La perversión del rol de los parlamentarios

¿Por qué existen los parlamentos? ¿Cuál es su rol? ¿Con que finalidad se originaron? ¿Cuál es la razón que justifica que haya parlamentarios?

Analizar esas cuestiones es relevante cuando el desencanto con la democracia se está expandiendo por doquier, incluso, entre los ciudadanos de los países más avanzados. Estudios globales, como el de la Universidad de Cambridge o el del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, exponen este estado de situación crítico a nivel mundial, que ha alcanzado niveles históricos récord. Dentro de ese lamentable marco, los latinoamericanos son los más decepcionados con el funcionamiento de su democracia.

Los efectos sociales se manifiestan en una creciente desconfianza de los habitantes hacia los partidos políticos y los parlamentarios.

Alejandro Guedes, basándose en el dossier Varieties of Democracy (V-Dem) de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), expresa con acierto que la democracia puede existir electoralmente, pero perdiendo su densidad republicana. Este autor menciona que en V-Dem se denomina a dicho escenario “tercera ola de autocratización”. 

“Perdiendo densidad republicana” es precisamente lo que está ocurriendo en la gran mayoría de las naciones del mundo. Y de ahí vine la relación entre el título de esta columna y el desencanto con la democracia a nivel planetario. ¿Por qué?

Para responder a esa interrogante hagamos un repaso histórico. Creemos que no es desacertado afirmar que los parlamentos más genuinos nacieron en Gran Bretaña en el siglo XIII. ¿Con qué finalidad? Limitar el poder del rey y garantizar los derechos y las libertades de ciertos individuos y grupos. Uno de los modos más eficientes para alcanzar esas metas era acotar el margen de discreción arbitraria del monarca en temas económicos, especialmente, el referido a la imposición tributaria. El primer hito de ese proceso histórico lo constituyó la Carta Magna de 1215. Fue firmada por el rey Juan “Sin Tierra” bajo la presión de los barones y los eclesiásticos ingleses.

En la referida Carta Magna el soberano declara que está sujeto al Estado de Derecho y quedaron documentadas las libertades de las que gozaban los “hombres libres”. Además, el rey Juan fue obligado a aceptar que debía pedir la aprobación de los nobles para poder establecer tributos extraordinarios. Este texto sentó las bases de los derechos individuales de alcance general en la jurisprudencia inglesa. 

La cláusula 61 de la carta de 1215 exigía a los barones elegir a 25 representantes para que sirvieran como “garantía” y aseguraran la preservación de los derechos y libertades enumerados. Este es el antecedente más remoto de la figura de un parlamentario y del rol que debe ejercer. Aunque la cláusula 61 se omitió en las versiones posteriores de la carta, sirvió de modelo para un intento aún más severo de controlar al rey.

A lo largo del siglo XIII se asentó una tradición, según la cual, el juramento de coronación del rey debía reforzarse con promesas escritas de respeto a las libertades del pueblo, lacradas con el sello real. La Carta Magna de 1215 fue reeditada varias veces. Y en 1225 se había convertido en algo más que una declaración formal del derecho consuetudinario: era un símbolo en la lucha contra la opresión del Poder Ejecutivo. Sus disposiciones estaban concebidas para impedir que el rey abusara de su poder y establecían límites a la autoridad real. Entre ellos, la capacidad para imponer impuestos.

La filosofía política que emana de dicha Carta Magna era bien conocida por la gente común, porque los tribunales de los condados de todo el país citaban sus frases más memorables, cada vez que la libertad individual parecía estar en peligro.

Por tanto, el parlamento como institución política, nació con la finalidad explícita de limitar el poder del Ejecutivo y defender las libertades y derechos del pueblo. Esa función primordial subsiste más allá del régimen de gobierno de una nación (monarquía constitucional, presidencialista o parlamentarista). De ahí el clamor de los colonos estadounidenses entre 1750 y 1760: “No hay impuestos sin representación” (No taxation without representation). Este fue el lema principal de las Trece Colonias contra Gran Bretaña y el inicio de la Guerra de Independencia.

Lo relevante a destacar, es que los parlamentos se originaron para defender las libertades de las personas y para impedir el abuso de poder del Ejecutivo mediante la imposición tributaria abusiva, que no guarde relación con los bienes públicos que ofrece (seguridad; jueces bien preparados, remunerados y probos; caminos y puentes; salud y educación para los pobres, etc.). 

