La reforma anti-fiscal

La formación de un acuerdo político nacional en México ha dado un poco de oxígeno a la agenda de reforma estructural pendiente, sobre todo a la oportunidad de negociar la aprobación de la reforma fiscal integral, o la llamada nueva hacienda pública. Esta ha sido víctima de una extraña mezcla de intereses especiales, revanchismo, irresponsabilidad fiscal, y la ausencia de una estrategia clara de venta y comunicación por parte del gobierno.

La curva de aprendizaje ha generado altos costos de oportunidad. ¿Qué hubiera pasado si, en vez de anunciar la homologación del impuesto al valor agregado al 15%, o la famosa propuesta de regresar la porción del impuesto "con copete," se hubiera anunciado en vez una reducción del 15% al 10%, junto con la eliminación de la gran cantidad de privilegios y tasas diferenciadas existentes? Hoy, otro gallo cantaría. Hoy (hoy, hoy), el debate no sería si debiesen quedar exentas las medicinas y los alimentos, sino si es viable la reducción de la tasa impositiva. Hoy, en México, ya tendríamos reforma fiscal integral.

En 1995, el gobierno aumentó la tasa del impuesto al valor agregado del 10% al 15%, bajo la premisa de estimular el ahorro y generar flujo fiscal.  Hoy, la recaudación no ha pasado del nivel vigente antes del '95, pero a la vez se ha incentivado la evasión fiscal y la economía informal.

En esta materia, lo realmente importante no es el nivel de la tasa, sino la eliminación de los regímenes preferenciales, como la tasa cero. En particular, una tasa uniforme de 10% lograría mayores beneficios que el régimen prevaleciente, incluso que la miscelánea fiscal en proceso de negociación. Y el capital político de anunciar una reducción fiscal sería de gran valor agregado.

Con el sistema actual, la administración espera recaudar este año 207 mil millones de pesos por concepto de IVA, lo que representa 3.3 por ciento del valor de la producción final esperada para este año. Cada mexicano termina pagando en promedio sólo el 6.5 por ciento de IVA sobre el total de su gasto por causa de exenciones y tasas privilegiadas. ¡Ni siquiera la mitad de la tasa general!. La evasión a este impuesto suma alrededor de 1.4% del PIB y eso que sólo se grava al 55% del total de bienes.

Suponiendo que las familias mantengan constantes sus asignaciones al consumo como proporción de su ingreso, una reducción del IVA al 10%, pero sin exenciones, aumentaría la recaudación un punto porcentual del PIB, cosa que una tasa alta no garantizaría. De esta manera, el gobierno obtendría mayores recursos por un total de 1.7% del producto interno bruto. ¡Tan sólo por el IVA, el gobierno hubiera recaudado 5.0% del PIB para este año!.

Además, con IVA al 10%, no importa si somos de la clase baja, media o súper alta, si somos de tal o cual decil. Todos los que pagan impuestos se benefician, por motivo de la aprobación de la reforma fiscal: por subsidios directos, créditos fiscales, la reducción en el impuesto sobre la renta, simplificación radical de trámites, menores costos de transacción, el acceso al crédito y finanzas sanas.

Los números no mienten. Un esquema de IVA sin tasas preferenciales no perjudica a los que menos tienen, sino más bien a los que pagan menos de lo que deben pagar, o no pagan y viven a costillas del causante. Las cosas, sin embargo, hubieran sido diferentes si se hubiera presentado la reforma fiscal "bajando la tasa general."