períodos de cosecha y aumentar las lluvias. Además, niveles más elevados de dióxido de carbono aumentarían los índices de crecimiento de las plantas, produciendo así mayores cosechas.

Sin embargo, la comunidad internacional continúa obsesionada con poner a marchar el Protocolo de Kyoto para reducir cualquier calentamiento pronosticado, por más mínimo y beneficioso que pueda ser. Aún así, no debemos cifrar muchas esperanzas en que eso suceda. Según el climatólogo Tom Wigley, de ser implementado en su totalidad, el protocolo reduciría la temperatura global para el año 2050 en apenas 0,07°C. Por otra parte, se estima que los costos de Kyoto están entre los 150.000 millones de dólares y 350.000 millones de dólares al año. Un simple análisis costo-beneficio indica que Kyoto no vale la pena.

Aún cuando la mayor parte de los costos recaigan sobre los países industrializados, las naciones en desarrollo también sufrirán debido a que, al reducirse el ingreso en los países ricos, también disminuye la demanda de productos agrícolas y textiles que exportan los países en desarrollo.

En lugar de Kyoto, los países en la COP 10 deberían adoptar una agenda que permita enfrentar los desafíos actuales y futuros que el clima presenta a la humanidad, en donde combatir a la pobreza sea la prioridad número uno.

La pobreza exacerba la vulnerabilidad de los humanos a las inclemencias del clima. Por ejemplo, cuando el huracán Mitch –en ese momento de apenas categoría 1 de intensidad– golpeó a Centroamérica en 1998, mató a unas diez mil personas. En agosto del 2004, un huracán categoría 4 (Charley) azotó una zona residencial de Florida y el número de muertos no sobrepasó a veinte. La riqueza de un país desarrollado es la mejor arma para reducir el daño que producen los fenómenos climáticos.

Combatir la pobreza es la mejor manera de encarar las inclemencias del tiempo, en lugar de intentar controlar el clima mediante protocolos internacionales caros e inefectivos. De ahí que toda estrategia de adaptación al cambio climático debe estar basada en promover las instituciones que fomentan la creación de riqueza: los derechos de propiedad, el libre comercio, el Estado de Derecho, la libertad de contrato y gobiernos limitados. América Latina ciertamente tiene una gran tarea por delante.

Artículo de la Agencia Interamericana de Prensa Económica (AIPE)
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