En cambio, con el transcurrir del tiempo, los parlamentarios se han transformado en dispendiosos, gravando cualquier actividad de los privados que “se mueva”. De aquella función que les daría su razón de ser y que justificaría los privilegios de los cuales disfrutan, se han convertido, en general, en la amenaza más grande para las libertades y los derechos de los individuos. Además, con la excusa de una nueva noción de “justicia” — expresada mediante la fórmula “tratar diferente a los desiguales”— se sustituyó el viejo principio de igualdad ante la ley. 

En Derecho, Legislación y Libertad Frederich von Hayek presenta la visión opuesta. Es decir, aquella doctrina que históricamente hizo progresar a las naciones y difundió bienestar general. Hayek recalca que el avance de la Justicia (sí, con mayúscula) a lo largo del tiempo, se apoyó en que las leyes (normas de recto comportamiento) se establecen de modo abstracto, para que sean aplicables a cualquier miembro de la sociedad y no “en favor de las necesidades concretas de ciertos grupos particulares”. 

A nuestro entender, la noción de justicia (sí, con minúscula) que prevalece en la actualidad, donde los legisladores y el Ejecutivo otorgan innumerables prebendas y “privi -legios” (leyes privadas) a ciertos grupos de presión o empresas poderosas, es una de las causas más profundas del desencanto actual con la democracia. ¿Por qué? Porque por doquier el ciudadano común observa patentes injusticias al respecto que, por cierto, las paga el resto de la sociedad. 

A eso hay que agregarle lo que también destaca Hayek, en relación con lo que estamos alegando. Este autor observa que “en los países con una más larga experiencia de gobiernos representativos, las barreras tradicionales al uso arbitrario del poder fueron derribadas inicialmente por motivos completamente caritativos”. En consecuencia, se comenzó a tratar a las personas de modo “desigual” para tratar de “igualarlas” en lo material. El resultado ha sido que bajo la máscara de la denominada “justicia social”, se derrumbaron las barreras que protegían los derechos y libertades de las personas de la arbitrariedad gubernamental.

Ese grito de “justicia social” esconde una verdad inconveniente: la parte del león de ese uso de los dineros públicos, para supuestamente paliar la situación de los más desfavorecidos, se la queda el aparato estatal-burocrático y sus organizaciones o empresas compinches. Existen innumerables investigaciones al respecto. Entre ellas, la que menciona Agustín Iturralde con respeto a Uruguay.  Este autor señala que, dentro del entramado burocrático uruguayo, en la casi totalidad de las transferencias de dinero a los pobres, la mayor tajada se la quedan los sindicatos de empleados públicos, empresas que tienen convenios con el Estado, las ONG y equipos técnicos.

Es la aplicación política de lo que expresa la sabiduría popular: “el que parte y reparte se queda con la mejor parte”.

Por lo dicho, no es de extrañar que, como afirma Guedes, la “erosión democrática viene ligada a una crisis de representación política previa”. Es decir, con el malestar de los ciudadanos hacia la élite gobernante.

La perversión del rol de los parlamentarios consiste, en que ya no son el escudo que protege los derechos, las libertades y el dinero del hombre de a pie, sino que se han transformado en su mayor amenaza. La situación ha llegado a tal punto que se da la paradoja, de que no son pocos los Ejecutivos que deben ponerle coto a los desmanes de los parlamentarios. A nuestro entender, la raíz de esa deriva proviene de que la política, en vez de ser “representación temporal” de un ciudadano, ha mutado a una “profesión permanente”, que en muchos casos se transmite a los descendientes. En los lugares donde al votante se le presentan “listas sábanas” en las elecciones, como ocurre en casi toda Latinoamérica, el problema se agiganta. 

La “profesionalización” de la política ha llevado a que el “mundo” en que viven los parlamentarios sea completamente diferente al que habita el resto de los mortales. Sus problemas y preocupaciones van por carriles que no se tocan. Robert Michels —influyente politólogo y sociólogo alemán— sostiene que como consecuencia de que los líderes están en esa función por un largo período de tiempo, ese grupo se va transformando en una casta cerrada. Michels considera que la política en manos de un liderazgo profesional supone, el principio del fin de la democracia y del sistema representativo de gobierno. En esas condiciones, el único vestigio de soberanía que le queda a la masa de electores es, el derecho a elegir entre el “menú” que le ofrecen los propios políticos, quiénes los van a gobernar.

Por lo dicho, queda claro la íntima relación que existe entre la perversión paulatina que se ha producido en el rol bien entendido de los parlamentarios, y la erosión del apego hacia la democracia que manifiestan los ciudadanos.

Esperemos que no haga falta que sobrevengan nuevas dictaduras para que las naciones reaccionen y realicen las correcciones pertinentes en su andamiaje institucional.