La política del mal vecino: La inútil guerra contra las drogas de Washington en América Latina

Por William H. Peterson

Prominentes partidarios de la legalización o la despenalización de las drogas provienen del bando conservador: William F. Buckley Jr., Milton Friedman, el ex gobernador de Nuevo México Gary Johnson, George Schultz, secretario de Estado de Ronald Reagan.

Schultz, ahora en la Hoover Institution con Milton Friedman, es un recién convertido. En 1984 Schultz cantaba un tono diferente, declarando que: "El abuso de las drogas no solo es una prioridad para la política doméstica de esta administración, sino también para nuestra política exterior también."

Los antecedentes para la conversión de Schultz están bien demostrados en Bad Neighbor Policy (Palgrave Macmillan, 282 páginas, $24.95) del vicepresidente de Estudios de Defensa y Política Exterior del Cato Institute, Ted Galen Carpenter, quien se refiere extensamente sobre los más de 30 años de la guerra contra las drogas declarada por Richard Nixon. El título del instructivo y oportuno libro de Carpenter hace referencia a la Política del Buen Vecino hacia América Latina de Franklin D. Roosevelt en la década de los treinta, a la vez que documenta los múltiples pecados de Estados Unidos al sur de su frontera y comenta sobre la intensa guerra contra las drogas:

"Las autoridades estadounidenses han sobornado, engatusado, y amenazado a los gobiernos latinoamericanos intentando detener el flujo de drogas ilegales. El resultado ha sido una creciente ola de corrupción y violencia en dichos países y un creciente descontento por parte de las poblaciones perjudicadas hacia sus propios gobiernos—y hacia Estados Unidos. La guerra contra las drogas hemisférica de Washington es la personificación de la Política del Mal Vecino."

Así que Estados Unidos es el malo de la película al obligar a sus vecinos latinoamericanos a adoptar políticas de interdicción, erradicación, y cambio de cultivos de plantas como la marihuana a básicos como el algodón. Sin embargo, cosecha fracasos, como la guerra de guerrillas, aún cuando la administración Clinton en su último año dio $1.300 millones a Colombia, en lo que Carpenter llama "la ofensiva anti-drogas del lado de la oferta más ambiciosa hasta la fecha."

Colombia, un país de 44 millones de personas, ha tenido mucho más que su justa cuota de caos y violencia. Alrededor de dos millones de personas han abandonado sus hogares huyendo de los combates. Más de 35.000 civiles han muerto en el conflicto en la última década. Las estadísticas oficiales de Bogotá afirman que tan solo en el año 2000, 126.000 personas han perdido sus hogares debido a la guerra contra las drogas.

Por su parte, Estados Unidos ha despachado 300 Boinas Verdes con el fin de entrenar a las autoridades militares colombianas. En el 2001 ha transferido 16 helicópteros Black Hawk para el transporte de tropas y 11 aviones para la fumigación aérea de cultivos de drogas, con otros 25 helicópteros más pequeños y 14 aviones de fumigación programados para ser entregados el año pasado.

Pero la ironía es que entre más "exitosos" son estos programas, más contribuyen a aumentar el precio callejero de las drogas en lugares como Los Ángeles y Nueva York, y por lo tanto aumentar los precios de la coca en lugares como México, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. El terrorismo y la corrupción en todos estos países han emergido tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda de los mercados negros del mundo.

Muchos agricultores pobres de los Andes se preguntan: "¿Café o coca? Usted debe estar bromeando," mientras que se inclina por la más remunerativa coca. Anne W. Patterson, embajadora de Estados Unidos en Colombia, admite que "no existe duda alguna que nos estamos concentrando actualmente más en el terrorismo." El Congreso, por su parte, ha intentado lidiar con los cargos de terrorismo mediante una provisión en su paquete de ayuda a Colombia que requiere que el poder ejecutivo examine de cerca el comportamiento del ejército y la policía colombianos. No obstante, el chequeo parece haber contribuido únicamente a generar más corrupción y violencia.

No es de sorprenderse que un libertario como Carpenter al final de su libro elabore un plan para la paz mediante el fin de la guerra contra las drogas. Él saluda la grata, si bien reservada, bienvenida dada por el presidente mexicano Vicente Fox para también acabar con la guerra. En una entrevista en el 2001, el presidente Fox dijo que la solución sería eventualmente legalizar las drogas. Sin embargo, él señaló un importante inconveniente para México, un país de 100 millones de personas:

"Cuando llegue el día para adoptar la alternativa de suspender el castigo por consumo de drogas, tendría que hacerlo todo el mundo, porque no ganaríamos nada si México lo hiciera, y continúa la producción y consumo de drogas (en otros países)." La continuación por supuesto radica en la existencia de mercados negros en el extranjero donde las drogas permanecen ilegales.

Carpenter le pide a Washington acabar con su costoso y humillante "espectáculo de sobornar alternativamente y amenazar a sus vecinos a hacer lo imposible."

Esta reseña fue publicada originalmente en el Washington Times, el 15 de abril de 2003.

Traducido por Juan Carlos Hidalgo para el Cato Institute.