La peor de las guerras
por Constantino Díaz-Durán
Constantino Daz-Durn es es editor de www.elcato.org y columnista del diario guatemalteco Siglo Veintiuno.
La Guerra Contra las Drogas es en la actualidad la mayor amenaza a los derechos del individuo; es inmoral, inútil y enriquece a unos cuantos a expensas del terror y la pobreza de muchos. Yo no soy y nunca he sido drogadicto; estoy consciente de lo dañinas que son las drogas para la salud de quien las consume, y no recomiendo su uso a nadie; sin embargo, la decisión es estrictamente personal y no es
función del Estado controlar lo que un hombre o una mujer libre haga con su cuerpo.
La Guerra Contra las Drogas es en la actualidad la mayor amenaza a los derechos del individuo; es inmoral, inútil y enriquece a unos cuantos a expensas del terror y la pobreza de muchos. Yo no soy y nunca he sido drogadicto; estoy consciente de lo dañinas que son las drogas para la salud de quien las consume, y no recomiendo su uso a nadie; sin embargo, la decisión es estrictamente personal y no es
función del Estado controlar lo que un hombre o una mujer libre haga con su cuerpo.
Los gobiernos se instauran entre las personas para garantizar la protección de sus derechos y para velar por el cumplimiento de los acuerdos (contratos) que realicen entre ellas, pero esta fuerza colectiva no debe poseer facultades que no poseen los individuos que la conforman y jamás debe atentar en contra de una de sus partes si ésta no ha sido quien inició la violencia.
Cuando una persona altera su sistema nervioso injiriendo un estupefaciente no viola los derechos de otros, por lo que el uso de la fuerza en su contra es injustificado. Si bajo los efectos de esa sustancia arremete contra otros, debe asumir la responsabilidad de su delito y enfrentar las consecuencias, pero no se justifica que se le castigue por la posibilidad de que inicie violencia.
Al otorgarle al Estado poderes ilegítimos, los ciudadanos se someten a la arbitrariedad y ponen en peligro sus potestades inalienables. A manera de ejemplo podemos citar lo ocurrido el martes 29 de enero en Guatemala, cuando un comando del Departamento de Operaciones Antinarcóticos (DOAN) irrumpió en pleno día, en la aldea Chocón, Izabal, disparando a diestra y siniestra. Los agentes mantuvieron como rehenes a los habitantes de dicha aldea durante tres días y allanaron sus viviendas, dejando como saldo dos personas muertas.
Esta es una clara violación, por parte Gobierno de Guatemala, de los derechos inalienables de los guatemaltecos a la vida, la libertad y la propiedad: fuerzas gubernamentales asesinaron, privaron injustamente de su libertad y saquearon las casas de quienes les delegaron el poder para hacerlo.
Un francotirador cobró la vida de Abinail Cerna Castañeda. Arita Peralta tuvo que alojarse durante tres días en casa de sus vecinos pues agentes del DOAN "entraron en [su] casa, revolvieron todo, se robaron cosas y hasta se quedaron cocinando", según declaró a la prensa guatemalteca. El rancho de José López Arriaza y su esposa, ambos de 98 años, fue invadido y al no encontrar drogas los villanos hurtaron unos focos que hallaron en la alacena.
Esto es inaceptable, sobre todo cuando el gobierno de Guatemala ha perdido su legitimidad al perder el apoyo y el respeto de la mayor parte de los ciudadanos y contribuyentes. El descontento entre los guatemaltecos es tal que desde junio del 2001 cientos de ciudadanos en distintos puntos de la república se visten de negro los días viernes para manifestar su luto por lo que consideran la muerte de su país. El escándalo más reciente involucra al Presidente y al Vicepresidente guatemaltecos así como al Secretario Privado del primero, y el rango de las acusaciones va desde la apropiación ilícita de fondos públicos hasta el lavado de dinero a través de la creación de empresas "fantasma" en Panamá.
La pobreza como consecuencia de la corrupción gubernamental, el abuso de poder, y la violación de los derechos individuales son algo más que une a los latinoamericanos, y la guerra contra las drogas es un arma más de los gobiernos para seguir oprimiendo a las mujeres y a los hombres productivos que podrían lograr que la región prospere. Sin embargo, insisto en que nuestro problema no es coyuntural sino institucional: debemos cambiar los sistemas que imperan en nuestras naciones para evitar los abusos de quienes haciendo gala de populismo y demagogia terminan siempre con las riendas de América Latina.
Debemos retomar nuestras responsabilidades para recuperar nuestras libertades, incluida la libertad de producir, comerciar y consumir narcóticos si así lo deseamos. Sentemos las bases necesarias para construir un Estado de Derecho, y usemos nuestros recursos para generar riqueza, no para perpetuar pobreza.